Editorial NP: ¡Viva la democracia!

Editorial NP: ¡Viva la democracia!

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El primer ministro inglés Winston S. Churchill afirmaba que “la democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre, con excepción de todos los demás”, una ingeniosa y circunlóquica manera de reconocer los múltiples defectos que la acompañan en su desenvolvimiento, pero, al mismo tiempo, de valorar su obvia superioridad respecto de cualquier otro modelo de organización política, si es que lo que se busca es proteger la libertad e igualdad ante la ley de las personas que la conforman.

Muchos de quienes la denostan, empero, le han añadido el adjetivo de “burguesa”, un modo no solo de diferenciarla de la originaria griega, caracterizada por sus limitaciones de participación de la plebe y privilegios patricios en la toma de decisiones sobre el destino de la polis, sino de valorar su contraposición con el concepto de tiranía monárquica. Asimismo, merced a su tendencia básica hacia la ampliación del ámbito de incumbentes en la toma de decisiones, también le han agregado el apellido de “popular”, juego semántico que, mediante la superlativización del atributo (“gobierno del pueblo popular”) busca legitimar el retroceso autoritario que las corrientes ideológicas socialistas-comunistas han buscado imponer mediante términos más francos como “dictadura del proletariado” o más edulcorados, como “centralismo democrático” del Estado-nación.

Pero tras la abrupta caída de las experiencias democrático populares de las repúblicas socialistas-comunistas de Europa del Este, la buena reputación de las democracias liberales es de tal entidad que su uso sustantivo es casi obligado si se requiere legitimidad y gobernanza y, por lo tanto, han surgido otra serie de adjetivos para describirlas, reconociendo así sus diversos tipos, en la medida que, pese a la subsistencia de rezagos monárquicos en algunas de ellas, así como del surgimiento de gobiernos teocráticos en otras, todas y cada una prefieren definirse a sí mismas como “democracias”.

En términos absolutos, por cierto, siguiendo su definición a partir de su raíz etimológica como “gobierno del pueblo”, pareciera, a simple vista, que no existieran democracias, en sentido estricto, en ningún área del mundo que no fuera en algunas ignotas tribus o clanes remotos en los que las decisiones del grupo se adoptarían por el conjunto de sus integrantes, sin exclusiones, lo cual, en todo caso, no asegura la inexistencia de otro tipo de liderazgos autoritarios, tiránicos y patriarcales en pueblos originarios de larga data en los que ni siquiera la humilde participación a través del voto de aprobación era o es posible.

Por cierto, el ideal etimológico se refiere a experiencias de grupos pequeños, casi familiares o ciudades-estado no mayores de 100 mil habitantes, como dijera Aristóteles. Algo similar a lo que ocurre en otros diversos tipos de organización humana de conjuntos menores de personas, aunque, así y todo, unos más autoritarios y verticales que otros, más democráticos y horizontales. Es decir, esa eterna antinomia Atenas-Esparta. De allí, pues, la necesidad del cada vez mayor uso sociológico y político de apellidos para las democracias actuales, entre ellos, iliberales, autoritarias, sociales o populares.

Pero ¿Qué define entonces, en general, a una democracia?

En primer lugar, cabe recordar que la idea de democracia está íntimamente ligada a la de “gobernar” -cuya raíz etimológica define el acto de “capitanear un barco”- metáfora que resalta la necesidad de dirigir un cierto contenedor que llegue a destino sus contenidos sin naufragar. En el caso de grupos humanos grandes, como los Estados modernos, si han de actuar organizada y coordinadamente, el “barco” o contenedor estaría conformado por el conjunto de instituciones y orgánicas que, suscritas por sus ciudadanos a modo de un contrato social de convivencia, conforman la estructura de una ciudad-Estado-nación y que, a la manera de un barco, exige de dirección para alcanzar los puertos de vida plena y feliz de todos quienes navegan en él. Para tales efectos, se requiere, entonces, de poder, sea propio o delegado, es decir, de la capacidad para que otros hagan lo que quien dirige, decide.

Pero tanto el barco como el Estado pueden ser conducido por una sola persona, por varias o por muchas. El propio Aristóteles dedujo que una polis, una ciudad-Estado, podía ser dirigida por una sola persona o monarca; por un grupo de “los mejores” o aristocracia; o por muchos, el demos, plebe (de donde proviene plebiscito) o pueblo.

En los dos primeros sistemas la condición jerárquico-elitaria del poder de conducción es evidente, aunque si su mando llevara a los habitantes de la ciudad hacia una vida mejor, aquel Estado, pensaba Aristóteles, puede llegar a puerto. De allí que, para el pensador griego, la preocupación respecto de esos gobiernos no era propiamente su conformación, sino la eventual corrupción de sus protagonistas, la que, en el caso del monarca, siendo hombre sin principios, podía mutar en tiranía; la de la aristocracia, transformarse en oligarquía (o plutocracia) o en el caso del gobierno de la plebe o democracia, la amenaza prevista era (y es) la demagogia practicada por sus representantes en los centros de poder institucional.

