Las malas pensiones “no son culpa de las AFP’s” dijo recientemente un directivo de la industria provocando molestia entre quienes han hecho de la destrucción del sistema un programa político, pero que, en el caso de aquel gerente, seguramente tuvo a la vista en el subtexto de sus dichos los resultados globales del modelo y según los cuales de cada 100 pesos existentes en el fondo de retiro de cada cotizante, 70 pesos son utilidades conseguidas por la administración financiera que han realizado esas instituciones.
Demás parece señalar que la sustantiva producción de valor materializada por las AFP’s en los mercados nacional e internacionales en los últimos 40 años mejora proporcionalmente las ganancias brutas expresadas por ese mismo porcentaje, dependiendo del monto de capital trabajado, razón por la que, a mayor ahorro previsional, aquel 70 por ciento promedio de utilidades producido implicará una mayor o menor pensión a recibir, que permite comparar y evaluar con justeza la gestión de esas entidades.
Desde luego, no es culpa de las AFP’s que los sueldos en Chile sean comparativamente bajos respecto de economías con las que nos gusta cotejarnos a la hora de sus derechos, confort y estándar de vida, sino a una mediocre o estancada productividad, tasa de inversión, desarrollo de ciencia y tecnología, así como baja innovación que, finalmente, impide aumentos de utilidades a la mayoría de las empresas medianas y pequeñas del país y, por consiguiente, alzas de sueldos sustentables que dinamicen el consumo y actividad, es decir, que logren un mayor y más rápido crecimiento.
Tampoco es culpa de las AFP’s las lagunas previsionales producidas por similares razones de estancamiento, informalidad o por cuestiones de género y maternidad que tienden a desmejorar la posición laboral competitiva de las mujeres. En ambos casos, la voluntad política de buscar o no soluciones que faciliten el crecimiento económico e incentiven mayor empleo y consumo, depende de decisiones políticas cuya responsabilidad comparten el Ejecutivo y el Legislativo.
Pero tras más más de nueve meses desde el ingreso del proyecto de reforma de pensiones patrocinado por el Gobierno, hay pocos avances, no obstante la necesidad de abordar el tema de las malas pensiones que, como se recordará, fue uno de los principales slogans de la masiva marcha del 25 de octubre de 2019.
Las dificultades para converger surgen de una sobre ideologización del problema, pues, aprovechando los errores de la clase política parlamentaria, gubernamental y las propias AFP, se utilizaron las debilidades surgidas de no realizar a tiempo las reformas para aumentar los volúmenes de ahorro individual, mediante alzas de cotizaciones, ni mejoró los seguros de cesantía dispuestos al efecto, cuando hace ya 20 años, era claro que los mercados financieros no seguirían produciendo las tasas de rentabilidad anual como las que el sistema tuvo entre los 80 y el 2000 y que luego fuera remachado por la crisis subprime.
La solución de izquierda ante este desajuste -que hoy se aborda en forma de emergencia- ha sido “eliminar las AFP (No+AFP)” y no alentar mejoras a su gestión mediante mecanismos de ajustes para una mayor eficiencia que permita aumentar sustantivamente las pensiones actuales y futuras. Tal es, por lo demás, lo que la mayoría ciudadana pide, pues, como se ha visto, tras la puesta en marcha de la Pensión Garantizada Universal (PGU), los desfiles organizados por el movimiento social anti AFP se han reducido, a la espera que la política converja en soluciones moderadas e intermedias que mejoren las jubilaciones, sin destruir instituciones que el país desarrolló durante 40 años.
Desde luego, la prioridad de la reforma debe ser elevar las pensiones, para lo cual se observa una extensa convergencia en la necesidad de aumentar las cotizaciones en al menos 6%, de manera de incrementar el ahorro previsional individual frente a menos posibilidades de mejorar financieramente esos patrimonios al ritmo de los 80-2000, dadas tasas de interés en descenso y economía mundial ralentizada. Aumentar la edad de jubilación y disminuir los períodos sin cotizaciones son, además, dos temas claves de abordar.
Se trata, pues, de acercar el ahorro previsional al que los trabajadores realizaban en los ‘70 en las llamadas Cajas de Previsión y que, como se sabe, alcanzaba al 20% del sueldo. Como las remuneraciones, al igual que antes, son bajas para más del 70% de los cotizantes (menos de $600 mil, INE), esta alza debe realizarse en un plazo de entre 6 a 12 años, de modo de sostener una disponibilidad liquida que no afecte el consumo. Como es obvio, y así lo percibe la mayoría ciudadana, para que la propia jubilación crezca, el citado aumento de la cotización debe ir en su mayor parte a la cuenta individual, sino en su totalidad, al tiempo que un porcentaje menor pudiera desplazarse hacia un fondo común que permita recursos para aumentar la PGU o “Pilar Solidario” a un mínimo de $250 mil, más el aporte de impuestos generales que este item requiere.
