Editorial NP: Moderación forzada o avanzar sin transar

Editorial NP: Moderación forzada o avanzar sin transar

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Dirigentes partidarios del Frente Amplio  (FA) y el Partido Comunista (PC) han interpretado públicamente la reciente derrota del oficialismo como resultado del “desfonde de la exigencia de moderación” que se le ha hecho reiteradamente al Gobierno y/o el “desdibujamiento” de “un programa que no se debe abandonar” so pretexto de la victoria de los sectores más radicales de la derecha, al tiempo que el propio Presidente de la República ha advertido al país que “el norte del Gobierno no se modifica por coyunturas electorales”.

Se trata de un diagnóstico que, por cierto, sorprende, pues parece razonar en un estricto sentido inverso al que los datos de realidad indican, en la medida que la lectura mayoritaria de especialistas, analistas e incumbentes es, precisamente, la contraria, si los resultados se analizan bajo el prisma de la tradicional división política de derechas, centros e izquierdas.

En efecto, analizado así, las derechas, es decir, los más nítidos opositores a la actual administración sumaron 5.53 millones de sufragios; los centros, 1.41 millón, y las izquierdas, 2,8 millones, es decir, quienes rechazan, no adhieren o solo comparten a medias las políticas de Gobierno, suman casi 7 millones, sin considerar los 2 millones de votos nulos y blancos que, si bien no son necesariamente sufragios de rechazo al Gobierno, pueden serlo, en parte, hacia el sistema político o a sus actuales dirigencias, aunque también, tanto desde una perspectiva de derecha como de izquierda.

Para cualquier ciudadano normal las cifras “hablan por sí solas”, pero, desde luego, en un entorno nacional y mundial de desvaloración de la política, pudiera afirmarse, con cierta lógica, que la votación del 7-M pudiera ser un castigo a la incapacidad del Ejecutivo de llevar a cabo su programa y promesas de campaña, razón por la que, en consecuencia, la estrategia correcta debería ser profundizar la presión por los cambios y no por “moderarla” negociando las reformas con el centro o la derecha. Si non e vero, tal parece ser la convicción de los personeros FA y PC que se han manifestado con la citada propuesta de “avanzar sin transar”.

Sin embargo, el diagnóstico de la moderación no se sustenta solo en los recientes comicios del 7-M, sino que también en la aún más evidente votación del pasado 4 de septiembre, en la que más del 60% de los sufragios -otra vez- rechazó una propuesta de constitución que, de acuerdo con los actuales gobernantes, permitía la inauguración de un período de cambios revolucionarios por el que La Moneda, gabinete y partidos oficialistas, se jugaron todas sus cartas a favor de su aprobación.

Pero “el pueblo habló”, aunque, por cierto, para dichos sectores del oficialismo no habría sido el pueblo, sino un estado de enajenación respecto de sus propios intereses, seducidos por la propaganda neoliberal-fascista que esclaviza mentalmente al conjunto de inconscientes de su condición de clase dominada. Tampoco respecto del modelo de sociedad que buscaban implantar y que, dirigido por los nuevos salvadores, los llevaría a la edificación de un mundo nuevo, cooperativo, pleno de abundancia y felicidad.

De allí que las explicaciones de la derrota en sectores del Gobierno y el oficialismo pasen, más que por la evidente disconformidad ciudadana, por acusar falencias de calidad y cantidad en las comunicaciones oficiales, de manera de informar mejor a la ciudadanía sobre lo mucho que el Ejecutivo ha conseguido aprobar, no obstante la tenaz oposición de las derechas a perfeccionar un conjunto de derechos sociales y a aprobar una reforma tributaria que permitiría recaudar los recursos necesarios para hacer posible tales adelantos.

No se indica, empero, que la oposición ha accedido en apoyar no solo proyectos como el aumento del sueldo mínimo y copago “cero” en Fonasa, sino la propuesta de las 40 horas de trabajo semanal; y recientemente, el royalty minero, proyectos que sin embargo han debido ser corregidos de manera de integrar un sueldo mínimo mensual de $500 mil a la multifactorialidad que ese progreso implica para, por ejemplo, la caja de las Pymes, siempre al borde del colapso, evitando despidos para ajustar sus gastos; o trabajar 40 horas, aunque haciendo los arreglos por sectores que no afecten la aun pobre recuperación de empresas medianas y pequeñas ya agotadas como producto de la pandemia. Para el royalty, en tanto, buscando la forma de hacer convivir las necesidades de mayores ingresos fiscales para materializar las reformas propuestas, con la mantención de la competitividad de la minería chilena, un objetivo que, en todo caso, se consiguió a medias.

Pero si sectores del Gobierno y el propio Presidente estiman que las “coyunturas electorales” no modifican su programa y que las dos sentencias ciudadanas del 4-S y el 7-M no significan nada para estos efectos, la pregunta es si el Ejecutivo está o no dispuesto a avanzar en su programa con la actual correlación de fuerzas en el Congreso y, por lo tanto, hasta donde las votaciones del oficialismo sean capaces de hacerlo, acatando así la voluntad mayoritaria del parlamento que los obliga a moderarse; o, al contrario, empujar los cambios con todo el poder institucional que aún mantiene, añadiendo presión popular en las calles; o, simplemente, aprovechando resquicios legales o sentencias judiciales como herramientas filosas para sus propósitos de transformación del modelo social construido en los últimos 45 años, aduciendo un muy discutible respeto a los otros “poderes del Estado”.

