A estas alturas del Gobierno de Gabriel Boric va siendo cada vez más visible y palmario que los quejumbrosos alegatos de las generaciones de izquierda maximalista que alcanzaron el poder Ejecutivo hace dos años, enarbolando ese forzado discurso de los “30 años” contra la Concertación y Piñera, no solo se ha evidenciado falaz, sino, además, injusto, en especial en su crítica a la estrategia progresiva de la ex Concertación, la cual no solo fue más eficiente y eficaz en sus resultados económicos y cualidad democrática, sino que ha permitido desenmascarar la estrategia de la administración FA-PC al demostrar que sus propuestas solo podrían llevarse a cabo en escenarios de imposición autoritaria desde un poder político sin oposición, con control partidista de todas las instituciones del Estado y, en fin, mediante una neodictadura de los o del partido de izquierda dominante, dado que por métodos democráticos mayoritarios, su ambicioso programa de cambios institucionales y culturales, ha sido rechazado por muy sólidas y persistentes mayorías.
En efecto, la mayoría parlamentaria de la Cámara ya rechazó su comprometida reforma tributaria consistente en aumentar impuestos a una ciudadanía ya bastante atribulada económicamente por los efectos de la pandemia, el paro productivo, endeudamiento y la perniciosa revuelta social previa que utilizó como primera línea de combate a contar del 18 de octubre de 2019 a un relevante conjunto de “lumpen” para llevar a cabo un extenso y masivo asalto a la actividad habitual de las ciudades, así como a la estructura del Estado. Se buscaba de ese modo obligar al gobierno democráticamente instalado a renunciar a su derecho a conducir tal y como, por lo demás, lo ha venido a demostrar un reciente informe crítico de la Contraloría General de la República sobre las mal llamadas “pensiones de gracias” (más bien de agradecimiento) a un conjunto de prontuariados con gravísimos cargos, sin afectaciones por violación a sus derechos humanos y por el solo hecho de haber participado en las tropelías del 18-O.
A este justo y racional rechazo mayoritario de la propuesta gubernamental en materia tributaria y dado que la idea de legislar solo puede volver a ponerse en tabla en el Congreso después de un año, el Ejecutivo ha insistido -como si tuviera una razón democráticamente avalada- en una propuesta de “Pacto Fiscal” que, en los hechos, importa un igual intento de aumentar el peso financiero del Estado sobre los hombros de las personas, bajo la excusa de que con tales recursos se puede materializar un país maravilloso que cuente, como las naciones desarrolladas, con educación y salud de calidad y prácticamente gratuita, así como con una previsión social solidaria y de reparto que elimine la nefasta capitalización individual, defendida por una amplia mayoría; termine con las AFP’s y que mejore sustantivamente las malas pensiones que entrega en la actualidad el sistema.
Aunque, por cierto, modificaciones y ajustes al sistema previsional actual son obviamente necesarias y existe amplio consenso en esa perspectiva y necesidad de incrementar el ahorro nacional, nuevamente la propuesta del Gobierno ha pecado de aquel ideologismo “outrance” que lo hace fracasar sistemáticamente en sus proyectos. Esta vez, aunque el Ejecutivo consiguió que la idea de legislar fuera aprobada mediante negociaciones en las que concedió puntos diversos y hasta contradictorios a sus contrapartes para pasar al proceso de discusión y votación pormenorizada de sus artículos, la Cámara rechazó prácticamente todas sus principales características, quedando un producto que diversos analistas y dirigentes políticos han calificado de “cascarón vacío” y que obliga al Senado a una discusión casi desde cero y augura un largo trámite. Pero, además, se trata de una discusión que se realizará durante período de elecciones municipales y de gobernadores que, como se sabe, suscita fuertes cambios conductuales en los políticos y sus organizaciones, dado que es durante éstas cuando se sostiene o se pierde el capital político que les otorga el poder con que negocian.
