La rotunda victoria de la opción “Rechazo” en el reciente plebiscito de ratificación de la propuesta de la Convención Constituyente de 2021 dejó de manifiesto la existencia de una extendida y profunda voluntad ciudadana de sostener ciertas bases históricas de la democracia chilena al costo de preferir mantener una Constitución que había sido vetada por el 78% de la población votante en la consulta de entrada al proceso en 2020, amén de ser majaderamente calificada de constitución de Pinochet o de la dictadura por quienes impulsaron el “Apruebo” durante la campaña previa a la consulta.

Y si bien aquella firme displicencia pudiera entenderse natural entre quienes sistemáticamente sufragan por candidatos de derecha o centro derecha y que, como se sabe, oscila en el orden del 40% del universo electoral activo, el 20% restante para completar el 62% que alcanzó la opción ganadora, solo se explica proveniente de sectores que en el pasado han votado por candidaturas de centro, centroizquierda o izquierda, pero que, a la luz de la propuesta de la Convención, optaron por arriesgar que su sufragio terminara por validar la carta vigente, antes de dar su aprobación a un nuevo contrato social cuyas normas alejaban al país de sus más hondas tradiciones institucionales.

El país a lo largo de su historia republicana ha mostrado una tendencia a su estructuración política en tres tercios, los que se acostumbran a denominar como de “izquierda”, “centro” y “derecha” y a definir su cualidad central desde posturas sobre el papel del Estado y los privados en la economía, la mayor inclinación por la igualdad o la libertad, el mayor o menor papel del mercado en la asignación de recursos, la mayor o menor carga burocrática y tributaria sobre las empresa y la protección del derecho de propiedad; y el mayor o menor papel de la sociedad civil en la gestión social de derechos, la innovación y gestión económica.

Asimismo, en materia político-institucional, los citados segmentos parecen definirse desde la mayor o menor intervención de las instituciones que conforman la democracia liberal básica y sus poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en la vida habitual de las personas, de manera que mientras unos prefieren un Estado que interviene normativamente en la organización social desde las propias bases hasta la estructura superior de la institucionalidad, otros buscan mayor independencia de los ciudadanos respecto de los poderes del Estado, confiando más en la gestión que aquellos pueden realzar de modo autónomo.

Y si bien es cierto, los resultados del reciente plebiscito no pueden asumirse como una victoria de la derecha o centroderecha y/o sus preferencias ideológicas, lo que es evidente es que sus resultados muestran una sociedad que no busca una refundación de las bases mismas de la democracia, como se ha entendido aquella en los últimos cien años, sino su ajuste a los tiempos o modernización -en el sentido etimológico de la palabra: “a la manera de hoy”- mediante un conjunto de reformas que han sido explicitadas hasta la saciedad por los diversos estudios de opinión, encuestas e investigaciones sociales, es decir, cambios que apunten a la mejora de sus sistemas de previsión social, de educación, salud y vivienda, al tiempo que, en lo político institucional, ajustes que equilibren el peso efectivo de los poderes tradicionales y el de las nuevas entidades contra mayoritarias que, en los hechos, protegen los derechos de las minorías, tales como el Tribunal Constitucional y el Banco Central autónomos.

De allí que resulta hasta sorprendente que tras el resultado del 4 de septiembre, sectores de las coaliciones de Gobierno que apoyaron e impulsaron con vigor y entusiasmo no solo la convención constitucional, sino la propuesta normativa que aquella redactó, no hayan tomado nota de las señales que envió la ciudadanía en el plebiscito de salida, y que, tras la contundente derrota,  tal como el propio Presidente pidiera, se insistiera en la continuación del objetivo de redactar una nueva constitución y, a mayor abundamiento, que aquella integre características y novedades que por su impacto en la edificación tradicional de las democracias liberales del mundo, pudieran hacer fracasar por segunda vez la eventual nueva proposición.

Desde luego, los sectores maximalistas de la coalición de izquierda oficialista han rechazado reiteradamente combinar la propuesta de un Estado social y democrático de derechos -generosamente acatado por la centroderecha que participa en la mesa de negociaciones de las bases institucionales del nuevo proceso- con ideas que más que responder a posturas ideológicas derivadas del llamado “neoliberalismo”, son parte del sentido común de los chilenos, como es que derechos constitucionales que quedarán seguramente consagrados en la nueva carta, puedan ser provistos no solo por el Estado como oferente central, sino también por la sociedad civil.

