Con ocasión de la conmemoración del 244º aniversario del nacimiento del libertador Bernardo O’Higgins, el Presidente de la República, Gabriel Boric, ha señalado que no importando la opción que gane el plebiscito del 4 de septiembre próximo, “no habrá vencedores ni vencidos”, aludiendo al compromiso personal de realizar todos sus esfuerzos para darle continuidad al proceso constituyente, gane quien gane la consulta y, desde luego, seguir así ejerciendo su periodo presidencial de acuerdo al mandato de la actual carta, bajo la cual fue elegido.
Si bien las palabras de mandatario pudieran ser indiciarias del estado de ánimo que ha ido envolviendo a las autoridades del Ejecutivo, jugadas como han estado por una victoria del Apruebo, y que, como señalan todas las encuestas, no sea ese el más probable resultado, sino la derrota de su opción; también parecen mostrar un renovado ánimo reconciliatorio, aconsejado por el hecho de que, a contar del 5 de septiembre, el Gobierno deberá enfrentar su gestión administrativa no solo con baja adhesión popular, sino, además, debilitado por no haber conseguido, no obstante sus esfuerzos, allegar una mayoría simple al nuevo contrato social por el que apostaron y por el que, a la espera de su aprobación, detuvieron la tramitación de otras demandas sociales urgentes, pero que bajo la actual constitución no se conseguían en la radicalidad que facilitaba la carta convencional y, por consiguiente, deberán seguir gobernando con las herramientas que entrega una carta que han repudiado por años.
Y si bien se percibe a nivel político cierta voluntad general destinada a evitar o morigerar que cualquier resultado del plebiscito genere tensiones y reacciones que tiendan a sobrepasar los límites de la legalidad vigente, aun habiendo sido ilegitimada por la enorme mayoría ciudadana que, con ocasión de la convocatoria a la redacción de la nueva carta, se pronunciara en su contra, no se debería descuidar el hecho que la inestabilidad política que suscita el no contar con un nuevo contrato social, pero tampoco con la debida validez de la que nos rige, se puede suscitar un vacío de autoridad legítima que podría afectar la propia capacidad de gobernanza de la actual administración, en momentos en los que más lo requiere.
En efecto, los discursos críticos con los que partidos del actual Gobierno casi consiguen la prematura caída del anterior y con el que su abanderado alcanzó el poder Ejecutivo en el pasado reciente bien podrían transformarse en los instrumentos de sectores maximalistas disconformes con el resultado, afectándolo ahora a éste, dañando su autoridad, tal como se han deteriorado la reputación del Congreso y otras instituciones de la república, sistemáticamente horadadas por alegatos de extrema izquierda que, definiendo su carácter como al servicio de una elite o clase dominante, de los ricos y poderosos, enervan aún más la situación social, en un momento económico que, por lo demás, amenaza con profundizar un malestar que ya campea a raíz del encarecimiento de diversos productos indispensables, a raíz de una inflación que no es de 30 pesos, sino que tiene tanto de crisis internacional, tipo de cambio y conflictos bélicos en el mundo, como de las propias políticas adoptadas a raíz de dos años de pandemia, el cierre obligado de empresas y negocios y un gasto en consumo equivalente a un año de presupuesto nacional, que conformaba buena parte de los ahorros para pensiones que los chilenos habían reunidos por más de 40 años, en muchos casos. Una situación crítica que, además, producto de las promesas de campaña, augura aún mayores requerimientos de recursos, ahorro e inversiones, que están siendo reclamadas por otra cantidad de naciones del orbe que vivieron similares consecuencias de descapitalización a las de Chile a raíz de la expansión global del virus.
Más allá de que dicho ahorro previsional del 10% mensual de los sueldos promedio históricamente bajos que terminaron por no alcanzar a cubrir siquiera 40% de una jubilación digna una vez llegado el momento del retiro y cuya insuficiencia nunca fue valientemente encarada debido, precisamente, a las bajas remuneraciones, fueron esos escuálidos ahorros, junto al esfuerzo redistributivo de los impuestos que cobra el Estado a sus ciudadanos y el fuerte endeudamiento externo que llega al peligroso limite de 40% del PIB que un país de clase media, como Chile, puede pagar en intereses (que ya equivalen al gasto de un año en educación) lo que posibilitó vadear el bache pandémico sin la catástrofe socio-económica sufrida por otras naciones, así como atender oportunamente los requerimientos que, en salud, se iban produciendo a medida que avanzaba el Covid-19 y sus mutaciones. Sin aquellos recursos, probablemente Chile habría pagado las consecuencias de un país sin ahorro ni capitales para acceder a una vacunación que redujera la exposición de las personas al virus.
