Editorial NP: “Nuevo Relato”

Editorial NP: “Nuevo Relato”

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Ha trascendido que el presidente de la República se encuentra en pleno proceso de redacción de “un nuevo relato” de Gobierno para iniciar el segundo año de su administración, el que, de acuerdo a versiones periodísticas, tiene como fundamento el evidente cambio de correlación de fuerzas internas sufrido por La Moneda en el plebiscito de salida del anterior proyecto constitucional y que, como se sabe, puso de manifiesto palmariamente el mayoritario rechazo de la ciudadanía a aventuras refundacionales que pudieron causar enormes problemas institucionales, sociales, económicos y culturales en el país.

Es cierto que, como lo señalara un destacado columnista, para el Gobierno ha sido difícil acatar el mandato ciudadano del 4-S, no obstante el reconocimiento formal e informal de la derrota de parte del mandatario, así como la insistencia de él mismo y sus aliados más a la izquierda de continuar impulsando las reformas comprometidas en la campaña presidencial, pero en la que, no se debería olvidar, su propuesta tuvo el apoyo de apenas un cuarto de la población votante. Los sufragios que le dieron la victoria en segunda vuelta, de acuerdo con las matemáticas, fueron aportados por personas que, o no podían digerir la idea de apoyar a un candidato de derecha como Kast; o deseando cambios a aspectos de la actual estructura del modelo, no comulgaban con los que el proyecto original del FA-PC disponía tras la convención.

Esta realidad política ha provocado desde hace meses permanentes rumores de un próximo cambio de gabinete que tendría el propósito de reordenar las proporciones de fuerza electoral de las coaliciones que conforman el piso de apoyo al Gobierno en ministerios y subsecretarías, así como en terceros niveles de administración como delegados presidenciales y seremis e instituciones dependientes del gobierno central. Como se sabe, dirigentes partidistas de los colectivos del llamado socialismo democrático han expresado su disposición a apoyar dichos cambios, ofreciendo al presidente los cuadros y militantes pertinentes; mientras que la alianza FA-PC ha manifestado su alerta y molestia por dichas presiones, advirtiendo, como lo hiciera una diputada del PC que “Si esto se va a transformar en una competencia de cupos o de correlaciones de fuerza dentro del gobierno, entonces mejor cerremos por fuera”.

Aunque, por cierto, los cambios de personas en puestos de conducción de grupos humanos -sean estos en empresas, el deporte o la política- marcan obvias diferencias que provienen de las convicciones e intereses de quienes asumen dichas posiciones de poder, tal vez más relevante que aquello es la definición estratégica que el “nuevo relato” del presidente pudiera señalar como ruta para los próximos años de su gobierno y que, de alguna manera, pusiera de relieve la ministra del Interior al señalar que “Tenemos que ver cómo pasamos de la versión original a un gobierno que ahora tiene dos coaliciones bastante equivalentes en su peso político y electoral”, al tiempo que apuntaba a la necesidad de “actualizar” la administración a las nuevas condiciones político sociales.

Como pareciera evidente, la derrota gubernamental del 4-S ha puesto a La Moneda en una encrucijada en la que el presidente deberá resolver continuar su gobierno insistiendo -bajo las normas de la actual carta y eventualmente la nueva- en el camino que, como señalara antes del plebiscito, transforme a Chile “en la tumba del neoliberalismo”; o reacomodar la estrategia y las piezas, retomando el camino reformista de la exConcertación/Nueva Mayoría y su lógica de la “medida de lo posible”.

La presencia de cuadros del socialismo democrático en puestos claves como el Ministerio del Interior o el de Hacienda, hacen suponer que desde el propio 5 de septiembre pasado, el mandatario habría asumido que el programa original de la coalición que lo llevó al Ejecutivo no tiene viabilidad social ni política, no obstante declaraciones de su ministra vocera en el sentido de que “no hay renuncia a los compromisos, sino actualización”.

Pero en los hechos, las propuestas que emergen desde ministerios comandados por cuadros del FA o el PC, tales como la negociación sindical por ramas, la insistencia en acelerar el proyecto de las 40 horas semanales, la puesta en marcha de un plan de actos conmemorativos de los 50 años del 11 de septiembre cargados de divisionismo y la participación en ellos de las FF.AA, la renuencia a la explotación del litio por privados, la proposición de reconvertir todo sistema productivo forestal y agrícola o imponer un royalty al primero; o propiciar nuevos retiros desde las AFP’s e insistir en políticas diversas en cuestiones de sistema de salud o política exterior, son algunas pocas muestras del diferendo interno de un Gobierno cuya primera magistratura debe clarificar a la brevedad, so pena de mantener una incertidumbre cuyos efectos políticos ya se pueden observar con el llamado a “movilización social” del PC y las marchas que se anuncian para hoy por parte de sectores estudiantiles de izquierda.

