Editorial NP: Elecciones del fin de semana

Editorial NP: Elecciones del fin de semana

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Javier Salvo /Aton Chile

Las elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales reprogramadas para el próximo sábado 15 y domingo 16 de mayo no solo son distintas en lo que respecta a los cargos que se deciden, sino también en sus propósitos y ámbitos en los que la voluntad popular incide, un hecho que invita a reflexionar sobre los diversos impactos que aquellas tendrán para los electores y el destino de nuestra democracia.

En efecto, de las cuatro -o hasta cinco- papeletas que los ciudadanos con derecho a voto recibirán en sus respectivas mesas, una de ellas corresponde a la de los convencionales constituyentes, personas cuyo objetivo será el análisis, discusión, convergencia y coherente redacción de la carta magna que otorgará el nuevo marco de principios, derechos, deberes y libertades que, relativos al poder del Estado, las personas tendrán una vez que dicha propuesta sea consensuada, plebiscitada y aprobada en un nuevo acto electoral “de salida” que será obligatorio.

Se trata, en consecuencia, de la selección más relevante no solo de los cuatro eventos señalados, sino también de los últimos tres decenios. Mediante ella se elegirá a 155 ciudadanos que serán los responsables de garantizar las libertades y derechos de las personas frente al poder del Estado, así como de definir los deberes y exigencias normativas que la sociedad exige de vuelta a sus componentes como una carga que posibilita la coexistencia segura y pacífica, no solo hacia el interior de ella, sino respecto de otras con las que la nación coexiste en su exterior.

Tales características relevan una elección cuyos efectos -positivos o negativos- se extenderán por prácticamente toda la vida del votante y sus familias, prolongando, además, sus consecuencias hacia las generaciones que vienen. Este sufragio es, pues, con toda claridad, el más incidente de todos los que se emitirán este fin de semana y, por consiguiente, exige de quienes votan, la mayor conciencia posible sobre su decisión. En este caso, la pura opinión partidista no es buena consejera. Tampoco lo es transformar el acto en una suerte de plebiscito respecto de la actual administración. La performatividad de lo expresado en este voto es decisiva para el futuro de millones.

Le sigue una segunda papeleta cuyo propósito es la elección, por primera vez en la historia nacional, de gobernadores regionales, ciudadanos que se transformarán en el poder ejecutivo de cada uno de los 16 territorios en los que se divide el país, correspondiéndole liderar el consejo regional y ejercer las funciones y atribuciones que la ley orgánica constitucional determine, en coordinación con los demás órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de su función administrativa, así como la supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos que dependan o se relacionen con su gobierno regional. El cargo, empero, no será ahora representante dependiente directo del Presidente de la República en cada región, sino que responderá a sus propios electores, una clara diferencia con el actual intendente que, para tales efectos, pasará a denominarse Delegado Presidencial Regional y con el que, con toda seguridad, el gobernador deberá tener un vínculo de permanente colaboración competitiva, en especial si las posturas político partidistas del Gobierno central y el Gobernador regional de turno no son coincidentes.

Entre las labores que debe cumplir, el gobernador podrá solicitar al Gobierno central que le transfiera capacidades radicadas en ministerios y servicios públicos a su Gobierno Regional; atribuciones para planificar una política regional de desarrollo o de ordenamiento territorial; siendo además el encargado del presupuesto regional. Es decir, el perfil de estos aspirantes exige gran capacidad negociadora, por sus relaciones con el gobierno central, el delegado presidencial regional y su respectiva oposición política, así como altas cualidades de liderazgo y gestión, dadas sus obligaciones de conducción y racional uso de recursos nacionales y regionales para el desarrollo de su zona.

Dado que las coaliciones políticas y partidos, así como los independientes, han conformado en esta oportunidad un total de 13 alianzas -considerando los distintos tipos de elecciones y sus diferentes características-, al tiempo que los electores concurrirán a este acto por primera vez y en muchos casos, sin un conocimiento acabado de los postulantes al nuevo cargo, es probable que en pocas regiones el gobernador respectivo sea electo en primera vuelta -el ganador debe obtener el 40% de los votos válidamente emitidos- razón por la cual es previsible la realización de balotajes en varias regiones del país, acto que está programado a realizarse el 13 de junio. Se trata, pues, de una segunda oportunidad para informarse y reflexionar sobre las virtudes que se esperan de uno de los dos candidatos que definirán la segunda vuelta.

