Editorial NP: La “escasez” y la política a “lo Ponzi”

Editorial NP: La “escasez” y la política a “lo Ponzi”

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Tal vez uno de los conceptos más complejos de abordar desde la gestión política en los Estados modernos sea el de la “escasez”. La enorme cantidad de recursos que aquellos administran no solo resulta incuantificable para muchos, sino que la propia dificultad de sus contabilidades y opacidad -necesaria o provocada- de usos y destinos en el aparato administrativo republicano, conspira contra una discusión de cierta racionalidad sobre la noción pues, para la conformidad de los ciudadanos de a pie se requiere de altos niveles de confianza en las personas, números, sumas y restas, que los equipos de gestores gubernamentales periódicos presentan al país para justificar sus respectivas políticas sociales o económicas.

Incluso suponiendo que dicha confianza estuviera presente -que no es el caso-, la litis trabada en el natural juego democrático de oficialismo-oposición y sus respectivas interpretaciones de la realidad, tienden a generar confusión e incertidumbre entre quienes, sin mayor experticia, asisten como observadores a una discusión sobre políticas públicas en las que cifras y estimaciones contradictorias abundan, estimulando una toma de posiciones que, generalmente, responde a convicciones-impulsos dictados por el aparente favorecimiento de intereses propios o de supuestas mayorías, expresados por representantes respecto de quienes se sienten más cercanos o les dan confianza o respeto intelectual.

Durante esas polémicas, se puede escuchar, entonces, a algunos dirigentes políticos afirmar, con total certeza que, frente a un determinado gasto hay recursos más que suficientes y que la oferta del contradictor es mezquina; o que tales egresos son o no sustentables en el tiempo, aunque, por lo general, el mayor gasto sea justificado por las oposiciones, en la medida que, aumentar la apuesta de los oficialismos, incrementa el propio capital político. Y si tras la discusión, el oficialismo de turno -obligado a la contención por responsabilidad de Estado- ve amenazada su aprobación, difícilmente soportará la presión, impulsando el ciclo populista que, si bien puede resultar ante exigencias presentes, termina por hipotecar el bienestar de las generaciones futuras.

Pero, entonces, ¿hay o no recursos para las siempre necesarias e inevitables reformas sociales?

Infaustamente, la respuesta a esta materia no es un simple “si” o “no”. Las necesidades son siempre infinitas y los recursos escasos, hecho que obliga, desde la economía hogareña hasta la nacional, a seleccionar y jerarquizar los gastos en el tiempo. La política, en democracia, por su parte, reúne en sí misma la autoridad legítima devenida de elecciones a que la ciudadanía es convocada periódicamente para colocar a ciertas personas en puestos de representación institucional, investidos de un poder de decisión superior al resto; y potestad, que proviene de la posición alcanzada y desde la cual puede incidir, obligando legalmente a los demás, a cambios efectivos en las vidas de las personas y la del país.

Pero tal poder y legitimidad tiene el costo de que, mantenerlo, exige de votos y éstos son función de adhesiones ciudadanas que el mandatario respectivo pueda efectivamente atraer y sostener. La tendencia, entonces, es a “sobre-representar” los intereses de los ciudadanos que lo elevaron a dicha posición. Y si esos electores son inconscientes de que la escasez -y por tanto la priorización de gastos- no es solo dilema de los hogares, sino también de la administración de los Estados; si éstos no están conscientes que las necesidades son siempre infinitas y los recursos escasos y sus dirigentes -bien o mal informados- no tienen la valentía de sincerar esas realidades, esa débil gestión política, sin proyecto efectivo de mediano plazo, reactiva, pragmática y oportunista, tiende al populismo.

Es decir, en ese marco, el concepto de “escasez” se hace relativo y por sobre las más duras evidencias tecnocráticas, tiende a tornarse plástico, flexible, dependiente de encuestas y sondeos, pues, desde algunas perspectivas políticas, “siempre hay recursos” para determinados propósitos si es que aquellos se redistribuyeran según las particulares prelaciones que cada sector define como prioritarias para mantener su capital social, por un lado, y la respectiva carta programática, por otro, aunque sin transparentar nunca los costos políticos, sociales y económicos de dichas reformulaciones.