Concentrados en los objetivos que apuntan a multimillonarias cajas de ahorro ciudadano existentes (como la previsional o el 7% de salud), el Gobierno también se encuentra en un complejo aprieto en materia de cambios respecto de la existencia y proyección de las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) que han operado en Chile por más de 40 años y que, en su cúspide, han llegado a atender a más de siete millones de afiliados. Como se sabe, merced a una polémica sentencia de la Corte Suprema estas compañías se enfrentan a la obligación de devolver más de US$ 1.000 millones a sus afiliados debido a cobros no autorizados según una tabla única de factores para los precios de primas. Por cierto, se trata de una suma relevante -correspondería a unos 10 años de utilidades, según las Isapres- que fue definida por un organismo del Estado y contra la opinión de expertos respecto de la cual, además, no hay claridad aún sobre el modo justo de devolución a cotizantes con diferentes costos de los múltiples planes existentes.
Más allá de este reiterado ataque a actividades privadas, el efecto de dichas incertezas ha llevado a que, en los últimos meses, otras más de 300 mil personas hayan dejado las Isapres y aumentado el número de pacientes potenciales del FONASA a más de 16 millones. Veremos, pues, que hará la autoridad fiscal con la sobrecarga adicional que, por lo demás, con menor número de cotizantes, ya mantiene listas de espera que se extienden por años.
En Educación, en tanto, un sector en el que los actuales gobernantes hicieron sus primeras lides en política, los resultados de las pruebas nacionales de calidad educacional muestran un deterioro significativo, tanto en la actividad que aún realizan municipalidades, como las que se llevan a cabo bajo la nueva fórmula de administración de los Servicios Locales de Educación. Como corolario, la prueba Simce mostró los peores resultados de una década y por primera vez de los 100 colegios con mejores puntajes en la PAES, 97 fueron particulares, 1 particular subvencionado y 2 municipales. Es decir, la repudiada discriminación llevada a su cénit.
Y mientras, en Til Til se anuncia el cierre de nueve colegios locales por falta de apoyo fiscal; los profesores anuncian y realizan paros nacionales; en Atacama, la huelga se extiende por dos meses y las autoridades locales piden al gobierno emergencia educativa; universidades públicas como Aysén y Austral dan cuenta de graves déficit presupuestarios; el costo de la gratuidad universitaria en 2022 ya bordea el 50% de todo el presupuesto destinado a la enseñanza terciaria, y el año 2023 alcanzaría el 54%; y de las posibles soluciones a la deuda estudiantil universitaria y eliminación del CAE -otra propuesta ideológica de Boric- Hacienda ha debido salir a aclarar que condonar el CAE costaría más que financiar PGU, además de millonarias demandas, mientras que hay unos 60 mil matriculados en instituciones de educación superior en riesgo financiero; los liceos bicentenarios, en tanto, vuelve a ser noticia por la caída de sus rendimientos y se denuncia que la ejecución presupuestaria de aquellos a fin de año 2023 alcanzó a un exiguo 8,5% de avance; y tras el fracaso del nuevo sistema de Servicios Locales de Educación, el Gobierno anuncia la suspensión del proceso de desmunicipalización. Es decir, de revolución administrativa educacional y mejora en calidad tampoco nada.
Para que revisar la crisis de seguridad ciudadana y el efecto que sobre ella ha tenido la excesiva política abierta de inmigración impulsada por los actuales conductores de Gobierno, así como de administraciones anteriores. Todos los días se pueden ver en los titulares de los diarios y la TV más de un brutal asesinato, muertes por luchas territoriales del crimen organizado, asaltos a comercio, portonazos y encerronas que han ido invitando a la ciudadanía a adoptar medidas de autoprotección y autotutela altamente peligrosas. Es decir, la exigencia mínima de la ciudadanía al Estado, en el sentido de que, con su poder y fuerza legítima, proteja su seguridad e integridad física, también se observa insuficiente, añadiendo al duro fallo, el funesto dolor de muertes a balazos de una decena de niños y adolescentes en las últimas semanas. Trágico destino de quienes, se supone, estaban en la primera línea de interés del Gobierno.
