En su formulación más esencial, la política se presenta como “orden de la polis”, una actividad orientada al bien común, herramienta de representación ciudadana destinada a conducir el desarrollo social en beneficio del conjunto de personas que constituyen el territorio, nación o país de que se trate. En la práctica contemporánea, empero, especialmente bajo el modelo democrático liberal, esta aspiración tiende a tensionarse con una realidad que emerge de la propia estructura de las sociedades libres modernas al abrir espacios a libertades para ambiciones y proyectos materiales y espirituales, individuales o de grupos de diversa naturaleza y perspectivas. Entonces, la política aparece como un mecanismo de movilidad social y acumulación de poder material y reputacional para individuos y sectores que ven en aquella libertad de elección la posibilidad de disputar espacios de conducción a las élites instaladas y materializar así sus propios planes.
Este fenómeno ha ido transformando progresivamente el rol del Estado. De ser concebido como un instrumento de articulación de políticas públicas para grupos y territorios pequeños (la polis), y mecanismo de protección colectiva ante amenazas externas e internas a su seguridad, a contar de la igualación democrática de deberes y derechos ciudadanos, de poder elegir y ser electo, pasó a convertirse en un espacio de disputa interna donde los distintos grupos de interés económico, social o cultural que cohabitan en las sociedades abiertas, buscan ganar posiciones de influencia y acceso a recursos sociales que les permitan mantener o iniciar su ascenso y mejorar así las condiciones económico sociales que les faciliten su mayor éxito social.
Como debería ser evidente, en ese contexto, la competencia política deja de centrarse exclusivamente en las buenas ideas para el grupo de representados y/o mejores proyectos para el país, grupos, estamentos o clases, y se desplaza hacia la tarea de capturar cuotas de poder que les permitan tener mayor capacidad para conducir los destinos de la ciudad, así como asegurar su propia supervivencia. La profundización de esa vía de corrupción de la democracia, prevista por Polibio, conduce a la oclocracia, momento caótico en el que se integran a las filas del interés público una amplia diversidad de ciudadanos, capacitados o no, y hasta sectores delictuales y/o bandas de crimen organizado que ven en la actividad un camino de facilitación normativa de sus respectivos negocios.
La consecuencia de esta dinámica es una creciente desconfianza del resto de la ciudadanía común. Cuando el discurso de servicio público se percibe desconectado de la práctica, se instala la idea de que la política responde más a intereses particulares que al bienestar general. Este quiebre entre legitimidad discursiva y gestión política efectiva debilita las instituciones y erosiona la credibilidad en el sistema democrático y comienzan a ganar fuerzas ideas iliberales apuntadas a restaurar un orden perdido merced al uso de la fuerza disciplinadora del Estado.
Frente a este escenario, fortalecer los mecanismos de control y transparencia surgen como remedios urgentes para salvar las bases de la democracia liberal, una tarea que en Chile inició con destacables resultados la Contraloría General de la República y que, dada su gestión y arquitectura, clara y comprensible, ha ido devolviendo la confianza ciudadana en sus representantes e instituciones republicanas, las que ahora se observan como puestas debidamente bajo control. En el ámbito de la participación pública, electoral o designada, la fiscalización de los patrimonios antes, durante y después del ejercicio de cargos públicos, junto con un monitoreo riguroso de ingresos y posibles conflictos de interés, se plantean como efectivas herramientas para prevenir abusos y reducir los espacios de corrupción. Demás parece señalar que, en todo caso, ninguno de estos instrumentos de control reemplazará a un comportamiento ético robusto de nuestras clases dirigentes instaladas o aspiracionales. Que un estudiante universitario sin práctica política ni laboral haya asumido la conducción del Estado tras haber ganado posiciones políticas en manifestaciones callejeras, puede perfectamente ser leído negativamente en el comportamiento de nuevas generaciones estudiantiles que creen resolver demandas propias y nacionales mediante su respectiva movilización en desordenes públicos que dieron fama al joven retador.
Es decir, el desafío para una democracia estable, sana, progresiva, supera lo propiamente normativo y se hunde en lo ético y cultural La historia reciente muestra que un mal comportamiento de las elites detectado y develado hace tanto o más daño a su fortaleza que una revuelta y que cuando la confianza ciudadana ha caído a niveles de crisis siempre emergen salvadores que prometen orden y probidad, sin más pruebas que sus buenos y atractivos discursos. Una democracia que ha perdido su robustez y transparencia y que, para evitar mayores males y desordenes, inicia el camino de aplastar voces críticas o la libertad de prensa ofrece un entorno de opacidad y secretismo que termina por restringir libertades fundamentales y amenazan derivar en formas aún más siniestras de corrupción. Así, la ausencia de contrapesos institucionales, de prensa libre y control ciudadano efectivo termina debilitando los estándares democráticos y concentrando el poder sin rendición de cuentas, sea este practicado por la propia clase política o por invitados de piedra.
La discusión en momentos de debilidad democrática no solo debe centrarse en cómo controlar la corrupción que avanza y que en Chile ha tenido como muro infranqueable a la Contraloría, sino también fortaleciendo una cultura política basada en una ética sin giros hermenéuticos que usen el realismo como fuente de validación de desvíos morales. También exige la máxima transparencia pública y un compromiso real del representante con la ciudadanía, que proteja sus intereses y recursos, los que, por lo demás, hoy hacen perfectamente posible una actividad política limpia, dada su muy bien remunerada actividad. La democracia requiere no solo reglas claras e instituciones sólidas, sino también actores dispuestos a respetarlas y una sociedad vigilante que exija y castigue con su voto la incoherencia entre discurso y acción. (NP)