Surgen aquí áreas como la educación, cuya demanda puede atenderse a través del sistema de colegios subvencionados pagados, añadiendo los controles y fiscalización pertinentes en pos de la calidad y buen uso de los recursos públicos; o la previsión, mediante la mantención de la oferta privada de instituciones financieras reguladas que administren los fondos de retiro en los mercados nacional y mundiales; o la salud, mediante el uso de bonos universales para su uso en hospitales, clínicas, o aseguradoras privadas o estatales que ofrezcan planes alternativos y competitivos. Para que hablar de la vivienda en donde la provisión del sector privado para la construcción es indispensable en la medida que la formación de una empresa estatal constructora de vivienda -como la antigua Corvi- no solo importa un costo adicional para los contribuyentes, sino el desperdicio de infraestructura y capacidad profesional instalada que no se justifica ni económica, ni socialmente.

La ciudadanía chilena madura, consciente de los avances sociales, económicos y políticos conseguidos por el país en los últimos decenios, no está en la lucha por el poder que atañe a las elites de toda especie, sino en una batalla por su presente y futuro y una mejor vida para sí y los suyos. En ese proceso, esas mayorías silenciosas que dieron vuelta de campana el plebiscito de entrada y que pusieron en dudas la mayoría que dio por superada la constitución vigente, han operado sin criterios que pudieran calificarse de “izquierda”, “centro” o “derecha”, sino más bien con sentido común, con realismo y una correcta percepción de las necesidades más urgentes de las personas.

Por eso también, resulta difícil comprender el comportamiento del Gobierno y las elites partidistas que han puesto excesivo interés en su lucha por los reajustes del poder político, dejando sin las urgencias necesarias la tramitación de leyes que responden a las demandas más sentidas de la ciudadanía en materia de orden y seguridad pública; o sectores oficialistas que insisten en continuar con la tramitación de reformas, como la tributaria o previsional, como si en el escenario político nada hubiera pasado, sin considerar la especial situación económica y el desate inflacionario que vive Chile y el mundo, que no solo recomienda revisar los postulados que las fundamentaron con miras a un cambio estructural, sino que también en los efectos que tanto ese fenómeno, como reformas demasiado audaces tienen sobre los sectores más vulnerables de la población en materia de capacidad adquisitiva y empleo.

La porfía en sostener ciertas convicciones de política social que inciden en la política económica puede significar no solo disminuir el ritmo de crecimiento del país, si es que la inversión se paraliza por el exceso de optimismo gubernamental en la justeza y cualidad técnica que tendrían las decisiones de política adoptadas en diversas áreas de pertinencia económica, como medioambiente, salariales, tributarias y la ampliación de la influencia burocrática del Estado en la gestión emprendedora y empresarial, sino que, además, profundizar la recesión prevista para 2023 -no obstante el millón de visitantes que se espera para los Juegos Panamericanos de octubre- con todos sus efectos en la desocupación y quiebra de pequeñas y medianas empresas.

El sentido común ciudadano debe ser la guía que conduce la polémica de la mesa que discurre sobre las bases institucionales que los partidos políticos representados en el parlamento analizan para servir de riel sobre el cual los nuevos constituyentes desarrollarán los contenidos que podría tener una nueva carta. Una que, respetando las tradiciones que sustenta la nacionalidad e identidad de los ciudadanos chilenos, la proyecte hacia un futuro de progreso, libertades, de derechos y deberes. De ser así, los partidos políticos y el Congreso podrían recuperar el prestigio perdido en función de su anterior desidia para con la vida diaria de sus representados, así como sanar de su autoflagelo que les impidió, siquiera, asumir el papel de órgano constituyente cuando en el 2021 terminaron por trasladar esa tarea a una convención.

Talvez, la emergencia de nuevas colectividades políticas, menos signadas por sus posiciones ideológicas a la “izquierda”, “centro” o “derecha” contribuya en el proceso de relegitimación del orden partidista nacional que exige, como el resto de las instituciones, una profunda renovación política, que aporte realmente al “orden de la polis” con nuevas ideas y nuevos instrumentales derivados de las tecnologías presentes; y moral, que recupere las prácticas que posibilitan una mejor y más armónica convivencia, tales como tratar a los demás como cada quien quiere que lo traten, respetar la palabra dada, cumplir los compromisos, pagar las deudas, trabajar duro y respetar las leyes y a la autoridad.

Conseguir converger en el croquis básico del Estado que Chile requiere para esta nueva fase republicana es una tarea en la que el parlamento y sus partidos no pueden fallar, en la medida que, de su eficacia institucional, depende la estabilidad del resto de los sistemas que conforman la vida diaria de un país y que siguen a la espera de que, en su papel de representantes de la ciudadanía, dicten las normas, reglas y conductas exigibles a los ciudadanos que habitan el territorio, para terminar con las incertidumbres presentes y volver a hacer de Chile aquella nación próspera, pacífica, segura, respetuosa de las leyes y los compromisos, progresista y libertaria que hasta la fase anterior había ganado un justo puesto de honor entre las naciones. (NP)