Editorial NP: Hacia un acuerdo nacional por la democracia, orden y progreso

Editorial NP: Hacia un acuerdo nacional por la democracia, orden y progreso

Compartir

La exitosa continuidad del proceso constituyente chileno tras el mayoritario rechazo ciudadano a la propuesta de la convención del 2020 pende de los acuerdos a los que lleguen en las próximas semanas los partidos políticos con representación en el Congreso y respecto de lo cual aún circulan indeterminaciones muy profundas.

Como se sabe, aquellas van desde la legitimidad que tendría un convenio social conseguido por instituciones republicanas que presentan hoy escasa adhesión ciudadana, hasta dudas de que dichas colectividades consigan preinstalar un conjunto de “bordes”, “principios” o “coincidencias básicas” que enruten los pasos de la discusión interna de un nuevo conjunto de constituyentes y de manera que la anterior lógica de “la página en blanco” evite un nuevo intento de contrato ciudadano que, sin ciertos rieles, nuevamente descarrile, eternizando una carta magna aparentemente descartada por una gran mayoría.

En efecto, no obstante las contundentes señales que arrojó la votación de 13 millones de electores el 4 de septiembre pasado, las interpretaciones posibles del acto se han expresado amplia y libremente: desde aquellas que mediatizan sus efectos afirmando que, entre los que sufragaron Rechazo, hay al menos un tercio que dijeron No a la propuesta de la convención, pero ex ante habían expresado su aprobación a continuar con el proceso; hasta las que aseguran que otra gran mayoría del mismo grupo fue engañada por las “fake news” de la masiva y millonaria campaña de propaganda del Rechazo y que, de haberse comprendido el contenido de la propuesta, ésta habría resultado victoriosa. También, desde luego, las que afirman que la vanguardia de los cambios fue muy rápido o está muy adelantada frente a la limitada capacidad del pueblo para comprender el progreso que se le proponía en función de su mayor felicidad y vida buena.

Similar problema se observa entre quienes, poniendo en tela de juicio la validez jurídica de esta promovida continuidad del proceso, recuerdan que la reforma constitucional que mandató el curso concluido señala en su artículo 142 claramente que “si la cuestión planteada al electorado en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, continuará vigente la presente Constitución”. De este modo, indican, si se insiste en una carta alternativa, lo que corresponde es acordar otra reforma a la vigente y diseñar un curso de acción que debería incluir un plebiscito de entrada, que reafirme o no la supuesta preferencia mayoritaria de los chilenos en diseñar otra constitución; un mecanismo y/o equipo redactor, su conformación en cantidad y calidades, así como el sistema electoral pertinente y un plebiscito ratificatorio de salida.

Por cierto, rechazan -y no sin razón jurídica- el argumento del presidente de la República quien afirmara que, no obstante la victoria del Rechazo, el proceso constituyente debía continuar, habida consideración que la inmensa mayoría de ciudadanos (78%/5,9 millones de personas) “Aprobó” el cambio constitucional en el plebiscito de entrada, dando de baja al actual contrato. Pero, en el de salida, quienes votaron Rechazo subieron a los 7,9 millones (62%), es decir, 2 millones de votantes más que quienes aprobaron redactar una nueva constitución y, por consiguiente, siguiendo la normativa vigente una vez rechazada la propuesta, rige la actual carta.

Desde luego, se trata de una postura legalista, pero que ciega a la indispensable perspectiva política del fenómeno pues, si bien jurídicamente la postura de aquellos es consistente, la noción de mayoría, sin el auxilio del contexto, puede llevar a errores de diagnóstico cuyas consecuencias sociales son, la mayoría de las veces, luctuosas y, en el caso de marras, dichas circunstancias cobran gran peso en la medida que en el origen del proceso, más allá de los diversos relatos que puedan explicarlo, se encuentra en una demasiado prolongada divergencia de las elites en la que sus expresiones populares han elevado peligrosamente el costo del sostenimiento pertinaz de un contrato que, como decía un destacado político y empresario de la plaza, “Cuando la empresa está funcionando, nadie se acuerda del contrato, pero sacado el contrato de la caja fuerte para revisarlo, es señal que los accionistas ya están divididos en sus propósitos y que la viabilidad de la sociedad corre peligro”.

Es decir, si bien es cierto el acuerdo del 15 de noviembre de 2019 aportó con una salida pacífica a la infausta revuelta iniciada en 18 de octubre de ese mismo año, y que el plebiscito acordado, tanto para la redacción de la carta, como para el órgano encargado de hacerlo, tuvo un extendido apoyo pero que, a pesar de eso, su trabajo no fue ratificado en el de salida por otra inmensa mayoría, lo cierto es que, como dijera el propio mandatario, la voluntad popular tiene oscilaciones -sabias o no- que ponen en tela de juicio su pertinencia como decisiones ad aeternum y que, por consiguiente, deben revisarse continuamente, tal como los fundadores de la democracia recomendaron, al proponer el repetido cambio de autoridades al mando de la república, único modo de contener la tentación del poder omnímodo y sin oposiciones, o lo que J. Stuart Mills llamó la “tiranía de las mayorías”.

