El 1º de octubre se celebrará la lectura de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia por la demanda marítima boliviana. Aunque la Corte se pronunciará exclusivamente sobre los llamados “derechos expectaticios” de Bolivia respecto de una supuesta obligación de Chile de sentarse a negociar de buena fe una solución para su mediterraneidad, la estrategia multidimensional de La Paz ha suscitado en el país una cierta inquietud sobre la eventualidad de que el Tribunal internacional dicte una sentencia desfavorable a la postura chilena, en el sentido de que nuestro país no tiene problemas limítrofes pendientes con Bolivia y que, por consiguiente, no hay nada que negociar más allá de lo ya establecido en el Tratado de 1904 vigente para ambas naciones.
La inquietud de diversos sectores nacionales no es trivial, en la medida que, por una parte, la experiencia chilena en estos juicios no ha sido satisfactoria en los diversos casos recientes de diferendos con naciones vecinas y, por otra, porque la eventualidad de que la Corte obligue a Chile a sentarse a negociar una solución para la mediterraneidad de Bolivia, podría transformarse en el primer movimiento de una serie de otros posibles en el tablero de las polémicas jurídicas a que nos ha llevado el vecino país, cuyo objetivo histórico reconocido por las propias autoridades altiplánicas es una “salida soberana al mar Pacífico”.
Aunque por cierto la estrategia del Gobierno de La Paz ha estado subsumida en un marco pleno de zigzagueos, reinterpretaciones del derecho internacional e imprecisiones jurídicas que los ha obligado, desde la Excepción Preliminar en que planteó su reivindicación central, hasta previo a la sentencia en que fueron impelidos a definir específicamente que entienden por “salida soberana al mar”, aquella no ha sido inconsistente con la multidimensionalidad que el vecino país ha planteado para avanzar en sus propósitos, esgrimiendo desde fundamentos jurídicos -débil y contradictoriamente sostenidos- hasta el uso permanente de alegatos políticos, comunicacionales, económicos y hasta presiones divisorias de la propia ciudadanía chilena, que La Paz ha manejado con astucia y persistencia en diversos foros, irrespetando, sin consecuencias, el carácter bilateral del litigio que solo atañe a ambas naciones.
Por de pronto, los propios “derechos expectaticios” respecto de los que se deberá pronunciar la Corte, constituyen parte de esa “estrategia creativa”, los que, si bien son reconocidos por el derecho internacional y existe precedente en un caso instalado en el mismo tribunal, Bolivia ha arremetido con aquellos para obligar a Chile a negociar alguna solución nunca bien definida y abriéndose nuevamente a la creatividad respecto de las posibles fórmulas de arreglo, las que van desde enclaves, pasillos, hasta zonas de libre acceso que no incluyan soberanía en el sentido tradicional.
Pero, hay más. En sus fundamentos, Bolivia ha señalado que Chile tiene esta obligación respecto de sus expectativas nacidas del flujo de las más de una decena de negociaciones realizadas entre Santiago y La Paz en las que Chile ha propuesto salidas al problema, pero que Bolivia ha terminado por rechazar, razón demás para afirmar que tales derechos a la negociación de buena fe exigida ya han sido satisfechos a plenitud por nuestro país, incluso yendo más allá de los términos del Tratado de 1904, cuando el Gobierno militar ofreció un canje de territorios a Bolivia en el Encuentro de Charaña.
Las indefiniciones, idas y vueltas e imprecisiones jurídicas de Bolivia en este caso, así como su centralidad en el activismo más bien político y comunicacional en los diversos foros internacionales, su victimización con toques racistas, la modificación constitucional de 2009 que reivindica territorio chileno para una salida al mar, llamados “a derramar sangre” y dramáticos alegatos de “explotación imperial” de su economía en este proceso, solo son explicables por una convicción no confesada de las autoridades de La Paz de que a Chile le asiste la total razón jurídica, pues éste no solo ha cumplido plena y abundantemente con sus compromisos adquiridos en 1904 y posteriores, sino que, además, ha estado siempre dispuesto a negociar acuerdos que les permitan resolver una mediterraneidad que aquellos han empleado por décadas como razón para explicar sus problemas económicos, sociales y políticos.
En efecto, resulta curioso que los momentos de agudización del enfrentamiento con Chile se produzcan siempre en períodos pre-electorales, un hecho que podría insinuar un uso indebido de estas banderas para objetivos de política interna y que el propio Canciller chileno ha planteado, obligando a su par altiplánico a afirmar que “Morales no requiere de demandas para ganar elecciones”.
La incógnita respecto de cómo fallará la Corte está abierta y la sensibilidad de los actores chilenos respecto del tema no es baladí, dada las malas experiencias anteriores en este Tribunal. De hecho, pareciera que es precisamente esta historia la que ha estimulado a La Paz ha insistir en el camino de las demandas persistentes contra Chile y que bien se podrían extender con la demanda, ahora planteada por Chile, en torno al río Silala.
Sin embargo, si la Corte falla en derecho, el peor escenario al que se enfrenta el país es sentarse a negociar con las autoridades bolivianas, tal como, por lo demás, lo ha hecho en las últimas décadas, puesto que, si el Tribunal es coherente con lo que dijo en la sentencia de la Excepción Preliminar -que no es competente para determinar el resultado al que se debe llegar por la negociación- solo puede declarar una obligación de conducta, pero no de resultado.
La ley, aún con sentencias que pudieran no satisfacer nuestras aspiraciones, es protección del más débil. Y aunque La Paz ha intentado difundir la idea, no somos ni hemos sido los “matones del barrio”. De allí que, no obstante fallos de dudosa legitimidad jurídica en los que el país ha perdido territorios soberanos, Chile debe seguir confiando en el derecho internacional como fuente de su protección estratégica frente a los poderes mundiales, incluso en el evento que la Corte otorgara razón a Bolivia en su propósito de exigir una nueva negociación. Como hemos visto, ésta no tiene efecto alguno en los actuales límites soberanos, ni la eventual negociación ningún impacto obligado en aquellos, tal y como, por lo demás, lo aclaró tempranamente la Corte Internacional.
Conversar no humilla a nadie y, por el contrario, en una eventual nueva negociación se podrían abrir las puertas para que ambas naciones -irremediablemente unidas por su vecindad- reanuden un camino de colaboración que Chile ha ofrecido permanentemente y que permita demostrar, finalmente, que la mediterraneidad de Bolivia es solo un dato geográfico que no explica, no ha explicado, ni lo hará, los pasados y actuales problemas de esa nación. (NP)