Las tercera y cuarta papeleta corresponden a la elección de los nuevos alcaldes y concejales municipales, unos comicios respecto de los cuales los ciudadanos que votan tienen ya práctica y, además, dada la mayor cercanía de la relación vecinos-dirigentes locales, la información suficiente para seleccionar a los hombres o mujeres que consideran podrían realizar un mejor papel en función de las necesidades y estrategias de desarrollo para la comuna que habitan y conocen.

Por lo demás, estas elecciones son, debido a su carácter más partidista, un barómetro de lo que está sucediendo a nivel general con las tendencias político-ideológicas ciudadanas; y sus resultados son habitualmente utilizados por los partidos y analistas como una muestra predictiva de lo que sucederá en las elecciones presidenciales y parlamentarias que, para este año, tienen su primer paso de primarias el 18 de julio y su primera vuelta el 21 de noviembre, junto a los comicios de los parlamentarios que conformarán el nuevo Congreso.

También habrá un quinto voto especial, de color verde, correspondiente a los candidatos para ocupar los 17 escaños indígenas reservados en la Convención Constituyente, al que podrán acceder aquellos ciudadanos y ciudadanas que acrediten su condición de tal y que figura en el padrón de electores de la mesa, en la columna de número de serie de las cédulas. Así y todo, el elector podrá solicitar también el voto general de los convencionales (de color café).

Los distintos comicios revisados se realizarán, esta vez, en el marco de una crisis sanitaria devenida en económica, que aun presiona fuerte sobre las distintas actividades habituales de las personas y que ha obligado a la autoridad a mantener una serie de medidas restrictivas de la libertad de reunión y movimiento, con el propósito de evitar que una brusca ampliación de los efectos de la pandemia haga colapsar los servicios de salud del país. Tales circunstancias hacen que quienes se encuentren contagiados por Covid-19 o sean contactos estrechos de un poseedor del virus, no podrán votar, ya que deberán guardar cuarentena y aislamiento obligatorio de acuerdo con lo establecido por la autoridad sanitaria. Las cifras de activos portadores han ido bajando en las últimas semanas, pero se trata de un grupo aún no menor, que oscila entre 30 y 35 mil personas inhabilitadas al efecto, un número nada irrelevante si se considera que Chile ha tenido elecciones presidenciales ganadas o perdidas por 30 mil sufragios.

El país cuenta con 14,8 millones de personas mayores de 18 años habilitadas para emitir su voto en cada una de las elecciones antes citadas. Sin embargo, desde la aprobación del sufragio voluntario es habitual que lo haga menos del 50% de los inscritos, con la excepción del último plebiscito que aprobó la redacción de una nueva carta, ocasión en la que votó el 51% de los habilitados (7.569.082), superando incluso la del plebiscito de 1988, donde sufragaron 7.158.727 personas.

Tanto las autoridades de Gobierno como las distintas colectividades políticas democráticas han formulado reiteradas convocatorias a, al menos, sostener la votación alcanzada en la consulta constitucional, de manera de elegir una Convención que esté mayoritariamente legitimada, que valide sus propios resultados y preceptos de una nueva constitución y que, por lo demás, regirá los destinos del país por varias décadas. Concluir la experiencia de haber incitado y aprobado reformular el contrato social vigente sin una debida consagración popular amplia y participativa amenazará la convivencia nacional por muchos años más.

De allí que no se espere igual conducta cívica de quienes se han negado sistemáticamente a convenir salidas a la crisis sanitaria y económica y que no solo no participaron del acuerdo del 15 de noviembre de 2019, sino que, embarcados en aventuras totalitarias que entienden la democracia liberal como un modelo a “superar”, han promovido, de modo persistente, la interrupción del proceso democrático del cual, tanto la constitución actual, como la que emergerá de la convención que se elegirá el próximo fin de semana, son sólidas barreras que obstaculizan su paso, y que, para la inmensa mayoría de los chilenos, conforman el escudo que protege el respeto a su decisión sobre las otras elecciones que se llevarán a cabo y la base para una anhelada convivencia pacífica, virtuosa y progresista de mediano y largo plazo. (NP)

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