La reciente captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas armadas y policiales de Estados Unidos ha sacudido un principio central del orden internacional: la soberanía de los Estados. Pero también desnuda una pregunta más incómoda y probablemente más urgente: ¿Quién impone hoy el orden mundial cuando el poder político comienza a ser capturado por estructuras criminales transnacionales y el propio Estado liberal con sus poderes opera en función de los intereses de un grupo criminal?
En efecto, la ilegitimidad del gobierno de Maduro y su entorno no solo fue claramente puesta a prueba democrática en las urnas por una ciudadanía ya harta de soportar un mal gobierno que no da seguridad, ni crecimiento económico, que persigue a sus opositores, encarcela periodistas, que ha restado libertades de asociación, reunión, elección, información y opinión y que asesina a quienes se atreven a desafiar su poder. También, mediante la toma paciente pero persistente de control del conjunto de las instituciones desarrolladas por las democracias liberales, ha cooptado esos órganos creados para proteger a la ciudadanía de los abusos del Estado, y los ha transformado en entidades al servicio de los intereses del dictador. Para mayor infamia, Maduro es acusado por la justicia de Estados Unidos de ser líder de una banda transnacional de narcotráfico cuyo poder de distribución ha inundado las calles de centenares de ciudades de América y Europa, enfermando a millones de personas, mientras sus huestes criminales chantajean, secuestran y amenazan el buen vivir de poblaciones completas.
No estamos, pues, ante un dilema abstracto. El siglo XXI ha visto emerger líderes y regímenes cuya capacidad de permanencia no se explica por su legitimidad democrática, sino por un financiamiento cuasi ilimitado proveniente del narcotráfico, tráfico de armas y de personas. Estas economías ilícitas no solo corrompen fronteras, sino que erosionan instituciones, compran lealtades políticas y someten a pueblos enteros mediante la fuerza bruta, muchas veces controlando fuerzas armadas y aparatos de seguridad e inteligencia de los propios Estados. Formulan, además, asociaciones multinacionales con objetivos geopolíticos que apuntan al potenciamiento de su poder político militar que les permita actuar con independencia respecto de otros grupos de poder dominantes con los que compiten por la hegemonía en diversas regiones del globo.
Frente a este fenómeno, la comunidad civil internacional aparece desarmada. Luchar contra un crimen organizado que actúa sin más limitaciones que la pulsión del delincuente, oponiendo fuerzas limitadas por leyes que protegen la integridad de la persona humana -incluida la de aquella que delinque y que usa con maestría a expertos abogados en su defensa judicial-, otorga al delito una enorme ventaja que se multiplica cuando el crimen toma posiciones de poder e influye al propio Estado, al que corrompe y hace funcionar de acuerdo a sus intereses gracias a la inmensidad de recursos financieros, sociales y políticos que ha reunido.
En este nuevo marco de realidades, ingratamente Naciones Unidas, concebida después de la II Guerra Mundial como garante del orden y la paz, se ha mostrado incapaz de actuar cuando uno de sus Estados miembros es acusado de transformarse en un Estado-criminal. El derecho a veto, las alianzas geopolíticas y el temor a sentar precedentes paralizan cualquier respuesta efectiva, oportuna y justa. Los juicios contra criminales de Estado en la Europa de post guerra son una muestra de lo que puede demorar el derecho internacional en ofrecer justicia. La ONU puede administrar crisis, pero difícilmente impone orden cuando el desorden es funcional a algunos de los grupos de potencias dominantes o a los grupos de poder que luchan por la hegemonía.
Luego, si no es el órgano multilateral el que puede imponer el derecho en las relaciones internacional, entonces ¿quién? ¿Las grandes potencias actuando unilateralmente?
Estados Unidos, China, Rusia o Europa operando como “poderes puros” no parecen una solución elegante, aunque, como es obvio, esto exija igual de cierta convergencia mínima de los señores de la guerra para aplicar y sostener acciones punitivas en contra de dictadores, líderes o potencias díscolas, cuestión que tiende a extender ad infinitum las soluciones de fondo a las rupturas democráticas y pérdida de libertades y derechos en diversos países del orbe.
