La administración de Donald Trump se encuentra en plenas negociaciones con la República Democrática del Congo (RDC) para formalizar un acuerdo que permita la recepción de migrantes de terceros países deportados desde Estados Unidos. Esta iniciativa forma parte de una estrategia de Washington para externalizar la presión migratoria de sus fronteras mediante expulsiones hacia el continente africano, sumándose a pactos similares ya establecidos con naciones como Ghana, Camerún, Guinea Ecuatorial y Eswatini.
Las conversaciones con el gobierno congoleño están vinculadas a intereses estratégicos más amplios, que incluyen la implementación de un acuerdo de paz con Ruanda y el aseguramiento del acceso estadounidense a minerales críticos presentes en territorio africano. No obstante, el plan ha generado una fuerte resistencia de organizaciones de derechos humanos, las cuales denuncian que estas medidas exponen a los deportados a riesgos de detención arbitraria, tortura y devoluciones forzadas a lugares donde sus vidas corren peligro.
Un informe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos reveló que, durante el último año, el gobierno federal ha destinado cerca de 40 millones de dólares para concretar la deportación de apenas 300 inmigrantes a terceros países bajo esta modalidad. Expertos internacionales cuestionan tanto la eficiencia económica del programa como su legalidad ética, instando a las naciones africanas a rechazar estos tratados que, según acusan, vulneran los estándares mínimos de protección a refugiados y perseguidos políticos. (NP-Gemini-La Tercera-Agencias)