De allí que una buena política no debe olvidar que los recursos estatales -muy correlacionados con el crecimiento y desarrollo de los países- son siempre limitados y que lo que se gasta en un bien social ya no podrá utilizarse en otro. Es decir, los políticos, como los jefes de hogar, tienen entre sus principales desafíos mostrar a los ciudadanos qué es lo que verdaderamente se puede hacer con los recursos que hay en un momento específico, sin contravenir los principios de realidad que eviten las posteriores desilusiones del electorado, sea aquel el ingenuo o desinformado, sea el sagaz y politizado.

Más o menos impuestos, más o menos deuda pública; más o menos ahorro nacional; más o menos déficit fiscal; educación pública, particular subvencionada o particular, “gratuidad” universitaria o más recursos hacia la educación infantil-primaria; salud pública, particular o mixta, Fonasa o Isapre; jubilaciones producto del ahorro propio o del aporte de la generación que viene, AFP, Entidad, Cajas o Bancos; más seguridad, más o menos recursos para policías o FF.AA.; más cárceles o centros de rehabilitación; trabajos digno, con sueldo mínimo o negociado, grupal o individualmente, con o sin brechas de género; 45, 41, o 40 horas semanales; con horarios flexibles o sin ellos; respeto a la diversidad sexual e institucionalización de aquella, son solo algunos de los impactos que las decisiones políticas imponen a la vida diaria de los ciudadanos sujetos a la fuerza impositiva del Estado una vez adoptada la decisión parlamentaria mayoritaria y firmado y publicado el nuevo acuerdo social respectivo por el Presidente. De allí su relevancia.

Los recursos fiscales provienen sustantivamente de impuestos que aquel recauda de cada uno de los ciudadanos, así como de la buena gestión de empresas públicas en áreas que, habitualmente, exigen de mercados amplios para ser relevantes en tal financiamiento (v.gr. cobre, petróleo, agricultura, etc). Las progresivamente crecientes necesidades de los pueblos y la expansión de sus derechos, incitan cada cierto tiempo a que, desde la política, se proponga aumentar la carga tributaria a compañías y personas, de manera de conseguir los recursos para materializar promesas formuladas en campañas electorales. Si la carga tributaria es excesiva, los recursos utilizables provendrán de más deuda nacional, pero, finalmente, lo que se podrá usar para resolver las necesidades sociales pendientes, quedará limitado al Presupuesto Nacional anual, el cual, además, deberá nutrir al conjunto de la administración del Estado y el gasto social comprometido en años anteriores. Por eso, unos sectores bregan por Estados más grandes, extensos e influyentes en la vida de las personas, incrementando las cargas tributarias; y otros por unos más pequeños, ágiles y robustos, disminuyéndolas, de modo de ampliar los recursos y espacios de una actividad innovadora, creativa y libre de ciudadanos cada vez más autoresponsables.

Así, cuando dichos aparentemente enormes caudales comienzan a asignarse al conjunto de la administración estatal, desde municipalidades hasta La Moneda, desde el ministerio de RR.EE hasta el del Interior, desde las policías a las FF.AA., desde el Sernac hasta el Sernam o el Senatur, la magia de los beneficios o la gratuidad de derechos sociales comienza a flaquear. Y cuando se los exige para hacer funcionar reformas que han sido irresponsable y alegremente aprobadas, se escucha el brutal choque de los deseos y la demagogia contra los “porfiados hechos”. Entonces, quienes aplaudían, vuelven a criticar las tantas veces advertidas consecuencias, y transformándolas en causas, claman por un aun mayor gasto para enfrentarlas y, otros más audaces, hasta por reformas, beneficios y tributos adicionales que recargan aún más a la ciudadanía y las empresas. Se traba así una lucha política constante entre más Estado o más ciudadanía y mercado, entre más igualdad asegurada por una redistribución forzada desde la política, o una mayor libertad para construir los propios proyectos de vida sobre la base del esfuerzo, trabajo y ahorro, sin más limitaciones que lo expresamente prohíbe la ley, la que, siendo el límite civilizatorio ya acordado, comienza a ser minada por los propios autores para ajustarse a las nuevas condiciones políticas.

