La trágica muerte de una inspectora en un colegio de Calama, junto a los recientes episodios de violencia escolar en Ñuñoa y en el sur del país, han vuelto a instalar una pregunta incómoda pero ineludible: ¿qué debe hacer el Estado cuando la violencia irrumpe en espacios que debieran ser de protección y formación?

En el debate público se ha vuelto frecuente una forma de objeción que, bajo apariencia de profundidad, termina paralizando la acción. Se trata de aquella que desestima medidas concretas por considerarlas “insuficientes” o “meramente paliativas”, apelando a que el problema es “estructural” y requiere soluciones de fondo. Así, se rechaza el control de mochilas porque la violencia “está en la sociedad”; se descarta el aumento de penas porque “el problema está en el hogar”; se cuestiona la intervención policial porque “todo responde a desigualdades más profundas”.

El problema de este razonamiento no es que sea falso en su diagnóstico de fondo —nadie puede negar que existen causas estructurales en la violencia juvenil—, sino que, en la práctica, conduce a una conclusión peligrosa: la inacción. Porque mientras se invoca una transformación global de la familia, la cultura o el modelo social, no se adoptan ni medidas de contención inmediatas ni políticas de largo plazo que, siendo imperfectas, puedan mitigar el daño.

El Estado, sin embargo, no tiene el lujo de la espera. Gobierna en el tiempo presente, bajo marcos legales definidos y frente a urgencias concretas. Su deber es proteger a las personas hoy, no en un horizonte ideal donde las causas estructurales hayan sido completamente resueltas. La política pública no puede reducirse a una dicotomía entre lo “profundo” y lo “superficial”: debe operar simultáneamente en ambos planos.

En materia de violencia escolar, ello implica asumir con realismo que medidas como el control de acceso, los detectores de metales, el fortalecimiento de la autoridad docente, la intervención temprana en estudiantes con conductas disruptivas o el apoyo clínico en salud mental no resuelven por sí solas el problema. Pero también implica reconocer que su ausencia deja a comunidades educativas enteras en una vulnerabilidad inaceptable.

Negarse a implementar estas herramientas por no atacar la raíz última del fenómeno equivale, en los hechos, a renunciar a proteger a víctimas potenciales. Es una forma de purismo que termina siendo funcional a la perpetuación del problema.

Al mismo tiempo, sería un error simétrico creer que la respuesta puede agotarse en la dimensión punitiva o de control. La violencia juvenil tiene componentes familiares, culturales y sociales evidentes: jornadas laborales extensas que debilitan la supervisión parental, entornos de alta presión y consumo, fragmentación de la vida comunitaria, exposición temprana a contenidos violentos y la consolidación de subculturas donde la agresión se convierte en mecanismo de validación.

Pero precisamente por esa complejidad, la respuesta debe ser integral y no excluyente. Se requiere fortalecer la familia, sí; mejorar las condiciones laborales, también; ampliar el acceso a salud mental infanto-juvenil, sin duda. Sin embargo, nada de ello es incompatible con adoptar medidas inmediatas de resguardo en colegios ni con reforzar las capacidades del sistema para enfrentar conductas violentas.

La experiencia reciente muestra, además, los riesgos de un enfoque que, en nombre de la ampliación de derechos, termina debilitando las herramientas de control legítimo del Estado. Cuando las instituciones encargadas de la seguridad ven restringida su capacidad de acción sin que existan alternativas eficaces, el resultado no es una sociedad más justa, sino una más expuesta.

La muerte de una trabajadora de la educación no puede ser interpretada solo como un síntoma de un problema estructural. Es, ante todo, una tragedia concreta que interpela la responsabilidad inmediata de las autoridades. Cada día sin acción efectiva es un día en que se normaliza lo inaceptable.

El desafío, entonces, no es elegir entre medidas de fondo o paliativas, sino abandonar esa falsa disyuntiva. Gobernar exige hacer ambas cosas: contener la emergencia y transformar las condiciones que la originan. Lo contrario —la descalificación sistemática de toda medida concreta en nombre de un ideal inalcanzable— no es profundidad analítica, sino evasión de responsabilidad.

En tiempos de creciente violencia, el país necesita menos retórica maximalista y más decisiones prudentes, firmes y oportunas. Porque mientras se discute el origen último del problema, la violencia avanza. (NP)