Editorial NP: Filtración, plataforma y estrategia nacional

Editorial NP: Filtración, plataforma y estrategia nacional

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La filtración de un audio no autorizado de una reunión en Cancillería en el que la ministra Antonia Urrejola y su equipo cercano discutían la respuesta a dichos públicos del embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, y referidos, entre otros temas, al efecto que el rechazo del proyecto Dominga ha tenido en los vínculos comerciales y de integración entre ambas naciones, se ha centrado, infaustamente, en el desinhibido lenguaje utilizado por los protagonistas, al tiempo que, dadas unas declaraciones del presidente trasandino en las que restó relevancia al tema, el Gobierno le ha bajado el perfil a un hecho que, por sobre sus formas, revela una peligrosa ignorancia del equipo de exteriores sobre cuestiones geopolíticas y limítrofes que atingen a los dos países.

En efecto, en el audio, en el que también participan el secretario general y el director de Planificación de dicho ministerio, la embajadora jefa de gabinete de la Canciller, Carola Muñoz, no solo critica abiertamente a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Ximena Fuentes, ante su superiora directa, sino que afirma que “ella estuvo detrás de la decisión de no advertirle a los argentinos que venía la hueá de la plataforma, que es lo que reclama Bielsa (…). En la hueá de fondo, Bielsa tiene toda la razón”.

Muñoz se refiere así a la presentación ante el organismo internacional competente realizada por Chile, a través del Canciller Andrés Allamand, en 2021-2022, con la actualización de los límites exteriores de su plataforma continental magallánico-antártica, acción que, según se puede apreciar de las conversaciones, el secretario general de política exterior del Ministerio (el diplomático de carrera de más alto rango en el encuentro y de militancia PS) considera un error del anterior Gobierno.

Como se sabe, el interés argentino por el yacimiento Dominga se vincula a la construcción del Paso internacional de Agua Negra, cuya propuesta se remonta a 1997, cuando los presidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Carlos Menem firmaron un Acuerdo Complementario sobre apertura y cierre de pasos fronterizos. En él, Argentina demandó la inclusión de un paso fronterizo abierto permanentemente en ese sector de la cordillera de los Andes y, la parte chilena, un paso fronterizo abierto permanentemente en el canal Beagle, entre bahía de Almanza (Argentina) y Puerto Williams-Navarino (Chile). Pero, mientras que con el aporte del Fisco chileno el paso de Agua Negra aspira ya a convertirse en un túnel internacional y posibilita durante buena parte del año tránsito de vehículos menores y buses, el paso desde Almanza que debía permitir el aprovisionamiento de Puerto Williams nunca funcionó.

Es decir, el proyecto Dominga y la nueva suspensión que irritó al embajador trasandino inciden en las perspectivas del Acuerdo Complementario sobre el Proyecto Túnel Internacional Paso de Agua Negra (2014), iniciado con el propósito permitir el acceso de la producción del noroeste argentino a los mercados de la Cuenca del Pacífico, en lo que es una prioridad estratégica de la geopolítica argentina. El nuevo traspié del proyecto minero y portuario chileno, tras diez años de tramitación, representa, en consecuencia, un detrimento para sus aspiraciones. De esta forma, el embajador Bielsa no ha hecho sino manifestar su frustración y la de su país ante el rechazo por parte de un Gobierno ideológicamente cercano -un interés nacional por sobre la solidaridad internacional- de una iniciativa contenida en los acuerdos complementarios al Tratado de Maipú, suscrito a fines de octubre de 2009 por las expresidentas Michelle Bachelet y Cristina Fernández.

En lo que al fondo de este ingrato impasse importa, entonces, los comentarios del secretario general de la Cancillería y de la embajadora jefe de Gabinete, relativos a las quejas del embajador sobre el modo en que Chile informó sobre la actualización de los límites exteriores de su plataforma continental, parecieran desconocer el hecho estratégico de que la negativa trasandina a cumplir con el compromiso formal de un paso abierto permanentemente entre bahía de Almanza y Puerto Williams se debe a que, su puesta en marcha, puede perjudicar el posicionamiento de Ushuaia, centro desde el cual Argentina pretende proyectar su presencia hacia el Mar Austral y la Antártica.

