Analistas y especialistas coinciden en describir el actual momento político como uno que se agita en torno a una oposición sin liderazgos nacionales visibles, dividida en al menos dos grandes bloques caracterizados por sus manifiestas diferencias en visión de país, diagnóstico y soluciones; y un oficialismo que, también con discrepancias valóricas y en ciertas soluciones sociales y económicas, se mantiene, hasta ahora, sin competencia en popularidad para la alternancia, merced a la estabilidad que otorga la quilla de un Presidente y Ejecutivo con voluntad e ímpetu para avanzar en su programa, aún cuando aquello lo consiga no sin dificultades y en medio de un anormalmente largo proceso de instalación, tanto por un entorno de mareas externas que se complejizan, como por los problemas propios de la inusual pluralidad y diversidad del actual conglomerado oficialista.
La aventurada puesta en marcha de la estrategia de las “mesas de acuerdo” impulsada por el mandatario -que pareciera buscar reproducir los buenos tiempos de los acuerdos nacionales de la antigua Concertación- ha sido, pues, el escenario en el cual los protagonistas del cuadro político muestran cartas e intenciones, así como sus diversas estrategias para enfrentar una coyuntura que, para el oficialismo, se presenta como la primera oportunidad de poder repetir su reciente triunfo electoral en el 2021 y mantener así la administración del Gobierno por más de un periodo; y para la oposición, como un difícil proceso de recomposición, tras su derrota, que, por un lado sincere y concilie las perspectivas de largo plazo de las diversas tendencias del sector, y por otro, inicie la búsqueda de uno o varios rostros que iluminen su obscuro escenario presidencial, ahora sin nombres de fácil adopción que subsidien la ausencia de un proyecto o programa que englobe las múltiples demandas moderadas y/o más extremas de los sectores que cohabitan en ella.
En este marco, el Gobierno ha conseguido consensos iniciales más allá del oficialismo que le permiten cierto optimismo en el envío de proyectos de ley en torno a necesidades de política nacional sobre las cuales hay amplia coincidencia en su relevancia y urgencia -no obstante los modos de resolverlas- y ha logrado acercar voluntades provenientes de los distintos bloques y sensibilidades políticas de oposición, las que, hasta antes de la aplicación de la citada estrategia, podrían haberse considerado inviables e ilusorias. La buena voluntad de quienes, desde sus propias posiciones, han acudido al llamado nacional, ha hecho posible estos avances y han validado una fórmula de administración que para muchos analistas era improbable, dados los nuevos tiempos de “desbinominalización”, un congreso heterogéneo y con mayorías opositoras.
La pertinaz resistencia del PS de Elizalde a acompañar, desde sus propias perspectivas, al Ejecutivo en aquellos temas que son de evidente prioridad ciudadana, ha hecho perder la paciencia a más de algún dirigente oficialista -y hasta al propio Presidente-, al punto de desenvainar la idea de que “Gobernar no es siempre legislar”, poniendo, incluso, en tela de juicio “la relevancia del Congreso”. Demás parece advertir que una deriva hacia posiciones de trinchera en nada ayudaría al país a resolver los problemas para los cuales los representantes ciudadanos han sido llamados, tanto en el oficialismo como en la oposición, en medio, además, de una mar procelosa e incierta derivada de una emergente guerra comercial que, más temprano que tarde, podría afectar nuestras perspectivas económicas y, desde luego, políticas.
De allí que, sagazmente, el primer mandatario haya insistido en su voluntad de unidad y de seguir constituyendo mesas de acuerdo que no solo viabilicen su presentación temática ante un Congreso mayoritariamente opositor, sino que aquellos proyectos sociales, económicos y políticos que la sociedad le ha encomendado sean mejorados con el sincero y honesto aporte en diversidad y pluralidad de los parlamentarios de diverso origen y posturas partidistas.
Se esperaría que, tras las reiteradas muestras de buena voluntad del Ejecutivo, quienes están en el Congreso separaran la comprensible e inevitable contienda en lo político partidista y las desconfianzas que esa competitividad suscita, de una conversación nacional, sinérgica y unitaria respecto de las propuestas programáticas que el Ejecutivo tiene el deber de poner a criterio de los legisladores siguiendo su mayoritario mandato ciudadano.
Se entiende que, si bien aquellas pudieran ser controvertidas por sus fundamentos políticos o consecuencias ideológicas, dada su proveniencia, éstas, al menos, intentan un modo de resolver demandas de muy largo aliento y que, desde ciertas miradas, pueden no resultar consistentes en sus largos plazos con la “idea país” de cada quien. Sin embargo, hay múltiples soluciones pragmáticas y técnicas que pueden morigerar los perversos efectos de mantener los hechos en sus actuales circunstancias, tal como en los casos de la niñez vulnerable, la seguridad ciudadana o la educación. La democracia, por definición, es, precisamente, negociación y no imposición, una negociación en la que, lógicamente, no es posible que cada negociador logre el ciento por ciento de sus objetivos, a no ser que haya luchado, avasallado y derrotado a su contendiente en todos los planos. (NP)