La respuesta a esta interrogante tiene efectos políticos evidentes. Un desarrollo ulterior de la acción del Gobierno bajo la lógica de una “moderación forzada” augura un aumento de las discrepancias entre los sectores socialdemócratas y la alianza FA-PC, así como la amenaza de una estrategia en la que -tal como durante el segundo gobierno de Bachelet- estos últimos operen con “un pie en La Moneda y el otro en la calle”. Un escenario como el descrito podría poner en peligro la estabilidad institucional en la medida que hoy se asume que la inexistencia de manifestaciones masivas en las calles, no obstante los problemas sociales y económicos vigentes, solo se explica por el hecho que los gestores de ese tipo de acción política están en el Gobierno. Insistir en el “desfonde de la moderación”, el sostener “nortes” indefinidos o porfiar en un programa político redundantemente rechazado, no es una buena manera de colaborar en la recomposición de un más tolerante espíritu cívico progresista que perfeccione nuestra democracia.

De allí las desconfianzas legislativas que han impedido más amplias convergencias en proyectos que, modificados y adecuados a la realidad político-económica presente, pueden favorecer un mejor clima social, pero que aparecen como pasos tácticos en función de una estrategia no expresa de continuar con la profundización de los cambios, los que, como se señalara, han sido rechazados masivamente en las dos últimas elecciones. Como se ha repetido en tantas oportunidades, las palabras crean realidades y, con mayor razón, si son manifestadas por poderes fácticos o institucionales.

Las persistentes discrepancias para la conjugación de un modelo de país que consiga confluir en un marco ontológico en que libertad, igualdad y fraternidad puedan convivir como principios complementarios y no contradictorios, podría hacer innecesaria la polémica entre un Estado democrático y social de derecho con uno de subsidiariedad positiva, es decir, pasible de cumplir con un papel solidario con los menos afortunados en la distribución y asignación de recursos que genera el mercado.

Asimismo, podría permitir que en la oferta de derechos comprometida en las 12 bases constitucionales y el anteproyecto de la Comisión Experta actúe no solo el Estado y sus instituciones, sino también una ciudadanía participativa y sus millones de organizaciones intermedias, con el debido realismo y una justa definición política de normativas y fiscalización que permitan conciliar la entrega de servicios sociales de calidad, con la legítima rentabilidad al trabajo y ahorro dispuesto como capital de inversión para materializar esos derechos que, no obstante, siempre tienen costos asociados.

La experiencia, realismo  y sentido común en procesos de trabajo conjunto público-privados en materias como los servicios de salud durante la pandemia; o la explotación de concesiones mineras, cuyos bienes pertenecen al Estado, pero que, entregados a particulares, aportan a las arcas fiscales casi la mitad de sus utilidades, son muestras de lo fructuoso de la gestión conjunta de fuerzas públicas y privadas trabajando de consuno por el objetivo central de dar mejor calidad de vida a los chilenos.

Alcanzar los acuerdos necesarios en las reformas a la salud y previsión, sin satanizar ideológicamente el papel cumplido por organizaciones privadas legalmente creadas al efecto y, más bien, buscando buenas y nuevas fórmulas que permitan el perfeccionamiento de las insuficiencias detectadas, abre puertas a que, mejoradas las condiciones de vida de una amplia mayoría de ciudadanos merced a una mejor y más accesible salud, así como a una previsión más adecuada, digna y sustentable en el tiempo, con sus respectivos derechos a elección, propiedad y heredabilidad de los ahorros y mejorando el Pilar Solidario mediante una reforma tributaria que cuide no afectar la inversión, generaría un escenario de mayor satisfacción social, estimulando resultados menos coyunturales en el plebiscito de salida en que la ciudadanía deberá votar para aprobar o rechazar la nueva carta fundamental en redacción.

Demás parece señalar que una situación normalizada gracias a la superación de las insuficiencias económico sociales que han generado los incordios de los últimos años, así como reinstalado un cuadro de constitucionalidad y estabilidad jurídica para los próximos decenios, merced a la aprobación de una carta representativa de una amplia mayoría ciudadana -no se puede esperar 100% de apoyo- , un cuadro así debería atraer mayores inversiones extranjeras y nacionales, más actividad económica y empleo, al tiempo que estimularía un escenario menos polarizado para las próximas elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales, reproduciendo una más equilibrada expresión votante de las cada vez más plurales ideas que el Chile del siglo XXI ha venido adoptando, junto a aquellas más tradicionales que le han dado al país la quilla de estabilidad que lo ha caracterizado como una democracia sólida y ejemplar en la región.

Nada de aquello, empero, es conseguible en un ámbito de incertidumbre sobre la verdadera estrategia del Ejecutivo y sus coaliciones de apoyo, las insistentes advertencias de continuar con el proyecto político social rechazado, o las amenazas veladas de que si los cambios no se consiguen democráticamente, podrían terminar siendo posibles mediante nuevas revueltas.  (NP)