En política, el lenguaje no es un instrumento neutro. Es, antes que nada, una herramienta de énfasis, persuasión y, muchas veces, dramatización. Por eso, pretender leer cada frase pronunciada en el debate público como si fuera una descripción literal de la realidad no solo empobrece la discusión: la distorsiona.

La polémica reciente en torno a la expresión “Estado en quiebra” es un buen ejemplo de este fenómeno. Se ha querido interpretar dicha frase como si constituyera un diagnóstico técnico, equiparable a los informes fiscales, a los análisis de riesgo soberano o a las evaluaciones de organismos internacionales. Pero no lo es. Se trata, más bien, de una hipérbole política: una exageración deliberada destinada a subrayar una preocupación —real o discutible— sobre la situación fiscal o institucional.

La hipérbole ha sido siempre parte del repertorio político. Donald Trump habló de “carnicería americana” para describir la situación social de Estados Unidos; Javier Milei ha calificado al Estado como una “organización criminal”; en Chile, el propio Gabriel Boric, en su etapa de dirigente estudiantil, denunció “abusos sistemáticos”, “crisis estructurales” o la “dictadura de Piñera”, en términos que difícilmente podrían considerarse mediciones técnicas.

Nadie sensato —ni siquiera sus adversarios— entendió esas expresiones como informes periciales. Eran, simplemente, formas de intensificar un punto político.

La diferencia entre lenguaje descriptivo y lenguaje simbólico puede ilustrarse con una vieja anécdota del cómic: Garfield escucha que “la primavera está a la vuelta de la esquina” y Odie corre literalmente a la esquina a buscarla. La gracia del chiste radica precisamente en esa confusión entre lo literal y lo figurado. Trasladar esa lógica al debate público produce efectos similares: una discusión absurda sobre algo que nunca pretendió ser literal.

Más aún, resulta difícil sostener que una frase como “Estado en quiebra” tenga efectos reales sobre variables económicas sensibles. Los mercados financieros, los bancos de inversión y las clasificadoras de riesgo no operan sobre la base de consignas o frases altisonantes. Sus evaluaciones consideran balances fiscales, niveles de deuda, proyecciones de crecimiento y estabilidad institucional. Pensar que una metáfora política puede alterar por sí sola esas decisiones es, en sí mismo, una sobreestimación del poder del discurso.

Por eso sorprende que algunos sectores —particularmente figuras jóvenes del Frente Amplio— hayan optado por trasladar esta discusión al plano institucional, recurriendo incluso a la Contraloría General de la República. Más que un acto de celo republicano, la reacción parece reflejar una incomprensión básica del lenguaje político: no todo lo que se dice en política es, ni pretende ser, una afirmación literal verificable.

El riesgo de esta confusión es mayor de lo que parece. Si cada metáfora se convierte en objeto de escrutinio administrativo o disciplinario, el debate público se vuelve rígido, temeroso y, en última instancia, menos honesto. La política necesita espacio para la exageración, para la advertencia dramática, incluso para el error retórico. Lo contrario no es un discurso más riguroso, sino uno más pobre.

La expresión “Estado en quiebra” puede ser discutida, criticada o desmentida en el plano político y económico. Pero pretender sancionarla como si se tratara de un informe falso es confundir categorías esenciales. Es, en el fondo, correr —como Odie— a la esquina, esperando encontrar allí una primavera que nunca pretendió estar físicamente en ese lugar.

Porque en política, como en el lenguaje en general, no todo debe tomarse al pie de la letra. Y olvidarlo puede ser más peligroso que cualquier hipérbole. (NP)