Pero como para la política los votos son el capital y los electores sus accionistas, naturalmente, estos últimos preferirán a dirigentes que enfatizan en sus derechos (las utilidades) y no en los deberes (los costos), razón por la que pocos de aquellos mandatarios querrán advertir a sus votantes que no existe la salud ni la educación gratuita, que no hay mejores sueldos con menos horas de trabajo, que no hay jubilaciones más altas ahorrando solo el 10% del ingreso mensual. Es más simple afirmar que el Estado -es decir los contribuyentes- tiene los recursos para esto y aquello.

En ese entorno político-cultural de “verdades a medias”, pocos universitarios graduados con apoyo del Estado -buena parte en más años que los que exige la carrera- buscarán reintegrar, aunque sea en parte, los recursos que les fueron transferidos para asegurar sus mismos derechos a la siguiente generación (solo basta aumentar los tributos); o ayudar a trabajadores con menores ingresos, consecuencia de una semana laboral más corta (basta aumentar los sueldos); o reforzar los ingresos de jubilaciones decrecientes producto del envejecimiento de una fuerza laboral cuya pirámide etarea se ha invertido afectando los ingresos de las próximas generaciones y de trabajadores obligados a sostener a un número creciente de adultos mayores (basta aumentar la solidaridad intergeneracional). La política de los derechos, sin responsabilidad respecto de las consecuencias y un mal uso de mayorías políticas circunstanciales, termina pareciéndose al esquema Ponzi, donde los que llegan primero ganan y los que vienen después, pierden.

Dada la evidente responsabilidad que, desde la legislación y las reglas, tiene la política sobre el bienestar económico de millones de personas, sobre sus libertades y futuro, el creciente desinterés ciudadano en ella no se explica sino por la decepción que suscitan este tipo de promesas que no se cumplen y que reflejan o un uso corrupto de los poderes normativos, o una feroz incompetencia para utilizarlos innovadoramente, ayudando a generar condiciones económicas y sociales que faciliten las soluciones privadas de personas proactivas a los infinitos problemas públicos.

Demás parece señalar que un mayor alejamiento entre ciudadanos y dirigencias producto de esta insolvencia aumenta las condiciones térmicas para la emergencia de líderes outsiders, habitualmente voluntaristas, pragmáticos y populistas, que supuestamente “entienden las necesidades del electorado”, pero que no cuentan con visión estratégica, ni pueden solucionar los problemas reales de la escasez inmediata sin trasgredir el orden y legalidad vigente y, por tanto, amenazan principios caros de las democracias liberales.

Se trata, en definitiva, de entender que, dada la inevitabilidad de la escasez, aquella debe ser mirada no como un límite al desarrollo de sociedades más justas, solidarias y decentes -que las hay-, sino como un desafío a la innovación y creatividad que llama, por su parte, a la política a actuar como generadora de entornos jurídicos que permitan la convergencia entre las duras y porfiadas realidades económicas, con un inteligente aprovechamiento las propias señales de los mercados -que no son otra cosa que preferencias de los ciudadanos-consumidores- conciliando así la fuerza de los “espíritus animales” de la economía, con la sabiduría de una política racional y madura, única forma de concebir un legítimo orden en sociedades de personas, familias, grupos y comunidades libres y autónomas, cuyos bienes y servicios, trabajo y creatividad, se intercambian gracias a su calidad; y cuyos gobiernos son reputados internacionalmente como democracias libres, abiertas y respetuosas de los derechos de todos. (NP)

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