Una de las tensiones persistentes de la política contemporánea radica en la compleja relación existente entre la popularidad de los gobiernos expresada en las encuestas y sus propias convicciones doctrinarias. En teoría, y para ser consistentes, los gobiernos que se sostienen sobre principios firmes no deberían alterar su curso de acción como respuesta a las naturales fluctuaciones de los sondeos políticos. La lógica que subyace a este enfoque es clara: cuando la acción política se funda en convicciones profundas -y no en cálculos electorales o presiones coyunturales- los resultados esperados no dependen de la disponibilidad de mayorías circunstanciales, sino de la coherencia de un proyecto que se asume como verdadero en sí mismo. Y es que, como dijera Joseph Ratzinger en su momento “la verdad no es un asunto de mayorías”, afirmación que no solo puso en el ámbito de la polémica el principal mecanismo de la democracia, sino también tradicionales dichos de la propia iglesia como “vox populi, vox Dei”.

Desde esa perspectiva, no resulta extraño que sectores de la derecha más doctrinaria hayan acusado históricamente a la centroderecha de carecer de firmeza, acuñando calificativos como el de “derechita cobarde”. La crítica apunta precisamente a aquella disposición de moderar o alterar decisiones en función del clima de opinión y de las necesarias transacciones que posibilitan mayorías legislativas, debilitando así, empero, la consistencia del rumbo político. Si se toma en serio esta distinción, entonces la actual caída en las encuestas del Gobierno no debiera tener un impacto sustantivo en su conducción.

En efecto, las mediciones de popularidad que en las últimas semanas han mostrado un descenso sostenido en el respaldo al Ejecutivo no necesariamente deberían traducirse en giros estratégicos. Tampoco la oposición debiera esperar que estos indicadores fuercen un cambio de posturas del Gobierno en lo que son sus políticas claves y que constituyen el cimiento sobre el cual la derecha alcanzó el Ejecutivo. Un gobierno que se concibe a sí mismo como portador de un mandato basado en convicciones y no en negociaciones, tenderá a perseverar, incluso en contextos adversos, bajo la premisa de que los resultados de su gestión se validarán en el tiempo y se mostrarán verdaderos en tanto soluciones a los grandes problemas sociales actuales.

En esa lógica, es plausible que en La Moneda se estime que las actuales dificultades -marcadas por un escenario económico complejo, ajustes como el del Mepco y presiones inflacionarias producto de la crisis en Medio Oriente- sean transitorias. La expectativa sería que, una vez que las medidas comiencen a rendir frutos, el pesimismo económico debería ceder y con él también la desaprobación ciudadana. Las encuestas, en ese escenario, no serían pues una buena brújula para la acción política inmediata, sino una fotografía de un proceso aún en desarrollo.

Al mismo tiempo, el oficialismo parece apostar a que eventuales intentos de rearticulación de protestas masivas por parte de sectores de izquierda más radicales no lograrán consolidarse. Demás parece recalcar el magro favor que alumnos de ultraizquierda de la Universidad Austral la hicieron a tal estrategia con la agresión a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, cuyas calidades en los ámbitos del género, estamento y etnia la hacían el peor foco de agresión para una izquierda que hasta hace poco se definía a sí misma como defensora de los pobres y capas medias, las mujeres y los pueblos originarios por antonomasia.

En vez de aquello -y los resultados de las recientes elecciones debieran haber bastado como enseñanza- la ciudadanía hoy presenta una demanda predominante por estabilidad, orden y no violencia, condiciones que permiten el progreso material y espiritual, ambas predisposiciones que limitan y limitarán la capacidad de convocatoria de movilizaciones que apelen a la confrontación tan propias de una izquierda desarrollada culturalmente en la idea de que “la violencia es la partera de la historia”.

Este diagnóstico, a pesar de todo, no está exento de riesgos. La distancia entre convicción y realidad puede volverse problemática si las expectativas de mejoras no se materializan en los plazos que las expectativas hicieron previsibles. Gobernar de espaldas a las señales sociales bajo la premisa de que el tiempo dará la razón exige no solo un alto grado de convicción, sino también de una cuota de prudencia y flexibilidad nada irrelevante. La historia política reciente muestra que la persistencia de acción sin resultados puede erosionar no solo la popularidad, sino también la legitimidad política de un Gobierno mayoritario.

Con todo, el dilema permanece: ¿debe un gobierno corregir su rumbo cuando cae en las encuestas, o sostenerlo en nombre de sus principios? ¿La caída en popularidad del Ejecutivo compromete también al legislativo? ¿Se deben prever cambios de mayorías en el Congreso? La respuesta no es simple. Entre la normal volatilidad de la opinión pública y la rigidez doctrinaria, la gobernabilidad efectiva probablemente se ubica en un punto de equilibrio leve, donde la convicción no es sinónimo de inflexibilidad, ni la atención a las mayorías, populismo.

En última instancia, lo que está en juego no es solo la coherencia de un proyecto político, sino sus resultados y la capacidad de producir bienes y servicios tangibles para la vida de las personas, tales como la seguridad, economía activa, educación, salud y previsión. Porque más allá de encuestas y/o doctrinas, es en la vida real de las personas en donde se define, finalmente, el juicio político de un Gobierno. (NP)