Esto, a su turno, es también el motivo por el cual, sin consultar a Chile, en la presentación de 2009 en que Argentina fijó los límites de sus aspiraciones de plataforma continental más allá de las 200 millas, ésta incluyó una curiosa punta de varios miles de kilómetros cuadrados que, proyectada desde la extremidad de Tierra del Fuego, se sobrepone a espacios delimitados por el Tratado de Paz y Amistad de 1984, tal como lo señala el experto en estas materias, Jorge G. Guzmán. Así, pues, Argentina ha seguido buscado resucitar su propia propuesta de Estado conocida como principio bioceánico, que ya fuera desechada por el Laudo Arbitral de 1977 y por la Mediación Papal. Es decir, de nuevo un interés nacional que se ubica por sobre conveniencias partisanas coyunturales y que parecieran dominar el raciocinio de los reunidos en la Cancillería chilena.

Esta acción unilateral de Argentina y, por cierto, tampoco informada a Chile, es la que modificó la forma de gestión del Tratado de Paz y Amistad obligando a que nuestro país tuviera que actualizar los límites de su propia proyección submarina, de modo de resguardar sus legítimos derechos en esa área, cuidando que informaciones a destiempo y entregadas con la ingenuidad de quien negocia confiadamente con un amigo, no afectaran los intereses de Chile. Es esto lo que pareciera que el diplomático chileno de carrera y la embajadora jefa de gabinete interpretan como “un error”, no solo del excanciller Allamand, sino que de la propia actual subsecretaria de Relaciones Exteriores.

Se puede entender que jóvenes ganosos y entusiastas, desinhibidos en la confianza de la privacidad y cercanía, trasgredan normas de etiqueta lingüística para dar paso a una verba vulgar a la que la pasión por el trabajo abre las puertas no en pocas ocasiones. Sin embargo, resulta inadmisible -porque pone en riesgo la propia estructura de límites del territorio nacional- que altas autoridades de Cancillería entreguen opiniones -ahora públicas- en las que las tesis estratégicas de defensa territorial del Estado chileno se ponen en tela de juicio, otorgando elementos a pretensiones de naciones limítrofes con las que -no es un misterio- dado el vínculo vecinal, siempre habrá espacios para la discordia y que, como se sabe, hacia fines del siglo pasado estuvieron a punto de arrastrarnos a una guerra.

Miradas así las cosas, no es inexplicable la reacción del presidente argentino ante la difusión de la filtración que ahora se encuentra en indagación por la Fiscalía y de la cual ya hay otro hilo delgado que se cortó con la exoneración de la periodista que grabó la conversación, pues, en los hechos, los diálogos trascendidos parecen mostrar a una Cancillería y a parte de sus máximas autoridades como simpatizantes de hipótesis geopolíticas trasandinas respecto del territorio magallánico-antártico. Seguramente en los pasillos del ministerio de RR.EE., en Buenos Aires, se estará recomendando una “protección política” aun más decidida para el inexperto equipo chileno cuya vocación de amistad e internacionalismo no repara en los necesarios resguardos de información sensible frente a otros Estados, aunque solo si en aquellos gobiernan cercanos a sus ideas.

Los Estados son organizaciones humanas cuyo propósito central es su propia supervivencia, la mantención del orden y paz interna basada en leyes y separación de poderes, así como la defensa de su territorio de la acción de fuerzas externas con objetivos de señorío. Su desenvolvimiento como Estado  -con sus respectivos matices partisanos- debe ser consistente con los desafíos que su poder nacional encara durante su crecimiento y desarrollo. Este fenómeno siempre va acompañado de un aumento de las necesidades de defensa diplomática y bélica, así como de una indispensable consolidación de su territorio y estabilización de sus fronteras de modo de evitar situaciones de conflicto que, por irresolución, pudieran llevar a diferendos diplomáticos o, finalmente, de “ultima ratio”, producto de amenazas a su soberanía, una que puede ser instantánea en casos de conflagración, pero también, lenta e inexorable, merced a mejores manejos de la diplomacia de uno u otro Estado.

La tarea de Cancillería en estas materias es, pues, de vital relevancia en la medida que su labor está vinculada no solo al buen funcionamiento de las relaciones culturales, políticas, sociales y económicas con las otras naciones del mundo, sino también, en el mantenimiento y perfeccionamiento de una estrategia nacional de seguridad que, mediante el poder del discurso y juicios fundados -que se entienden del Estado y nunca partisanos- debe expresar ante los organismos internacionales y demás países mediante ese soft power que caracteriza los vínculos en momentos de normalidad. Pero, además, de un discurso consistente y coherente que ajusta periódicamente las bases de la defensa diplomática de intereses de largo plazo, el que no solo valida la eventual decisión de “ultima ratio” en caso de agresión, sino que explica a su ciudadanía la legitimidad de sus acciones.