Parece innecesario describir aquí una historia tan abundantemente plagada de ejemplos monárquicos y de tiranos; de noblezas aristocráticas, oligarquías y plutocracias; de democracias populares, autoritarias y demagogos, en fin, de gobiernos de toda especie que se corrompieron por el poder del que se hicieron pacífica o violentamente y cuyo ejercicio sin contrapartes desvió al Estado del propósito de guiar a sus súbditos hacia una vida más plena y feliz. Tal vez sea esa constatación que explique, por lo demás, la tendencia liberal a limitar la presencia del Estado en la vida de las personas, así como la ensoñación anarquista y comunista de avanzar hacia una supuesta sociedad sin Estado.

Dado que la evidencia histórico social muestra que el poder sin contrapesos es la principal causa del extravío y corrupción política, las democracias surgidas en el siglo XVIII y XIX pusieron énfasis en detectar y disminuir las causas que promueven o posibilitan la acumulación indebida de poder, en el entendido que, de una parte, su uso para conducir es inevitable, pero de otra, los privilegios que el poder implica resultan irresistibles para la mayoría de las personas, generándoles adicción. Particularmente, cuando el gobierno recae en una sola persona o un pequeño grupo sin antagonistas, ejemplos de los cuales aún subsisten.

Por eso las verdaderas democracias se reconocen por al menos cinco factores: a) todos están bajo el imperio de la ley y nadie por sobre ella en el entendido que aquella protege los derechos humanos y libertades de todos; b) el sistema otorga libertades para que sus ciudadanos piensen, diseñen, promuevan y realicen todas aquellas actividades que no estén expresamente prohibidas por el convenio social; c) el poder político está dividido en al menos tres funciones: el ejecutivo o administrativo, el legislativo y el judicial, todos autónomos e independientes de los otros; d) estos poderes se renuevan periódicamente, en especial el Ejecutivo y Legislativo, posibilitando la alternancia de grupos diversos en la conducción del Estado y; e) exclusión de la violencia como medio de resolución de controversias entre ciudadanos y uso exclusivo de la fuerza por parte del Estado a través de una policía que arbitra la paz y el orden ajustada a leyes dictadas por el poder legislativo y ejecutivo y aplicadas por el judicial.

Bajo tales prismas se puede constatar que muchas naciones que hoy se declaran democráticas, no lo son, o lo son de modo embrionario, en la medida que, si bien presentan división de poderes y cuentan con marcos constitucionales bajo los cuales sus autoridades operan, en los hechos no otorgan libertades plenas a sus ciudadanos; sus líderes ejecutivos tienden a cooptar las decisiones de los otros poderes y buscan mantenerse en el poder más allá de sus períodos constitucionales, impidiendo la alternancia. Así, la conducción termina siendo nuevamente monárquica o pseudo aristocrática, fungida por un líder que conduce un partido único servicial y obediente a sus deseos o en simulada competencia con colectivos títeres que otorgan la ilusión de pluralidad. Al tiempo que, en su gestión aplican sistemáticamente violencia coercitiva, expresa o subsumida, en contra de ciudadanos que manifiestan ideas opuestas a las determinadas por quienes dirigen el Estado.

Entre estas últimas, las democracias populares, naturales herederas del mercantilismo monárquico de los siglos XVI y XVII en tanto el manejo de una economía cerrada con comercio y producción reglado por el Estado para «mayor grandeza nacional», no solo invaden los espacios de las iniciativas de la sociedad civil mediante normativas que prohíben, impiden o entorpecen el libre intercambio habitual de bienes y servicios, sino que se apropian de su administración y decisiones económicas -y luego sociales y culturales- que corresponden a la ciudadanía, reemplazándola, en función de una supuesta equidad en la distribución de los bienes producidos o «la grandeza del reino».

Como se sabe, en la raíz del problema está el hecho que ese proyecto socialista-comunista busca substituir, desde el arbitrio del poder político, el poder que emana del dinero encarnado por las “burguesías” capitalistas y se expresa en ese “injusto mercado” que la permuta múltiple, libre y abierta entre ciudadanos hace posible. La política, desde el poder soberano del Estado, limita así la creatividad de las personas y su iniciativa particular e intenta, mediante permanente imposición de controles, altos tributos o, derechamente, la expropiación de los medios de producción existentes, instalar una justicia arbitraria que, usando los medios expoliados, termina por traspasar todo el poder de decisión político, económico y social a manos de quienes conducen el Estado.

Las democracias iliberales o autoritarias, por su parte, si bien posibilitan mayor libertad de gestión e iniciativa económica e intercambios entre sus ciudadanos, establecen un severo control político en contra de eventuales oposiciones organizadas o emergentes que desafíen al grupo de poder estatal instalado, limitando así libertades como las de opinión, expresión o información, que, en definitiva, culminan en las de consciencia y pensamiento, confinando la creatividad y eventuales nuevas ideas y progreso.

En conclusión, la democracia liberal podrá ser “el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre”, aunque, a la luz de la historia, cada vez resulte más claro que es “con excepción de todos los demás”. Es de esperar que, en el proceso de discusión del nuevo contrato social en marcha, las tradiciones democráticas culturales autoritarias, populares e iliberales -sin siquiera considerar las totalitarias- presentes en parte de los convencionales electos, no terminen repitiendo los errores de navegación que nos retrotraigan a puertos que ya el país había dejado atrás y respecto de los cuales la evidencia muestra que fue, precisamente, esa incidencia desproporcionada de la política en las muy personales decisiones de proyectos de vida de cada quien en materia económica, social y cultural, la que derivó en las rutas que casi hicieron naufragar al barco. (NP)

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