En resumen, la pobre administración de estos jóvenes estudiantes, cuyo bautizo laboral se produjo en sesudas discusiones en asambleas universitarias y luego parlamentarias, sin tener experiencia en trabajo o emprendimiento alguno en el mundo real, iniciaron su ascenso apoyados por el Gobierno de la Nueva Mayoría que lideró Michelle Bachelet y terminaron quitándoselo en una elección en la que el candidato de izquierda FA-PC consiguió 25,8% de los votos en primera vuelta, contra 11,6% de Yasna Provoste de la ex Concertación y 7,6% de Marco Enríquez Ominami, del Partido Progresista. Solo la voluntad política de la izquierda, el centro y centro izquierda de evitar un gobierno de derecha encabezado por José Antonio Kast, quien resultó primero en la votación de primera vuelta, posibilitó que Boric llegara a La Moneda con casi el 56% de los sufragios.
Así y todo, la alianza FA-PC dio por sentado un buen tiempo que aquella victoria subsidiada los autorizaba para avanzar en un cambio revolucionario que, por lo demás, se estaba co-pergueñando en la Convención, aunque un primer golpe reflexivo lo recibieron con el rotundo rechazo que dicha propuesta constitucional tuvo en septiembre de 2022, al alcanzar casi el 62% de votos en contra.
Así y todo, el Gobierno de Boric ha insistido en realizar ciertos cambios sustantivos a la orgánica institucional y modos de vida de los chilenos, intentando modificaciones tributarias, previsionales, en salud, economía, medioambiente, cuyo solo anuncio tuvo pésimos efectos en una economía que la mayoría observa estancada y con escasas posibilidades de salir pronto, luego que más de US$ 30 mil millones fueran sacados del país como protección ante el avance de la presencia y control estatal sobre la actividad económico financiera. Cambios que, por lo demás, se entienden iniciados con la puesta en marcha de los esfuerzos por eliminar las AFP’s y la capitalización individual y así tomar los US$ 200 mil millones de ahorros que ellas manejan. Como se sabe, dichos recursos han tenido vital relevancia en el financiamiento del desarrollo productivo y económico de las últimas décadas. También, los miles de millones que significan las cotizaciones de los actuales 3 millones de afiliados a las Isapres y que han posibilitado una fuerte inversión en centros de salud de alta calidad tecnologica, aunque con los cambios en proceso muchos de los afiliados a Isapres deban migrar al FONASA dado un fallo de la Corte Suprema cuyo conocimiento técnico al respecto no tiene por qué ser experto.
No se puede negar, eso sí, que por ánimo e insistencia, el Ejecutivo y los jóvenes del FA-PC no se han quedado, aunque, desde luego, ahora parecen entender más claramente el por qué la Concertación y Piñera operaron políticamente del modo que lo hicieron -y que ellos detestaban- porque competir por y con los poderes legítimos instalados, requiere de algo más que la pura “voluntad de combate” y, desde luego, exige de capacidades económicas y de gestión que, bien aprendida la tarea -aunque también repudiable éticamente- varios de aquellos jóvenes buscaron suplir tales insuficiencias a través del sistema de financiamiento abierto para Fundaciones y la realización de Convenios que les permitieran profesionalizar la actividad militante y operativa de sus partidos, al tiempo que simulaban materializar proyectos sociales para sectores muy vulnerables o en el área cultural.
Así, el caso Convenios se ha unido al de Caval y los “sobresueldos”, a los “raspados de olla” y los necesarios acuerdos para el desarrollo económico, como el reciente contrato para la explotación del litio de Codelco, aunque nada menos que con SQM, la emblemática empresa de la crisis valórica que hizo caer a la exConcertación en las manos y músculos del FA y el PC y uno de cuyos accionistas es Julio Ponce, ex yerno de Augusto Pinochet.
La vida te da sorpresas.
Así las cosas y con la lección de los 30 años aprendida, sería, pues, valorable para los jóvenes dirigentes en el Gobierno y la mayoría de los chilenos, que los esfuerzos realizados para conseguir lo poco alcanzado y -por cuestiones de correlación de fuerzas- terminar gestionando políticas similares a las de la exConcertación, la Nueva Mayoría y Piñera, se estimulara que los conglomerados gobernantes sinceraran posibilidades y posiciones y concentraran su trabajo de los próximos dos años en mejorar lo que hay, negociando con el centro y la derecha para alcanzar los votos necesarios para la aprobación de tales ajustes, más que seguir insistiendo en un camino de cambios profundos no deseados por la suma democrática y que no aportan ni aportarán nada a lo que debería ser el “legado” del joven presidente Boric. (NP)
