Diversas escuelas político-económicas de izquierda y/o derecha, suelen afirmar la idea de que la economía es la que dicta el rumbo real de las naciones como “determinante en última instancia”, relegando la gestión política a un rol subalterno que la ubica como una suerte de “banco de proyectos” que deben adecuarse a la dura realidad tangible que dicta la abundancia o escasez de bienes y servicios en un momento determinado de la historia. Tal visión invierte un valorado principio clásico grecorromano: que la política, entendida como “orden de la ciudad”, debiera orientar a la economía, concebida ésta, como lo señala su traducción, como “la administración de la casa”, en el sentido de atender simultáneamente lo cotidiano y lo trascedente, la vida diaria y las metas y propósitos del quehacer humano y el de una sociedad. La primacía de una sobre otra no sería, pues, un asunto meramente técnico, sino profundamente ontológico, ético y cultural.
En efecto, resulta fácil sostener que la economía debe estar al servicio de los objetivos de la política, sueños, proyectos y utopías del conjunto social cuando hay abundancia. En contextos de crecimiento, los recursos permiten expandir derechos, financiar políticas públicas y sostener promesas y proyectos de bienestar social sin mayores tensiones. Pero cuando las sociedades enfrentan escasez, el orden se invierte: la política debe subordinarse a las restricciones económicas, ajustando sus decisiones a la disponibilidad de recursos y, muchas veces, sacrificando principios en favor de una estabilidad social que, se sabe, una vez perdida, arriesga transformar la institucionalidad que sostiene el orden en Estados fallidos, un gravísimo fenómeno que nos muestra no solo la experiencia histórica, sino también los propios tiempos presentes.
En dicho escenario, emerge una tensión crítica. La política, presionada por una ciudadanía que ha apostado con esperanza a las ofertas de un determinado portador de proyectos, puede verse tentada a recurrir a aumentos de la carga tributaria a personas y empresas; a asumir endeudamiento foráneo peligroso; o, en algunos casos, hasta al conflicto externo, para sostener propuestas sociales que amplían aún más el rol del Estado y limitan la libertad de las personas y emprendimientos. Después de la II Guerra Mundial y junto con la redacción de la declaración universal de los DD.HH., se ha observado una expansión sostenida de esos derechos que, aunque legítimos en su aspiración, han tensionado los fundamentos de las democracias liberales. Dichas sociedades, forzadas por grupos partidistas que impulsan demandas extemporáneas y/o utópicas, van instalando una noción de libertad entendida como acceso irrestricto a bienes, servicios y/o formas de vida facilitados u otorgados por el Estado, desplazando el sentido más exigente, clásico y racionalmente exigible del término.
Desde la tradición grecolatina, la libertad individual se entiende fundamentalmente como la capacidad de autodominio de la persona que es quien experimenta la vida, sus emociones, alegrías y amarguras. Ser libre implica estar capacitado para gobernar los propios impulsos de dominio, apropiación, deseos de procreación inapropiados o agresividad asociada a la supervivencia, pulsos que, de no ser contenidos y educados socialmente, erosionan la convivencia, desatando una previsible lucha campal por evitar la pérdida de las propias libertades.
En ese marco, fenómenos como la delincuencia y su expansión reciente no solo deberían entenderse como insuficiencias del sistema, sino como expresiones de la creciente pérdida de control individual y familiar de los impulsos de quienes adoptan tales conductas; pero también como un peligroso paso hacia el desorden social, la anomia, desconfianza e incertidumbre que caracteriza a un Estado fallido. De allí que una enérgica respuesta del Estado, a través de la aplicación de la coerción jurídicamente establecida mediante sus instituciones policiales (polis) sea una consecuencia inevitable y necesaria para no caer en la profundización de un desequilibrio que, como vemos, es inicialmente ético y, por tanto, responde a falencias de transmisión de conductas a nivel de la familia como célula base del cuerpo social.
La política tampoco no puede reducirse a la administración de demandas y consecuencias electorales del incumplimiento de “las exigencias de la gente” -como si la educación, salud de calidad o una sana alimentación escolar fueran fuentes de competencia y chantajes político partidistas-; ni la gestión económica entenderse como la mera asignación de recursos escasos -como si la distribución a través del mercado tuviera iguales resultados que la asignación desde la política-. Ambas disciplinas exigen axiomas morales que guíen a los políticos a responder adecuadamente a las peticiones ciudadanas según sus más caras tradiciones culturales y modos de vida, valoración de determinados principios, la escasez o abundancia de recursos sociales y/o el poder efectivo como autoritas (que legitima) y potestas (que posibilita por la fuerza física permitir determinadas conductas y prohibir otras).
Una perspectiva clásica en esta materia indica que la política debiera exigir siempre a sus operadores de un estándar ético elevado so pena de que la corrupción de su moralidad eche por tierra prestigio y confianza en ella y se pierda la autoridad para gobernar con la razón, derivando al uso de la fuerza; la economía, en tanto, operar de buena fe, sin trampas ni letra chica en el ámbito de los millones de intercambios diarios entre particulares; y en el vínculo material del Estado con la ciudadanía, con la mayor eficiencia posible, obviando burocracia innecesaria, actuando con confianza ex ante, pero con férrea fiscalización ex post, cuidando recursos sociales siempre escasos y que en su mayor parte provienen de los propios ciudadanos. Ambas dimensiones requieren de una conducción que se desenvuelva sustentada en las más nobles y propias conductas de sus gestores, que trascienda la demagogia, la competencia por ofrecer más que el competidor a sabiendas que se trata de propuestas impracticables y que esquive tentadoras consignas simplificadoras.
La historia reciente ofrece ejemplos elocuentes. En la campaña presidencial de Bill Clinton, la célebre frase “es la economía, estúpido” sintetizó una estrategia comunicacional eficaz, pero también inauguró una tendencia global a reducir debates complejos a eslóganes. Desde entonces, distintas sociedades han intentado replicar esa lógica, reemplazando “economía” por delincuencia, crecimiento, igualdad o justicia, según la coyuntura. Sin embargo, la experiencia comparada sugiere que no existe una consigna capaz de capturar la complejidad de estos fenómenos. La política, la economía, la libertad, la equidad y la justicia son prácticas interdependientes que requieren una base ética sólida. En este sentido, y para efectos de la remoralización social, el comportamiento de las élites es determinante: su ejemplo instala el estándar que, con el tiempo, permea al conjunto de la ciudadanía. No es casualidad que los momentos más convulsionados de las últimas décadas se hayan registrado después de lamentables escándalos que involucraron a elites en todos los ámbitos, desde la política, hasta la religión, desde la empresa hasta las FF.AA.
Y es que cuando el referente de la conducción o patrón de conducta se debilita, la sociedad se fragmenta. La pérdida de valores compartidos no solo afecta la convivencia, sino también la capacidad de las instituciones para ordenar las expectativas y canalizar los conflictos. En ese contexto, recuperar la primacía de la política —no como imposición, sino como guía y proyecto de mediano y largo plazo— se vuelve una tarea urgente, junto con enfatizar su indispensable carácter ético dado el enorme poder de decisión que la ciudadanía le transfiere.
Reajustar la relación entre política y economía no implica, pues, desconocer la gran importancia de esta última, sino devolverle su lugar instrumental. La economía es un medio para alcanzar fines colectivos definidos políticamente, no un fin en sí mismo, como tampoco lo es la riqueza. Solo así será posible reconstruir un nuevo equilibrio que permita a las sociedades enfrentar la escasez con la dignidad propia de quien no está dispuesto a renunciar a sus principios, y encarar la abundancia sin que aquella corrompa su libertad y sentido. (NP)