Y es precisamente la constatación empírica de este fenómeno la que ha recomendado históricamente que si bien se consulte la voluntad popular periódicamente, son realmente sus mandos o elites sociales, culturales, políticas, culturales, las que actúan en el día a día como representantes de esa voluntad, buscando los equilibrios de poder que hagan posible que, como resultado de sus negociaciones -despectivamente redenominadas hoy como “cocina”- ningún sector de la población se sienta ajeno o discriminado en sus intereses efectivos. Se trata de una tarea nada simple que, por lo demás, no solo posibilita el mejor o peor rodaje de los gobiernos, sino que, por sus naturales insuficiencias, ha contribuido al profundo rebaraje de cartas representativas en el escenario político nacional -y del mundo- y a la actual pérdida de autoridad y legitimidad de partidos e instituciones representativas, como el Congreso y el Ejecutivo, y que, con seguridad, darán vida y estructura a un nuevo cuadro político partidario en los próximos meses y años y así sucesivamente.

En tal marco, ¿podrá el actual conjunto de dirigentes políticos reunidos en torno al espectro de partidos legalmente constituidos, el Congreso y Poder Ejecutivo, llegar a un acuerdo nacional que posibilite una nueva convergencia de las elites en función de un prospecto país que le otorgue un nuevo envión a las esperanzas y perspectivas de los chilenos gracias a un mejor ambiente de convivencia que deje atrás las divergencia que están haciendo rotar el barco en círculos interminables producto de remeros de izquierda que bogan hacia el oriente y de derecha que lo hacen hacia occidente?

Por de pronto, pareciera que los resultados del plebiscito han alineado, al menos a ciertos sectores del Ejecutivo y el Legislativo, así como de partidos oficialistas y de oposición, en la búsqueda sincera de bases mínimas de consenso respecto del país que queremos, cada cual poniendo sobre la mesa principios básicos intransables en materia de construcción de una estructura institucional que otorgue a las personas individuales -que son quienes sienten- un entorno democrático que asegure sus derechos humanos, sus libertades y derechos sociales, igualdad de oportunidades, solidaridad social y una justicia impersonal, no discriminatoria y autónoma de poderes institucionales y fácticos.

El cruce de esos propósitos permitirá, eventualmente, observar las coincidencias existentes entre los diversos grupos políticos, sociales, culturales y económicos, así como sus inevitables diferencias, que son, por lo demás, la masa de trabajo y diversidad de amasijos de que trata la vida política diaria en las democracias liberales mientras la ciudadanía duerme, así como las diferentes configuraciones que compiten por más o menos Estado presente en las vidas de las personas, administradas mediante leyes que obligan y conducen; o por más o menos libertades de hacer, emprender, trabajar y elegir, trasladando así a las personas la mayor responsabilidad posible de desarrollo de sus propios objetivos de vida, sin que los proyectos nacionales ahoguen los personales.

Un acuerdo amplio que dirima las bases contractuales de una nueva república democrático liberal, unitaria, social y de Derecho, con división de sus poderes mayoritarios Ejecutivo y Legislativo, con dos cámaras complementarias y paritarias; un poder judicial único e independiente, con poderes contramayoritarios expresados en un Banco Central autónomo y un Tribunal Constitucional; FF.AA. profesionales y no deliberantes, así como derechos consagrados a la salud, educación, seguridad ciudadana y social y vivienda, podrían conformar los bordes del carril que conduzca las deliberaciones de una nueva reunión de constituyentes, ciento por ciento elegida, con paridad de género, participación proporcional de pueblos originarios e independientes y un sistema electoral que asegure la mas justa representación social de la ciudadanía.

Junto con la definición de esos “mínimos comunes”, se ha propuesto -con el apoyo inicial de al menos el 50% de los encuestados en recientes sondeos- que la nueva asamblea opere de consuno con una comisión de expertos constitucionalistas, representativa de las diversas corrientes políticas y escuelas de pensamiento jurídico, que, por así decirlo, ofrezcan su experiencia para evitar que la nueva propuesta no solo esté exenta de los errores por insuficiente información especializada de los ciudadanos electos, sino que alerten a los mismos ante desviaciones barrocas que llenen la carta de detalles cuyos efectos terminen por alterar la viabilidad programática de los partidos y movimientos democráticos que actuarán en el nuevo escenario político.