Es decir, el ahorro y las buenas inversiones permiten “comprar huevos” y, desde luego, son los factores que dan movilidad inicial a los demás aspectos de la producción económica, entre los cuales el empleo, financia la vida de millones de trabajadores, quienes, a su turno, pueden consumir más o menos, según sean sus remuneraciones y éstas, mayores o menores, de acuerdo a la productividad y creación de más valor, a través del comercio libre y abierto y el copamiento de mercados cada vez más amplios que las empresas e inversionistas deben luchar por conseguir en la competencia por colocar sus bienes y servicios. Nada de dicho proceso es resguardado, ni estimulado por la nueva carta.
Es cierto que en economías pequeñas como la chilena y con mercados de consumo interno limitados, la creación de valor a la que puede optar la mayoría de sus empresas es relativamente reducida, en la medida que, de una parte, encaran la dura competencia con las grandes corporaciones que han logrado internacionalizarse y competir con sus pares mundiales de igual a igual, gracias a su capital y productividad, aunque, por cierto, generando un tipo de competencia interna dominada por duopolios o a lo más cuatro a seis players de mayor poder que, obviamente, constriñen el poco espacio de sus pares medianos o pequeños; y de otra, un mercado abierto al mundo en el que importadores de todo tipo de bienes y servicios imponen internamente precios de firmas altamente productivas y que, llegados al país, limitan el surgimiento de industrias competitivas similares, comprimiendo así la innovación, la capitalización y las cajas Pymes, y haciendo imposible, sin subsidios, que éstas -que dan trabajo a la mitad de la población laboral- paguen remuneraciones que den aquella mayor dignidad al trabajador que desde el discurso político se hace tan simple.
La constatación de esa realidad estructural de nuestra economía y la necesidad de generar mayor riqueza para atender los requerimientos de una población creciente en los 70’ hizo que el país, tras años de fracasos de “crecimiento hacia adentro”, mediante un modelo de industrialización forzada e ineficiente, haya optado, entonces, por enfrentar su desarrollo expandiendo los pequeños mercados nacionales, abriéndose al globo a través de los cuatro sectores económicos en los que mostraba obvias ventajas comparativas naturales: la minería, en donde Chile actualmente lidera en producción y productividad, tanto en su producción propiamente nacional, como en la que llevan a cabo inversionistas extranjeros, pero que, como en todos sus otros mercados más desarrollados, cuenta con no más de una decena de players sustentables y miles de pymes mineras que requieren habitualmente del apoyo estatal para su sustento; la forestación, en donde el rápido crecimiento natural del pino o eucaliptus, otorga ventajas comparativas respecto a la competencia de otros países productores y que ubica al sector entre los más exitosos de nuestra economía; la pesca, que se puede realizar en ese extenso mar territorial del que goza el país por su ubicación, pero que, como sabemos, también está manejado por un grupo menor de jugadores grandes que pueden competir internacionalmente, pero en permanente conflicto con las pymes de pescadores artesanales que ha obligado a una actividad político normativa que, empero, aún no consigue equilibrios; y la agricultura en su aspecto fruticultor, del cual han devenido, sin embargo, nuevas industrias prometedoras como las del vino y el aceite de oliva y que aun se encuentra en un proceso de desarrollo, el que, por razones estructurales, no ha terminado su proceso concentrador como en las anteriores, pero que ha posibilitado una profunda modernización del agro en dichas áreas, mejorando enormemente la productividad y producción de amplias líneas de bienes exportables con mayor valor agregado.
