Editorial NP: Instituciones democráticas amenazadas

Editorial NP: Instituciones democráticas amenazadas

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Resulta curioso y hasta contradictorio que mientras una enorme mayoría ciudadana expresa en todos los sondeos de opinión pública su repudio y desconfianza ante los partidos y la clase política, al mismo tiempo, haya seguido con tanta constancia y fidelidad las directivas y opiniones de aquellos.

En efecto, como se recordará, durante el periodo más crítico de los días que siguieron al 18-O, las encuestas mostraban que las demandas de la ciudadanía movilizada -sin dirección aparente de partido alguno- aparecían apuntadas hacia la resolución de una extensa gama de exigencias socio-económicas -pensiones, salud, salarios, etc.- y socio-culturales -dignidad, igualdad, inclusividad-; mientras que, según un trabajo de un científico chileno radicado en EE.UU. que reunió esas demandas y las ordenó jerárquicamente, la exigencia por una “nueva constitución” se ubicaba en el piso de la prelación.

Así y todo, en el acuerdo de los partidos del 15 de noviembre de 2019 la clase política convino la realización de un plebiscito para elegir una convención constitucional que redactara una nueva carta, y aquella opinión pública, tan diversa y plural, fue finalmente convergiendo hasta coincidir en un 80% con la opción partidista de colectividades de izquierda y derecha que aprobaron el camino político que emergió de la revuelta. ¿Qué pasó?

Es probable que las promesas de los partidos de que un cambio constitucional -operando como una especie de saco sin fondo- permitiría resolver las demandas expresadas, hayan surtido efecto, aunque, por cierto, no haya relación directa entre un contrato social y la resolución de las aspiraciones que aquel contenga, pues el avance hacia la superación real de las necesidades planteadas pasa por un esfuerzo nacional que puede durar otros 30 años.

El despecho hacia los partidos, proveniente de su oligarquización y escándalos develados a contar de 2010, sin embargo, se expresó igual con fuerte baja de su popularidad en las encuestas y la continua emergencia de liderazgos “independientes” y “nuevos” desde movimientos sociales que han ido instalando sus propuestas específicas en las discusiones públicas sobre la constitución que queremos como “casa de todos”.

Lo que no resulta claro es cómo aquel movimiento ciudadano que repudia la acción partidaria y cuya estructura se caracteriza por una amplia diversidad de orgánicas “single issues” (A. Giddens) que reúnen a personas en torno a objetivos específicos y que, una vez conseguidos, se disuelven; que esos grupos circunstanciales que, sin la pretensión totalizante que exige la consistencia ideológica propia de los partidos -organizan un modo de ver el mundo- buscan, de pronto, engranar con una tarea compleja como redactar una constitución, instrumento que, precisamente, tiene por objetivo dar dirección y propósitos consistentes y generales a la nación.

No es claro tampoco cómo, desde una perspectiva de intereses específicos que terminan inundando el conjunto de los preceptos que deben integrarse a una carta, (aunque sin la coherencia que aquella exige para ser viable como brújula y manto protector respecto del poder del Estado o factual), tales grupos podrán confluir hacia propuestas que concilien tanta volición diversa.

Como es evidente, esta tarea es más propia de personas, grupos y organizaciones con cierta comprensión ontológica e ideológica del entorno, que les permite convenir con otros distintos en corpus de ideas, principios, valores y herramientas coherentes y aceptables para el conjunto que se busca conciliar en el acuerdo social. La democracia es un modelo de poder compartido, de tolerancia y convivencia plural que las sociedades libres van intentando mediante prueba y error, aunque aquello no sea problema para “democracias populares”, iliberales, autoritarias y unipartidistas que uniforman bajo la égida de la ideología dominante. Las simplificaciones y opiniones de propagandistas partidarios o activistas diversos no deberían ser consideradas parte del verdadero bagaje de análisis, investigación y trabajo serio de los partidos políticos bien constituidos.

Por eso, a pesar del repudio y desconfianza detectada por las encuestas respecto de los partidos, las personas “apolíticas” o “independientes” terminan casi siempre asumiendo posiciones y perspectivas que emanan de las colectividades, así como adoptando los instrumentos y metas que la política elabora día a día en sus cadenas de distribución ideológica. La situación actual de éstos podría asimilarse con las de las empresas, pues, a pesar del extendido repudio que ambas orgánicas sociales suscitan, su evidente utilidad y necesidad para la economía y la democracia, respectivamente, exige de su permanencia, haciendo su influencia y poder inevitable.