Desde luego, aumentar la competencia en el mercado previsional incrementaría el monto de las pensiones al obligar a los actores a ofrecer la administración de fondos a comisiones más bajas, y abriendo espacio al aumento de la rentabilidad del fondo previsional individual. Entre tales nuevos actores puede autorizarse legalmente uno de carácter estatal para así dar cuenta de exigencias de sectores minoritarios que rechazan que su cotización obligatoria para jubilar sea manejada “por empresas privadas que lucran de un derecho”. Sin embargo, el nuevo instrumento debe operar con las mismas reglas del juego que los privados para no romper el principio de igualdad ante la ley, ni menos generar privilegios a través de legislación ad hoc.
Autorizadas nuevas agencias de operación de fondos en el sector -todas sociedades de dedicación exclusiva para no tentar créditos o transferencias entre firmas coligadas- separar la gestión de cuentas, de las de administración de fondos, se hace, empero, altamente complejo, actúa en sentido contrario a aumentar la competencia y solo resulta comprensible si se quiere conjugar el modelo con la idea -al parecer aún no abandonada por el oficialismo- de las “cuentas nocionales”, pues, desde la perspectiva del costo, el valor actual ofrecido por las entidades privadas a este efecto, es relativamente bajo en comparación con el mercado mundial.
Las brechas entre mujeres y hombres no pueden ser más injustas si es que, como se comprueba, las lagunas de maternidad son uno de los factores gravitantes en la desigualdad de producción de fondos de hombres y mujeres. Tal como en el caso de la PGU, una solución es un factor de solidaridad intra generacional, en la que parte de la cotización de los hombres se desvía, según sus más o menos años de cotización, a las cuentas individuales de las mujeres, así como también diferenciando el bono previsional de nacimiento entre niños hombres y mujeres, favoreciendo el de estas últimas en un porcentaje similar a la brecha actual (25%)
Para resolver el tema de los jubilados que actualmente reciben o están por recibir malas pensiones producto de las razones antes señaladas, el rol de pilar solidario de la PGU es clave y, por cierto, no debería dudarse en financiarlo con impuestos generales, recogidos de mejoras en la gestión de los amplios y malgastados recursos del Estado, así como de la evasión y elusión, cuyo monto, según el Colegio de Contadores, alcanza a más de US$13.500 millones. Extraerlo, como se ha propuesto, del 6% adicional, termina siendo un impuesto al trabajo e incentiva la informalidad laboral.
Iniciar el proceso de mejoras al actual nivel del PGU, llevándolo de los actuales $206 mil a $250 mil rápido, cuyo costo anual es de US$ 1.500 millones, se puede hacer contando con esas dos fuentes y evitando aumentos de impuestos en momentos de recesión interna y ralentización de los principales mercados mundiales. Al mismo tiempo, para que sea previsible y objetivo como gasto fiscal permanente, parece necesario fijarla a, por ejemplo, la línea base de la pobreza, así como en su cobertura, mantenerla, por ahora, en los alcances actuales.
Como se ve, para avanzar en los citados ajustes no se requiere destruir el sistema de AFP’s, sino perfeccionarlo, aprovechando una experiencia de más de 40 años en el tema, aunque añadiéndole competencia que reduzca comisiones no adecuadas al riesgo, ajustes en materia de género, aumentos de cotizaciones y disminución de los años de protección de la tabla de supervivencia. Dichas medidas podrían cambiar radicalmente el cuadro de centenares de miles de jubilados.
Insistir, pues, en reformas radicales que importan la eliminación y el traspaso de los fondos de los trabajadores desde las AFPs, a cualquier forma de organismo fiscal, se parece más a un interés de manejar políticamente esa bolsa de más de US$ 230 mil millones que hace muy difícil un cambio de rumbo por parte del oficialismo, al tiempo que que, por lo demás, ha sido el ahorro que explica con mayor claridad el desarrollo económico de Chile en los últimos 40 años y cuya lógica al servicio del crecimiento industrial, servicios o exportador, es la que se amenaza cuando esos fondos se apartan de la propiedad del cotizante -como quedó demostrado durante los retiros en pandemia- y quedan a disposición del Fisco y de quienes administran políticamente el Estado. (NP)
