Chile se encuentra hoy frente a una encrucijada que es, a la vez, técnica y también profundamente política. No es una novedad: la historia económica reciente de América Latina y Europa —desde los “chalecos amarillos” en Francia hasta las crisis en Ecuador— demuestra que el precio de los combustibles es el termómetro más sensible de la paz social. Sin embargo, cuando coinciden un déficit fiscal persistente, fondos de estabilización agotados y una alta sensibilidad al costo de la vida, la ecuación deja de ser aritmética para convertirse en un dilema de estabilidad institucional.
En efecto, la naturaleza del problema es clara: los subsidios generalizados a los combustibles son, por definición, regresivos e insostenibles. Mantener precios artificialmente bajos cuando el petróleo internacional sube no solo distorsiona las señales de consumo, sino que erosiona la credibilidad fiscal del país. En el caso chileno, el Mepco ha cumplido un rol vital para evitar saltos bruscos, pero su capacidad de absorber impactos tiene un límite físico: una billetera del Estado que la administración anterior ha dejado al borde de la inopia.
Ante dicho escenario, las opciones que enfrenta la autoridad se reducen a no más de cuatro caminos, cada uno con su propio “virus” político:
- El ajuste directo: Sincerar los precios de golpe. Si bien corrige el déficit rápidamente, el riesgo de estallido social e impacto inflacionario lo hace inviable sin tener un capital político extraordinario.
- El subsidio mediante deuda: Mantener la paz hoy hipotecando el mañana. Es la vía que suele terminar en ajustes aún más dolorosos y crisis de confianza.
- El modelo de bandas (Mepco): Es el camino que Chile ha transitado con relativo éxito. Permite alzas graduales y reduce la volatilidad, pero ante shocks prolongados, el costo fiscal sigue siendo una sangría difícil de justificar en tiempos de estrechez, porque no opera el contra efecto equilibrador que dispone el mecanismo cuando los precios bajan más allá de un determinado límite.
- La focalización: Es la solución técnicamente óptima. En lugar de subsidiar la bencina del automóvil de lujo, se compensa directamente a los transportistas y a los hogares más vulnerables. Es más justo y eficiente, aunque requiere una arquitectura burocrática y un liderazgo político que dificulta la más eficiente operación, en especial en un lapso de transición entre un Gobierno que dejó instalado un fuerte contingente burocrático y otro que debe esforzarse por ahorrar para detener el déficit fiscal.
La realidad chilena actual nos muestra que el margen de maniobra es ínfimo. Con un déficit efectivo que superó las metas estructurales en 2024 y una regla fiscal que exige correcciones urgentes, el Estado ya no puede pretender ser el escudo total contra los vaivenes de la OPEP.
La verdadera ecuación política que se enfrenta hoy es circular y peligrosa: el alza del crudo genera presión social; el Mepco interviene para contenerla; el déficit fiscal aumenta; Hacienda se ve obligada a recortar gasto en otras áreas; el crecimiento se resiente y, finalmente, la presión política sobre el Gobierno vuelve a subir.
Es decir, lo evidente es que la salida no vendrá de una fórmula matemática, sino de la honestidad narrativa. La autoridad debe ser capaz de explicar que la estabilidad no depende solo del precio, sino de la confianza. Chile no puede seguir atrapado en el ciclo de mantener “ilusiones” de precios bajos a costa de su salud financiera.
La transición hacia subsidios focalizados y una transparencia absoluta sobre el costo de estos mecanismos parece el único camino para que la próxima subida del petróleo no termine en un drama mayor. Al final del día, en política pública, no hay soluciones gratuitas, solo combinaciones de ajuste, gradualidad y realismo. (NP)