En el caso de la discusión sobre un tercer retiro de 10% de los ahorros previsionales -una propuesta emanada de parlamentarios y partidos que, dado el período preelectoral, ha arrastrado a casi el conjunto hacia su aprobación, no obstante promesas de que la operación inicial sería única e irrepetible- las colectividades han desarrollado una enorme creatividad jurídico constitucional para justificar, acoger y ajustar una medida cuya cualificación de mala política pública es universal, para evitar que el Tribunal Constitucional -al que recurrirá por mandato jurídico el Gobierno- vuelva a rechazar la propuesta por no ajustarse a la constitución vigente.

Se ha dicho, con liviandad propia de momentos de cambio, que el Ejecutivo no debería recurrir al citado tribunal de manera de evitar el rechazo generalizado que se produciría contra esa institución en caso de que emitiera una sentencia contraria. Como si cumplir la ley fuera un asunto de conveniencia y mayorías coyunturales. A mayor abundamiento, se advierte que, dada la cercanía de la elección de convencionales, ese rechazo pondría una lápida a la proyección del Tribunal en la nueva carta que comenzarán a discutir, pues la ciudadanía castigaría una decisión que va en contra de la voluntad mayoritaria en momentos en que, por lo demás, esta y otras instituciones comienzan a perder poder y legitimidad frente al surgimiento de las nuevas.

La advertencia muestra el grado de tensión que viven partidos e instituciones políticas democráticas frente al deterioro de su influencia social que, como vemos, pese a todo, mantienen, pero que no consiguen operacionalizar por sus deficiencias de liderazgo, administración y voluntad dirigente. Anonadados por encuestas y redes sociales, no terminan de asumir la responsabilidad de conducir, con arreglo a sus ideas, proyectos y programas, sino que se han dejado apabullar por las presiones de grupos sigle issue, movimientos sociales e independiente de toda especie que exigen prioridad a sus demandas y desordenan una discusión institucional racional y sensata, según tractos y protocolos republicanos vigentes entre los órganos que conforman la actual democracia.

Es decir, un movimiento social puede exigir que desaparezcan las AFP; un colegio profesional, cambios a la estrategia sanitaria del Gobierno; una central de trabajadores, un sueldo mínimo de $500 mil; pero es evidente que cada una de estas demandas deben ser procesadas con arreglo a la complejidad derivada de las múltiples correlaciones que cada cual tiene respecto de la intrincada red de vínculos que atan cada parte del edificio general de la República, una tarea que solo es asimilable por grupos dedicados a la gestión administrativa del Estado, es decir, los partidos.

La conducción social y política -el orden de la ciudad- exige mucho más que demandar con pasión y voluntad determinados requerimientos de los grupos de interés que conviven en sociedades libres. Requiere de coordinar y conciliar voluntades diversas y hasta contradictorias, así como conducir con inteligencia, decisión y firme voluntad las prelaciones que la razón impone, sin dejarse arrastrar por el alboroto de sectores cuyo propósito puede ser loable, pero que también pudiera resultar contrario al interés general.

La aparente descomposición de los partidos como entidades claves para el desarrollo de las democracias -en la medida que su gestión apunta al interés general, por sobre los particulares- no parece, pues, resultado de su inutilidad o de un inminente reemplazo de su quehacer por otras orgánicas, sino de la pérdida de visión y confianza de sus propios dirigentes que parecen estar viviendo similar crisis a la observada en ciertas empresas que estuvieron presionadas por la supervivencia. En tales casos suelen emerger tentaciones de malas prácticas, así como cierto pragmatismo perverso que deteriora no solo su actuar presente, sino que desestimula su crecimiento, potencialidad y progreso de largo plazo.

Los partidos seguirán siendo instituciones relevantes de la democracia liberal. No importa si son pocos o muchos, más grandes o más chicos. Finalmente, la ciudadanía requiere de estos grupos que organizan visión de mundo, de país o de gobierno y que, siendo conocedores de la estructura de los poderes y el Estado, son los que sustantivamente procesan las múltiples ideas, demandas, necesidades y sueños de los millones de personas que cohabitan en un país.

Los resultados de la próxima elección de convencionales, así como sus discusiones y resultados, deberían mostrar a un Chile que cuenta con un estamento ciudadano de alta educación política y cívica; y que los partidos, a pesar de todo, siguen teniendo gran influencia en una ciudadanía que, si bien le está cobrando la cuenta por su discutible labor e insuficiencias de conducción recientes, sigue recurriendo a sus productos ideológicos como fuente de inspiración para los suyos propios.

No habrá, pues, si se siguen respetando los acuerdos vigentes, lápida sobre las instituciones políticas y republicanas que están cumpliendo sus mandatos constitucionales dentro del marco del actual sistema jurídico, no obstante la desorientación observada en algunos agentes partidistas y parlamentarios producto de la barahúnda de aquellos grupos que pretenden reemplazar la representación de los partidos o desvirtuar su trabajo en momentos en los que su producción ideológica y sentido de interés general o bien común es vital para la sustentación de una democracia cuyo contrato social se encuentra en discusión. (NP)

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