La anécdota de la diputada Orsini con un conocido jugador de fútbol ha servido para sacar de primera línea en la plaza pública temas relativos a la administración del combate contra los incendios, que aún continúan; o una vuelta a clases realizada con bajos niveles de vacunación anti covid; o la propia instalación de la Comisión de Expertos constitucionales, primer paso de ese relevante proceso, así como las serias dificultades de convergencia que atraviesan las reformas previsional y tributaria en el Congreso o el propio sistema privado de salud.

Son problemáticas que atañen al conjunto de la población, pero que, no obstante el constante slogan de la participación popular en la gestión de gobierno, las discusiones parlamentarias transcurren como “monólogos paralelos”, en los que la voluntad del oficialismo y de la oposición opera en direcciones divergentes -como divergentes son los proyectos de país que ambos sectores representan- y que, entre otras cosas, no solo son constatación de lo escabroso que ha sido para La Moneda modificar su rumbo y atender las demandas del 4-S, sino que ha impulsado a la oposición a redactar sus propios proyectos de manera de hacer coherente los cambios demandados por la ciudadanía, con la defensa de la libertad, igualdad ante la ley, derecho de elección y propiedad puestos en riesgo por los proyectos de Gobierno.

Como debería ser obvio, estas irresoluciones complotan contra la necesaria certidumbre que exigen quienes ponen en riesgo su capital-ahorro y consumo postergado para materializar proyectos de desarrollo económico que generen los recursos para hacer posible mayor recaudación fiscal y, por consiguiente, programas de redistribución que permitan el buen funcionamiento e instalación de un pretendido Estado social de Derecho, sin pagar los enormes costos del déficit fiscal, expresados en inflación y endeudamiento de las próximas generaciones.

Y aunque organismos internacionales de prestigio han devuelto a Chile su confianza tras los resultados del plebiscito de salida anterior, aquella clasificación no es eterna y bien puede volver a ser modificada si el Gobierno no da señales de que entendió el mensaje ciudadano y redirige el timón hacia un camino de reformas moderadas, pausadas, inteligentes, que otorguen tiempo necesario para la readecuación de la ciudadanía protagonista del desarrollo a las nuevas normas, así como respeto a los derechos que varias de las reformas en su modo actual enervan y que parecieran demostrar la afirmación del columnista que destacó las dificultades que la administración ha tenido para atender al mandato del 4 de septiembre pasado.

Y si el proceso constituyente se desarrolla a través de los canales que son conocidos y se instala un consejo con una correlación de fuerzas como la que mostraron dichos comicios se debería esperar una nueva carta fundamental guía para los próximos decenios que, en lo sustantivo, consolide una democracia liberal y una economía abierta al mundo que son los factores fundantes que han permitido el período de mayor desarrollo económico y social del país desde su independencia.

Siendo ese el panorama para el segundo y tercer año, la presidencia no debería escatimar esfuerzos en convocar a la mayor cantidad de cuadros de experiencia que la centroizquierda posee tras más de dos décadas de gobiernos e invitar a su coalición originaria a seguir los pasos de una nueva estrategia que haga posible una buena convivencia entre capital y trabajo, entre elites y ciudadanía, profundizando sus políticas de defensa de los derechos de las personas y del medio ambiente, manteniendo la disciplina fiscal y apoyando -y no entorpeciendo con uso abusivo de normas vigentes- a los cientos de miles de emprendedores y start up jóvenes que hacen de su propio esfuerzo, ingenio e innovación, el sostén de su vida y proyectos, apoyando con sus impuestos las tareas subsidiarias que el Estado se obliga a realizar en función de los menos afortunados.

Un “nuevo relato” como aquel no solo confluirá con la voluntad del 63% de los ciudadanos que rechazaron la constitución y programa refundacional de la coalición originaria del presidente, sino que impedirá, en los hechos y mayoritariamente, la “movilización social” con la que el PC y otros parecen querer presionar al Gobierno para evitar su más que necesaria “actualización”. (NP)