La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) incorporó a Chile dentro de un grupo de 54 economías investigadas en el marco de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. La medida se fundamenta en la evaluación de presuntas deficiencias en la implementación y aplicación de una prohibición efectiva a la importación de bienes elaborados mediante trabajo forzoso.
De acuerdo con la resolución emitida el 2 de junio, la autoridad estadounidense concluyó que estas prácticas generan efectos negativos sobre el comercio de Estados Unidos, al permitir que productos vinculados a trabajo forzoso compitan en condiciones que, según Washington, alteran el funcionamiento del mercado y afectan a productores que operan bajo estándares laborales formales.
En el apartado referido a Chile, la USTR sostuvo que el país no ha aplicado de manera efectiva una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso. Asimismo, determinó que las políticas y prácticas chilenas en esta materia son consideradas “irrazonables” y constituyen una carga o restricción para el comercio estadounidense.
Como consecuencia de esta conclusión, Chile podría quedar sujeto a las medidas comerciales propuestas por la USTR. Entre ellas figura la aplicación de aranceles adicionales a las exportaciones provenientes de las economías investigadas, salvo aquellas excepciones que sean definidas en el anexo correspondiente del aviso publicado en el Registro Federal.
La propuesta contempla un arancel adicional de 10% para las economías que cuentan con prohibiciones a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso o que han asumido compromisos en esa dirección. En el caso de los países que, según la evaluación estadounidense, presentan falencias en la imposición y cumplimiento de dichas medidas, la tasa propuesta asciende a 12,5%.
Consultado sobre la situación, el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, señaló que se trata de una recomendación de carácter no vinculante y aseguró que el país continuará las negociaciones con Estados Unidos, destacando la vigencia del Tratado de Libre Comercio y la existencia de una relación bilateral positiva.
El impacto definitivo para Chile dependerá de la resolución que adopte Washington una vez concluido el proceso de consulta pública. Los interesados podrán solicitar participar en las audiencias hasta el 22 de junio de 2026, mientras que los comentarios escritos serán recibidos hasta el 6 de julio. Las audiencias públicas sobre las medidas propuestas fueron programadas para el 7 de julio de 2026.
SALMONEROS Y FRUTEROS
Los principales gremios exportadores de salmón y fruta expresaron su preocupación por la propuesta de Estados Unidos de aplicar un arancel adicional de 12,5% a productos provenientes de diversas economías, incluido Chile. La medida surge en el contexto de una investigación impulsada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que cuestiona la efectividad de las prohibiciones sobre la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.
Desde SalmonChile, su presidente, Patricio Melero, sostuvo que la iniciativa genera inquietud para una actividad considerada estratégica para el desarrollo económico de las regiones del sur del país. El dirigente advirtió que un aumento de los gravámenes podría reducir la competitividad del sector y agravar los efectos derivados de las cargas arancelarias ya existentes.
El gremio salmonero informó además que participará activamente en las instancias contempladas dentro del proceso de consulta pública abierto por las autoridades estadounidenses. Su objetivo será presentar antecedentes sobre el funcionamiento de la industria, resaltando los estándares bajo los cuales opera y la relevancia del salmón chileno en el abastecimiento del mercado norteamericano.
Por su parte, el presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, llamó a observar el escenario con cautela, subrayando que la propuesta de la USTR corresponde por ahora a una recomendación sin carácter vinculante. En ese sentido, precisó que la iniciativa no implica una aplicación inmediata de nuevos aranceles ni modificaciones concretas en las condiciones comerciales vigentes.
El gremio frutícola señaló que continuará monitoreando el desarrollo del proceso junto a las autoridades nacionales y evaluará una eventual participación en la consulta pública para analizar los alcances de la medida. Asimismo, destacó que la propuesta no afecta exclusivamente a Chile, sino también a otras economías competidoras en el comercio internacional de frutas, entre ellas Perú y Nueva Zelanda.
Frutas de Chile enfatizó además que el país mantiene un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, instrumento que resguarda las condiciones de acceso al mercado estadounidense. En ese contexto, manifestó confianza en que el Gobierno utilizará los mecanismos de diálogo y negociación disponibles para resguardar los intereses comerciales nacionales.