La ideología según la cual el Estado es definido como una organización de clase, empero, divide esta lógica de unidad nacional en intereses divergentes, pues aquel representaría solo las aspiraciones de la clase dominante, sin considerar los de la clase proletaria, obrera o pueblo, una lógica que, como se sabe, ha conducido históricamente al llamado “internacionalismo proletario” y que, para la izquierda del siglo XXI, ha tomado la forma de “solidaridad internacional”. Se conciben así las relaciones externas como una promoción de acciones destinadas a cierta unidad ideológica y económica de bloques de naciones (v.gr. bolivarianismo, indigenismo), aunque sin considerar que en el proceso de convergencia ideológica se deberán también atender intereses que, como Estados, muchas veces son contradictorios y que explican los innumerables incordios fronterizos, comerciales y culturales que periódicamente se observan en todo el orbe.

Pareciera demás señalar que los Estados -como abstracción institucional- no son realmente sujetos de “moralidad” que no sea la derivada de la muy reciente adopción de la Carta Universal de Derechos Humanos (1948) cuyos principios, tras 75 años de vigencia, se siguen incumpliendo cuando las razones de Estado lo aconsejan. Es sobre dicha carta y su respeto que el presidente ha sustanciado su política exterior e interna, no obstante que, en su práctica diaria, conducida por personas que, esas sí, deben encarar conflictos éticos al priorizar la ejecución de sus programas enfrentando bienes en colisión o simplemente de exigencia simultánea que producen daños y afectan derechos, pero aun así, se ven conminados a optar. Desde luego, quienes son dejados de lado en la determinación verán la acción del Estado como discrecional e injusta, (mala en términos morales), mientras que quienes son favorecidos, aplaudirán la decisión y la calificarán como justa y necesaria.

Si a ese escenario se le añade el concepto ideológico de clase, es evidente que sus cultores terminan por adoptar determinaciones cuyo contenido clasista e internacionalista -derivado, a su turno, de su lucha “antiimperialista”, es decir, contra quienes tienen el poder nacional rector, aunque en todo el mundo- se manifestará sobre aquellas bases políticas.

Así, como la democracia liberal, a pesar de todas de todas las imprecaciones de sus críticos, permite que los “dominados”, a través de elecciones libres, abiertas e informadas, alcancen el poder del Estado clasista y que tal fenómeno puede, además, expresarse o impulsarse simultáneamente en áreas amplias de un territorio internacional en ciertas coyunturas, quienes descansan sus decisiones en esa lógica de clases, tienden a engañarse con la fantasía de que la similitud ideológica podría permitir un tipo de relación multinacional despejada de los intereses de los “poderosos”. Se olvidan, quienes así razonan, de los múltiples conflictos con objetivos de dominación nacional de Estados clasistas, justicialistas o populistas sobre “hermanos menores” ideológicos (v.gr. Hungría, Checoeslovaquia, Yugoeslavia, Polonia, Afganistán), así como de los luctuosos hechos que rodean las luchas por la hegemonía de sus respectivos sectores competitivos.

Desde luego, la política y la geopolítica, como la física, no acepta espacios vacíos y donde hay un vacío de poder, aquel será llenado por alguien. Es que, tanto en el Estado, como en la lucha por el poder político, sus protagonistas revisan la conveniencia de cada acto respecto de sus objetivos y estrategias para conseguirlo o sostenerlo y, para tales efectos, sus dirigentes -en especial en las grandes potencias- tienden a hacer “lo que hay que hacer” para enfrentar sus respectivas amenazas, sin más consideraciones que la protección de sus intereses nacionales propios.

No es, pues, una política de relaciones internacionales aconsejable una que se nutra de la lógica partisana o ideológico clasista, ni menos una cuyos conductores desconozcan en profundidad los intereses de largo plazo que sostienen las columnas de la nacionalidad y la seguridad del Estado y sus habitantes. La ciudadanía que constituye un Estado no tiene porque, enfrentado a “errores”, “desprolijidades” o simple irresponsabilidad e ignorancia de sus dirigentes, sufrir las consecuencias de conflictos innecesarios o, a mayor abundamiento, derrotas diplomáticas y/o pérdidas de soberanía territorial, evento en el cual, como se sabe, una vez que ocurre, todos quienes habitan la nación, dominantes y dominados, elites y pueblo, burgueses y proletarios, sufren similares consecuencias como las que la historia nos muestra hasta el hartazgo. (NP)