Así las cosas, de cada una de estas áreas originales y de su crecimiento, capitalización y reinversión constante, fueron emergiendo industrias con mayor valor agregado que, como los aglomerados, paneles, papeles de diverso tipo o muebles; salmonicultura y otros múltiples cultivos marinos, conservas, algas o pescados congelados; alimentos procesados animales o humanos, frutas congeladas, en conserva y fresca de contra temporada con el hemisferio norte, vinos, aceites y otra infinidad de productos mineros, forestales, agrícolas y pesqueros, llevaron el PIB nacional desde 9,1 mil millones de dólares en 1970, a más de 300 mil millones en estos cincuenta años, su mayor crecimiento económico de la historia.
Es cierto, la libertad de trabajo y emprendimiento y la riqueza que el éxito conlleva en sociedades libres, genera desigualdades relativas odiosas, máxime cuando lo que se observa como resultado de aquella riqueza es infinitamente superior en calidad y cantidad a lo que la mayoría logra, un fenómeno que ha hecho decir a algunos de los jóvenes ministros del actual Gobierno que entre libertad e igualdad, prefiere la igualdad. Una que, a fin y al cabo, es menos execrable y evidente que la libertad cuya ausencia es como el aire, notable solo cuando se pierde. Pero lo que no se ha entendido es que ya son varias las generaciones que en Chile han conseguido vivir en ella y, por cierto, millones quienes han incorporado sus rigores y favores como parte de una ética de vida, haciendo de la libertad un principio sustantivo que es lo que efectivamente terminó por sustraer el apoyo ciudadano mayoritario a una carta constitucional que la limita en función de una igualdad ficticia e inalcanzable en los términos que el joven gobierno pretendía.
De allí que, en lo sucesivo, tal como señalara el Presidente, cualquiera sea el resultado del plebiscito no debería haber “vencedores ni vencidos”, sino una renovada voluntad de acuerdo para enfrentar como nación única y unida los desafíos que, superados, pudieran llevarnos finalmente al club de las naciones desarrolladas. Y porque cuando le va mal a un gobierno, le va mal al país y su gente es la que paga las consecuencias.
Así, de producirse la muy previsible victoria del Rechazo, la actual administración debería interpretarla no como una incomprensión, ni una injusticia ciudadana respecto de sus intenciones, sino como una bendición disfrazada, gentilmente ofertada por la propia ciudadanía que ayer los apoyó en otras iniciativas, aunque no en ésta, en la medida que, de una parte, el programa de reformas urgentes que los chilenos han exigido desde el 18-O y el gobierno ofrecido en su campaña presidencial, puede llevarse a cabo mediante la actual carta, aunque, por cierto, sin las soluciones refundacionales implícitas en la carta convencional, hecho que aliviará parte de su problema de gobernanza en los meses más duros de la crisis económica mundial y nacional; y, de otra, porque una victoria del Apruebo habría significado un cambio político sustantivo que traería enorme incertidumbre al capital, el ahorro y las inversiones, paralizando aún más nuestra maltrecha economía, al punto que la propia centroizquierda e izquierda debió concurrir con propuestas de ajuste al proyecto maximalista bolivariano, así como su compromiso de llevarlo a cabo como reformas a la carta convencional si ganara el Apruebo, o como parte de la nueva constitución si gana el Rechazo.
Tal posición ganó rápidamente amplias simpatías y junto con la reforma constitucional que redujo el quorum de 2/3 a 4/7 y la que seguramente se aprobará para bajarlo también en materia de leyes orgánicas, facilitarán la continuidad del proceso constituyente tan mal aprovechado por un grupo humano que, elegido, se extravió del llamado ciudadano y operó con la soberanía del monarca absoluto, cuya voluntad es imperio, razón de más para que esta presumible segunda oportunidad que se abre, exija del mayor cuidado por parte de los partidos y movimientos que han concurrido y concurrirán al próximo acuerdo nacional del 5 de septiembre, tanto respecto de los mecanismos que se utilizarán con este propósito, como para la selección o elección de la nueva convención, necesariamente paritaria e inclusiva. Porque en instancias cruciales como las que el país vive, si quiere prevalecer y prosperar, los únicos verdaderos vencidos deben ser los desafíos a encarar con urgencia en previsión, salud, educación, vivienda, trabajo, empleo e inversión; y los vencedores, el pueblo de Chile en su conjunto, nuevamente unido en un proyecto nacional democrático, equitativo, libertario, consensuado y de largo plazo. (NP)