La idea que subyace en la existencia del órgano experto es su aporte a un más rápido y eficiente desate de los previsibles nudos de diferencias políticas, en el entendido que la mayoría de las personas no solo muestran ya cierto hastío por el largo e impredecible proceso anterior y esperan una rápida resolución del impasse -no más allá de 2023- para dar pasos firmes y decididos a aquel reiterado llamado ciudadanos a ocuparse ciento por ciento de los problemas “reales” y más urgentes de las personas, con todas las fuerzas del Estado y de sus elites, sino que resulta cada vez más imperativo terminar con la incerteza jurídica que este interregno genera a inversionistas y emprendedores nacionales y extranjeros y que, además, ha sorprendido a Chile en el peor escenario económico político internacional posible.

Esa idea instalada en el sentido de que la citada comisión pudiera ser un obstáculo para una más libre deliberación interna de los redactores de la nueva carta, obvia el hecho evidente de que tal inquietud es tanto posible como injustificada, tal como lo es la inercial influencia político cultural con la que los elegidos llegan a las deliberaciones y cuyo impacto en la reciente convención fue tanto o más sustantivo que el de un eventual grupo técnico que la hubiera podido asesorar en sus disquisiciones políticas. Se trata aquí, más bien, de la mejor o peor voluntad de los ciudadanos electos de explicar, escuchar, convencer y/o dejarse convencer en aquellas posturas que lealmente entiendan como las mejores para Chile y que, en las respectivas votaciones, gocen de la convergencia mayoritaria que se decida como real reflejo de dicha voluntad, sin tener que dejar fuera aspectos centrales de una constitución debido a la imposibilidad de conseguir mayorías y trasladando la tarea al Congreso en su posterior proceso de bajada de las leyes pertinentes.

En un eventual marco de circunstancias como el citado, los sectores cuya visión del Chile futuro va más allá de las concepciones democráticas tradicionales, que estiman que el Estado es, en realidad, un instrumento de dominación de clases y que estratégicamente apuntan a una suerte de refundación del país, sobre nuevas bases y estructura política, económica, social y cultural ¿estarán en disposición de suscribir este nuevo contrato lealmente o continuarán en una lucha de zapa para perforar las bases de esa nueva democracia hasta conseguir sus propósitos revolucionarios?

Si aquello sucediera, todo el trabajo de convergencia que las elites democráticas están realizando podría ser perfectamente inútil para efectos del propósito estratégico por el cual la sociedad chilena ingresó en esta fase constituyente en la que continúa desde octubre de 2019 y cuyo objetivo es conseguir un mayoritario convenio de reajuste del poder político estatal y de aspectos de la estructura socio-económica, que pacifique los ánimos, evite la legitimación de la revuelta y de la violencia como instrumento político de modo expreso o debido al silencio cómplice que una parte de la ciudadanía que la sigue validando como supuesta justa reacción a desigualdades, abusos y/o diferencias indignantes.

De allí que, quienes buscan normalizar y estabilizar la situación del país a la brevedad se declaren promotores activos de un nuevo contrato social que deje definitivamente atrás el persistente clivaje entre el Si y el No, entre la Constitución de Pinochet y sus detractores, tal como todavía se apreció en la reciente campaña plebiscitaria. A su turno, quienes habiendo votado Apruebo fustigan la urgencia con que otros sectores han puesto en marcha el nuevo proceso, sus bases y/o metodología, obstaculizando un más rápido avance, actúan casi de igual modo que quienes no quieren reemplazar la actual carta, en la medida que su vigencia da nuevos y polarizados bríos a fuerzas que mantienen su identidad atada a viejos paradigmas de los ‘70 del siglo pasado y porque una nueva carta terminaría por cerrar el capítulo histórico iniciado en 1970 y que dio lugar a la controvertida carta de 1980.

Por su parte, quienes expresan su preferencia por una salida como la señalada creen que se restaura el animus societatis republicano y los socios del proyecto Chile Tricentenario, bajo un nuevo convenio, pueden trabajar sin mochilas del pasado en restituir la legitimidad de las hoy deterioradas instituciones democráticas y de sus propias colectividades políticas. Sin cargas del pasado, los diversos colectivos pueden volver a confluir sin culpas en un proyecto nacional regido por un contrato masivamente aprobado, en el que fuerzas de izquierdas y derechas, de arriba y abajo, trabajadores y empresarios, ricos y pobres, dibujen un destino común, restaurando así las dignidades ofendidas por las alternativas violencias de las partes.

La dignidad, entendida como la “cualidad del que se hace valer como persona, se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás y no deja que lo humillen ni degraden” es el sentimiento sustantivo que hace viable una democracia respetuosa de los DD.HH. y de la libertad de cada quien para construir el propio futuro, así como una revivificada solidaridad social y subsidiaria con el que no logra hacerlo por sí mismo, pero que ve al otro a un igual en dignidad y derechos y respecto de quien la mano del quien da no está nunca por sobre del que recibe. (NP)