Desde la Realpolitik, la acción individual de las potencias en sus áreas de influencia es quizá, la única respuesta que hoy se tiene a mano para mantener vínculos transnacionales con mínimas certezas de juego limpio, confianza y certidumbre de que lo que se acuerda entre las naciones, se cumplirá. La historia muestra que, cuando las agrupaciones ciudadanas tradicionales estructuradas en partidos políticos representantes de un orden en proceso de mutación, pierden influencia social y el crimen captura partes del Estado o la ciudad, las salidas institucionales se hacen muy difíciles e inciertas. Las elecciones dejan así de ser una herramienta posible y, al revés, se convierten en una amenaza para quien controla el poder, estimulando actitudes dictatoriales, tal como pudimos ver en el caso de Venezuela.
En ese contexto, el rechazo del presidente chileno a la captura del dictador venezolano y su advertencia de que “hoy es Venezuela, mañana puede ser cualquier país” no solo apunta al hecho de que habría una potencia desbocada haciendo lo que quiere gracias a su poder militar y que, la acción de EE.UU. no tendría causas objetivas que la justificaran al punto que «mañana puede ser cualquier país». Tal mirada -aparte de ser una simplificación amateur- no refleja la profunda complejidad de la decisión norteamericana tanto en sus causas como en sus efectos internos e internacionales, ni menos alguna empatía por el pueblo venezolano víctima de esa dictadura, parte relevante del cual sufre en Chile las consecuencias de un gobierno que criminalizado decidió usar el poder como herramienta de dominación y no de servicio a su pueblo.
No se trata, empero, de justificar intervenciones indiscriminadas, sino de reconocer que la criminalización del poder político no es un fenómeno aislado ni ideológico, sino parte de un proceso acarreado por la modernidad, que es estructural y expansivo y que debe ser encarado con nuevas formas de operar el poder y no simplemente con el arsenal ideológico de siglos pasados.
¿Tiene Estados Unidos o cualquier estado potencia derecho judicial a capturar a un líder en territorio extranjero? El derecho internacional responde con ambigüedad. Formalmente, no. Pero en la práctica, la historia muestra excepciones reiteradas en este sentido. Chile mismo tiene experiencias en la materia, e Israel lo ha hecho persiguiendo criminales de guerra que atentaron contra ese pueblo en Europa y contra terroristas árabes que se oponen a la existencia misma de Israel. Otros Estados han actuado extraterritorialmente cuando consideraron que no existía otra vía para hacer justicia. La pregunta de fondo no es, entonces, propiamente jurídica, sino moral y política: ¿es aceptable que un mandatario acusado de dirigir redes criminales internacionales goce de inmunidad absoluta solo por haber llegado a ostentar un cargo político?
Más inquietante aún parece ser aceptar que un presidente acusado de narcotráfico pueda corromper a dirigentes políticos y gobiernos de la región y otros continentes, financiar violencia más allá de sus fronteras y, llegado el momento, desconocer una derrota electoral sin que su ciudadanía tenga herramientas reales para defender su voluntad expresa.
Chile conoce, desde su propia historia regional, que la política exterior no siempre se ha movido por principios pulcros o siguiendo estrictamente las reglas del derecho. Quienes lo exigen sin observar contextos, seguramente no tienen ni han tenido poder político alguno o provienen de la academia, la teoría, el mundo de la especulación artística o filosófica. Nadie debiera fingir inocencia absoluta en un sistema internacional donde el poder -legítimo o criminal- actúa sin tolerar vacíos.
Quizás la conclusión sea incómoda pero inevitable: frente al poder crudo y rudo de la delincuencia organizada transnacional con poder creciente, no hay hoy una respuesta en derecho blanda y eficaz, ni nacional, ni internacionalmente. Cuando la voluntad de un pueblo es aplastada por la violencia institucionalizada del crimen instalado en el Estado, solo un contrapoder igualmente duro puede restablecer condiciones mínimas de libertad y democracia para el conjunto de los ciudadanos y es, por lo demás, lo que históricamente han hecho los países democráticos enfrentados al peligro del totalitarismo político o criminal.
No es esta una defensa del unilateralismo, de apoyo a un poder militar único incontrarrestable, discrecional y arbitrario, sino de un reconocimiento de una realidad peligrosa para todo ciudadano decente que en democracia se obliga a cumplir las normas de convivencia civilizada acordadas por el conjunto social: el mundo, la ciencia social o la política aún no construyen un mecanismo legítimo y eficaz para enfrentar democráticamente y en derecho a Estados capturados por el crimen. Hasta que eso ocurra, el debate no es, pues, entre legalidad perfecta e ilegalidad absoluta, sino entre actuar imperfectamente o resignarse a que la ley del narcotráfico, del crimen organizado, el totalitarismo y la inseguridad social permanente se transformen en el nuevo orden mundial. (NP)
