Editorial NP: Marzo: el orden público mejora la economía

Editorial NP: Marzo: el orden público mejora la economía

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Llegó marzo y con él las aprensiones de que las principales ciudades del país deban enfrentar nuevas tensiones derivadas de una revitalización de manifestaciones ciudadanas que, siendo legítimas para una democracia plena, plural y abierta como la nuestra, infaustamente terminan vehiculizando la presencia de grupos minoritarios extremos, anárquicos o derechamente delictuales que aprovechan la presencia masiva para acometer la serie de delitos contra las personas y la propiedad pública y privada a que nos han acostumbrado desde el 18 de octubre de 2019.

El Gobierno ha dicho que durante estas últimas semanas ha realizado los preparativos pertinentes para que estas alteraciones al orden público sigan el ritmo decreciente que han mostrado a contar de diciembre pasado al tiempo que ha destacado como éxito el haber posibilitado el entorno de normalidad que permitiera la materialización del principal festival de la canción veraniega que se realiza en Chile, no obstante los intentos de turbas que intentaron boicotear su realización durante toda la última semana de febrero y que incluyeron ataques a respetables símbolos patrios, como el monumento a los Héroes de Iquique, ubicado en Valparaíso.

Junto con la prioridad en el retorno a la normalidad de funcionamiento de las actividades en el país, el Ejecutivo se ha puesto como objetivo la necesidad de avanzar con la mayor agilidad posible en la puesta en marcha de las acciones legislativas y de gobierno central que se requieran para reactivar la economía, afectada tanto por razones internacionales – la guerra comercial chino norteamericana y la pandemia de coronavirus- así como internas – el estallido social y sus efectos en la actividades de miles de empresas y comercios de diversos tamaños- el consecuente desempleo y paralización de nuevas inversiones.

Es decir, con claro sentido común, la autoridad ha dispuesto fuerzas para enfrentar este complejo mes en el que grupos ciudadanos y políticos han anunciado decenas de manifestaciones, concentrando sus esfuerzos en mantener el orden público -la primera obligación de un Estado de Derecho que se respete y gracias a lo cual los ciudadanos pueden realizar sus tareas sin temer por su seguridad física-; e impulsando una más potente reactivación económica, factor que habitualmente explica los desequilibrios sociales y políticos de las sociedades en procesos de desarrollo y que, en el caso chileno, se expresa en exigencias de mejores pensiones, salud o educación pública gratuita y de calidad o sueldos mínimos dignos.

Y si bien el orden público y la mayor actividad económica son los objetivos centrales de la autoridad ejecutiva, no cabe duda que, en el sustrato de este mes y el próximo, la cuestión constitucional, de la mano de amplios sectores ciudadanos y partidos, continuará acompañando la actividad como sonido de fondo. Como se sabe, en este aspecto el Gobierno ha adoptado desde un inicio una posición neutral y de garantizador del proceso, no obstante que las colectividades que lo sostienen han hecho sus propias opciones entre el “rechazo” y el “apruebo” a la eventualidad de redactar una nueva carta. De ese modo, cada uno de ellos ha preparado su batería de argumentos a favor y en contra de este nuevo contrato social que -en el óptimo- consiga consensuar el tipo de sociedad que mayoritariamente quieren los chilenos.

A pesar de su carácter de segunda partitura del  concierto socio comunicacional, la polémica constitucional permitirá que muchos ciudadanos terminen clarificando las grandes vías de desarrollo por las que quieren circular con miras a la consecución de sus sueños personales, familiares o grupales, así como ajustando los procedimientos y formas en los que ese caminar en libertad, justicia y solidaridad, se puede realizar, protegiendo derechos, valores y principios que caracterizan a las sociedades democráticas liberales y, entre los cuales, la violencia no forma parte como modo de vinculación, sino que, por el contrario, el propio contrato social en discusión interna busca erradicar de entre los modos de relacionarnos.

En el evento en el que el plebiscito de entrada apruebe la propuesta de redactar una nueva carta, su mayor o menor consistencia entre dichos principios y valores con los métodos y procedimientos que se utilicen para alcanzar los objetivos sociales que se dispongan en la discusión del acuerdo será la primera prueba de sustentabilidad del complejo proceso de dar a luz una nueva carta que norme con ductilidad, eficiencia y estabilidad la vida social, familiar y personal de los chilenos, sin alterar sus libertades, sueños y propias perspectivas de crecimiento.

