Estados Unidos anunció este lunes la cancelación o restricción de visas a 27 funcionarios, exfuncionarios y otras personas de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, además de familiares de algunos de ellos, en una medida que Washington vinculó a los compromisos asumidos en el denominado Escudo de las Américas.

El Departamento de Estado atribuyó las sanciones migratorias a acusaciones relacionadas con corrupción, narcotráfico o acciones que, según el gobierno estadounidense, afectan la institucionalidad democrática. Las imputaciones corresponden a señalamientos de la administración de Donald Trump y no implican, por sí mismas, condenas judiciales contra las personas afectadas.

Washington señaló que las decisiones forman parte de una estrategia destinada a enfrentar la corrupción y el tráfico de drogas en el continente. “Socavar a un gobierno elegido democráticamente es una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas y no será tolerado”, indicó el Departamento de Estado en el comunicado citado por la información disponible.

El anuncio se produjo después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, visitara durante septiembre Colombia, Ecuador y Perú. Durante esa gira, el jefe de la diplomacia estadounidense comprometió cooperación con esos países en materias como combate al narcotráfico y trata de personas.

Entre las personas mencionadas se encuentra el fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, junto con más de una veintena de fiscales y jueces de ese país. De acuerdo con la información entregada por Estados Unidos, 12 serían actuales titulares de visas estadounidenses y otros nueve quedarían impedidos de obtenerlas en caso de solicitarlas.

Washington acusa a Mariaca de haber utilizado cargos públicos para solicitar y recibir sobornos con el propósito de facilitar actividades vinculadas al narcotráfico y favorecer a personas relacionadas con delitos violentos. Mariaca fue elegido fiscal general en 2024 para un período de seis años y anteriormente ejerció funciones en Santa Cruz. En la nómina estadounidense también aparece el exministro de Justicia boliviano Iván Lima.

En Colombia, las medidas alcanzaron al empresario Euclides Antonio Torres Romero, vinculado a negocios en sectores como energía, señalización vial e iluminación pública, y a la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, relacionada con el Pacto Histórico y el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).

Respecto de Perú, Estados Unidos revocó las visas de Juan Carlos Núñez Matos, juez del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, y de integrantes de su familia, según los antecedentes difundidos.

La administración estadounidense también adoptó restricciones contra dos ciudadanos ecuatorianos y sus familiares. El material disponible no identifica a esas personas ni detalla las acusaciones específicas formuladas en su contra.

La decisión se enmarca en la política impulsada por la administración Trump a través del Escudo de las Américas, iniciativa que Washington relaciona con la cooperación regional en seguridad, combate al narcotráfico, corrupción y migración irregular.

Las revocaciones de visas constituyen una medida administrativa estadounidense que restringe la posibilidad de ingresar a ese país y son distintas de una condena penal. En los casos mencionados, las razones comunicadas corresponden a acusaciones y determinaciones formuladas por el Departamento de Estado. (NP-ChatGPT-La Tercera-Agencia)