La controversia por la aplicación de un arancel adicional de 12,5% por parte de Estados Unidos a un grupo de exportaciones chilenas sumó un nuevo capítulo luego de conocerse el contenido de un documento presentado por Fundación Libera ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), en el marco de una investigación sobre presuntas situaciones de trabajo forzoso en distintos países.

La discusión surgió después de que la presidenta y cofundadora de Fundación Libera, Carolina Rudnick, afirmara públicamente que la organización nunca buscó que Chile fuera objeto de sanciones comerciales. En diversas entrevistas sostuvo que el propósito de la presentación realizada ante las autoridades estadounidenses fue visibilizar eventuales vulneraciones laborales y promover cambios estructurales, descartando que la fundación impulsara la imposición de aranceles contra las exportaciones nacionales.

Sin embargo, un documento remitido el 14 de abril al USTR y firmado por Rudnick incorpora un apartado dedicado a las eventuales medidas comerciales que podrían adoptarse respecto de Chile. El escrito fue presentado en el contexto de una investigación iniciada por ese organismo estadounidense para evaluar la existencia de trabajo forzoso en las cadenas de producción de diversos países.

En el texto, la organización expone antecedentes sobre presuntas vulneraciones laborales en los sectores agroexportador y salmonero, incluyendo información sobre accidentes fatales, condiciones de trabajo, denuncias laborales y mecanismos de fiscalización. Asimismo, plantea que estas situaciones podrían afectar las condiciones de competencia en el comercio internacional.

Uno de los capítulos del documento está dedicado a las medidas que, a juicio de la fundación, podrían ser consideradas por las autoridades estadounidenses. Bajo el título “Medidas recomendadas: Aranceles y restricciones a la importación de productos chilenos”, se formulan propuestas dirigidas al USTR para enfrentar las prácticas denunciadas.

Entre las recomendaciones, Fundación Libera solicita que se evalúen acciones orientadas a fortalecer la legislación chilena en materia de trabajo forzoso, impulsar mecanismos de fiscalización más estrictos y establecer sanciones frente a eventuales incumplimientos. Además, insta a las autoridades estadounidenses a adoptar medidas que, según el documento, permitan abordar las situaciones denunciadas y fortalecer el cumplimiento de los estándares laborales internacionales.

La publicación del contenido del escrito generó cuestionamientos debido a que contrasta con las declaraciones posteriores de Rudnick, quien ha sostenido que durante las audiencias ante el USTR solicitó que no se aplicaran aranceles a Chile y que, en su lugar, se implementara un plan de reformas orientado a corregir las falencias detectadas. Hasta ahora, no existe información pública que permita establecer en qué medida los antecedentes aportados por la organización incidieron en la decisión final adoptada por las autoridades estadounidenses.

La investigación del USTR concluyó con la aplicación de un arancel adicional de 12,5% a determinadas exportaciones chilenas, entre ellas productos de la industria salmonera y frutícola. La medida ha motivado gestiones diplomáticas del Gobierno de Chile para revertir la decisión, mientras representantes del sector exportador han advertido sobre los efectos económicos que podría generar en la competitividad de los envíos nacionales hacia uno de sus principales mercados.