Como es obvio, las actuales circunstancias histórico-coyunturales no parecen el mejor escenario para lograr un proceso constituyente racional, consistente y coherente. Sin embargo, la mayor parte de estos contratos en el mundo se han realizado en momentos de crisis social no obstante lo cual, las estructuras de poder instalados y emergentes han conseguido puntos medios que expresan el sentido común mayoritario. Un resultado demasiado ajustado en el plebiscito de entrada, sea a favor o en contra de redactar una nueva constitución, colocará sobre los hombros de los convencionales una pesada carga que, con alta probabilidad, alargará el proceso más allá del año previsto en el acuerdo del 15 de noviembre. Una victoria apabullante de uno sobre otro prolongará la incertidumbre sobre las perspectivas de la actual constitución o las reglas de la que emergerá y la extensión de sus reformas y/o cambios. Para ambos casos debiera esperarse un proceso largo, tedioso y, eventualmente, accidentado y tenso.

Así las cosas, por sus características, el proceso constituyente propiamente tal no tendrá un efecto relevante en la recuperación del orden público ni en la actividad económica en los próximos meses, pues, en el primer caso, las argumentaciones políticas que vayan surgiendo -y en el evento que el “apruebo” haya ganado la partida- no impactarán en la insurgencia de los grupos anárquicos, extremistas o delictuales que operan, pues aquellos lo hacen con independencia de la racionalidad político democrática. Para el segundo, el alargamiento de la incertidumbre jurídica sobre temas de derechos como el de propiedad, por ejemplo, afectan negativamente una más rápida recuperación económica, situación inversa a la que ocurriría en el evento de una victoria del “rechazo” que continúa asegurando reglas del juego estables que las reformas prometidas a la actual carta en caso de ganar dicha opción, tampoco pone el riesgo, pero que sí tensiona las relaciones al interior del sistema político.

Como se ha señalado, es posible que el 15 de noviembre no haya habido otra opción que la que finalmente acordaron los partidos participantes de ese acuerdo y que, más allá de discusiones -a estas alturas, inútiles- el país ha debido asumir la tarea de encarar el desafío de defender la actual carta o redactar una nueva, acorde con una democracia madura y moderna. Sin embargo, más allá de dicha “solución política”, lo que es verdaderamente central para este lapso que comienza será sostener con firme voluntad política y transparente claridad jurídica el derecho de la ciudadanía a vivir en paz y sin miedo, enfrentando la coyuntura mediante las tareas planificadas que, en el corto plazo, sean consistentes con las de mantener, en el largo, una democracia plena y fuerte como la que hemos conseguido, educando de esta forma en los valores de un sólido contrato social.

Mantener el orden público, protegiendo con la fuerza legítima del Estado la seguridad física de los millones de trabajadores que comprenden que las demandas pendientes se solucionan con tiempo y recursos que se generan produciendo, es el primer paso indispensable para recuperar la actividad económica que, a su turno, mejorará el empleo y promoverá nuevas inversiones. De allí que, limitar y terminar con el vandalismo de algunos centenares de extremistas, anarquistas y delincuentes que queman y destruyen sitios simbólicos en las principales ciudades del país, sin control, conforma un relevante deber del Estado, cuya potencialidad de autodefensa es muy superior a la que hasta ahora ha mostrado, bajo la talvez excesivamente prudente dirección del Presidente de la República, pero con un costo institucional de más de 2 mil carabineros heridos, no obstante la aprehensión de más de 15 mil sujetos por desórdenes y agresiones.

El impacto de amenazas a las autoridades civiles y uniformadas de enfrentar eventuales querellas internacionales por violaciones a los Derechos Humanos que al parecer han estado limitando la capacidad de respuesta del Gobierno, pudiera llegar a ser muy alto para el país, en la medida que la mantención de los desórdenes y la extensión del bandidaje callejero no solo ha reducido la capacidad de crecimiento del país, sino que sigue generando incertidumbres que inciden en todas las actividades sociales, económicas y culturales habituales. Por lo demás, Carabineros y las FF.AA. ya cuentan con las herramientas legales y protocolos para enfrentar con éxito a las turbas delictuales y anarquistas, y tienen la información de inteligencia y la capacidad de diferenciarlas de las de manifestantes que legítimamente quieren expresar sus opiniones en democracia y sin violencia.

Si el Gobierno y las instituciones del Estado, trabajando de consuno sujetos a las normas legales y constitucionales actuales, consiguen aplacar este mes la furia destructiva de estos grupos violentistas minoritarios, permitiendo que las manifestaciones ciudadanas se desarrollen en un ambiente libre, abierto, transparente y sin violencia, el país habrá dado un paso gigantesco hacia la recuperación de la actividad económica y la normalización de una vida civilizada que posibilite, a su turno, no solo mejores condiciones sociales para las más amplias mayorías, sino una discusión más racional y fecunda de una eventual nueva carta o reformas a la actual que ofrezcan mayores certezas a todos los ciudadanos de que sus derechos y libertades estarán protegidas contra abusos de poder tanto de otros ciudadanos, grupos, movimientos o del propio Estado.  (NP)

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