La democracia liberal enfrenta hoy una paradoja que parece insoluble: mientras más libertades alcanzan las sociedades, más expuestas quedan a la volatilidad emocional, económica y cultural de mayorías que no siempre aciertan con lo mejor para el conjunto, o como dijera el cardenal Ratzinger “la verdad no es un asunto de mayorías”; y mientras más incierto se nos presenta el mundo, más ciudadanos parecen dispuestos a sacrificar libertades a cambio de predictibilidad.
Esa misma lógica opera en dirección contraria: otros, fatigados del peso burocrático del Estado, de la regulación y de la incapacidad gubernamental para resolver problemas complejos, comienzan a imaginar que la salida consiste en reducir al mínimo su autoridad política, desplazando la convivencia hacia fórmulas más próximas al anarco-capitalismo que bien podría dar respuestas, aunque a grupos muy pequeños de población aisladas. Así, las modernas democracias liberales aparecen hoy sitiadas desde ambos puntos: por quienes desean más autoridad y por quienes quisieran casi ninguna. Entre los primeros disputan el campo los autoritarismos iliberales, dictaduras o las llamadas democracias populares socialistas. Entre los segundos, liberales individualistas radicales y anarquistas.
Pero el problema de fondo quizás no sea simplemente político, sino antropológico. Las democracias liberales descansan sobre una premisa difícil de sostener en períodos prolongados de crisis: que los individuos tolerarán grados importantes de incertidumbre a cambio de preservar libertades que, por lo demás, muchas de ellas, al costa de ser teóricamente demandadas aunque no practicadas por cuestiones culturales, normativas o morales, se vuelven abstractas y, por consiguiente, pierden valor y presencia social, retrotrayendo muchas veces los avances conseguidos por luchas previas.
La experiencia histórica muestra que las sociedades priorizan las libertades mientras su práctica garantiza estabilidad material, continuidad institucional y cierta sensación de control sobre el futuro. Cuando las democracias parecen incapaces de entregar certezas —económica, cultural, social, política o hasta identitaria— la ciudadanía comienza a percibir la libertad no como una conquista, sino como un peligro que, representado en conductas del otro y sus deseos de expandir el ámbito de sus posibilidades, amenaza la estabilidad del modo de vida propio que cada cual ha conseguido edificar gracias al entorno de derechos humanos que otorga la democracia liberal.
Las grandes crisis geopolíticas y económico-financieras modernas han acelerado este fenómeno. Las más importantes sociedades contemporáneas ya no encaran únicamente disputas ideológicas internas que amenazan el poder instalado, sino shocks globales permanentes: guerras comerciales, migraciones masivas, inflación estructural, automatización laboral, crisis energéticas y transformaciones tecnológicas que están pulverizando pasadas certezas sociales a una velocidad inédita. En ese contexto, las meras elecciones democrático liberal periódicas e informadas dejan de ser percibidas como mecanismos racionales de deliberación ciudadana mayoritaria -de la que se esperan mejores decisiones construidas al amparo de lo que denominamos inteligencia grupal- y pasan a operar como plebiscitos emocionales sobre el miedo, el cansancio o la frustración colectiva. Sus resultados hacen entonces oscilar el péndulo de las opiniones individuales desde el interés personal al colectivo, desde la vocación libertaria a una igualitarista, desde lo anarco-capitalista a lo iliberal social autoritario: lo uno para asegurar libertades y derechos duramente conseguidos; lo otro, para evitar que el caos de la lucha por la protección de derechos propios y el poder -personal o tribal- arrastre con todo.
El efecto político social de tal contradicción es decisivo. Las mayorías electorales se vuelven extraordinariamente inestables e impredecibles y los parlamentos se fragmentan hasta dificultar seriamente la gobernabilidad de los poderes ejecutivos, al tiempo que los poderes judiciales implosionan en una grave crisis de convicción respecto de la “justa ley”. La democracia liberal, que exige negociación, gradualismo y acuerdos complejos, comienza entonces a parecer demasiado lenta e ineficaz frente a ciudadanos acostumbrados a la inmediatez digital y a crisis que exigen respuestas rápidas. Emerge, así, la tentación iliberal: líderes que prometen eficacia sin deliberación, orden sin conflicto y autoridad sin contrapesos.
En paralelo se desenvuelve también un fenómeno moderno simétrico que rebasa el choque entre liberalismo e igualitarismo. Sectores emergentes que observan al Estado de derecho democrático liberal como una maquinaria capturada por viejas élites burocráticas incapaces de administrar recursos escasos con racionalidad elaboran la pulsión inversa: desmontar progresivamente la autoridad pública y trasladar la organización social hacia bases orgánicas y gremiales que operan en conjunto a un partido único conductor del proceso de justicia social que se consigue con la dictadura del proletariado y otro que transforma la orgánica ciudadana espontánea en mercado y redes de intercambio privadas afincado en una autonomía individual extrema. En su forma más radical, esta tendencia no desemboca en autoritarismo socialista, pero arrastra a la sociedad hacia una erosión paulatina de la propia idea de comunidad política compartida, instalando una suerte de utopía egocéntrica de carácter anarco capitalista que solo opera en el aislamiento de pequeños grupos agrarios.
Ambas respuestas —el autoritarismo iliberal igualitario e individualismo libertario radical— tienen algo en común: nacen de la pérdida de confianza en la capacidad de la democracia liberal para producir solución a los desordenes propios de los cambios en los centros de poder que producen las transiciones y nuevos modos de producir, en donde la cohesión y sentido colectivo pierde la nitidez que el modelo de libertades presentaba en su fase previa. Surgen nuevas prioridades y demandas que reorganizan el relato social. Entonces, uno busca reemplazar la incertidumbre mediante autoridad; otro mediante la disolución y reformulación institucional. Pero ambos terminan debilitando el espacio transaccional originario, donde realmente sobrevive la política democrática: aquel en que ciudadanos distintos aceptan convivir bajo reglas comunes, aun sin compartir visiones políticas ni morales completas.
La pregunta relevante entonces no es simplemente qué futuro presenta la democracia liberal como la conocemos, sino cómo se volvería emocionalmente habitable para ciudadanías extenuadas por la incertidumbre permanente que la presión por extender las libertades induce y del cambio constante que la idea de progreso implica. Tal vez las democracias sobrevivan no por insistir solo en los principios abstractos de la libertad o en derechos que ellas posibilitan -aún sin que muchos siquiera puedan ser satisfechos-, sino, justamente, por su capacidad de abrir la posibilidad utópica de integrar los propios deseos a la estructura social, la que, manteniendo continuidad, sentido de pertenencia y seguridad, no abandona el pluralismo, apertura a lo diverso, tolerancia ante lo distinto y comprensión frente a las nuevas generaciones de derechos y libertades emergentes. El liberalismo fracasa cuando solo protege derechos individuales, pero olvida que las sociedades necesitan la solidaridad, arraigo, estabilidad y narrativas compartidas. Estas, siendo múltiples, no tienen por qué ser competitivas cuando no se busca poder que concentra, sino libertad de cada quien para vivir y luchas por sus propósitos en una sociedad de hombres libres, que libremente contraen y cierran acuerdos y compromisos de apoyo mutuo con la inteligencia necesaria para coordinar el caótico conjunto de intereses contrapuestos. Todo lo cual no asegura, desde luego, el fin de todo conflicto o colisión y sólo, talvez, un modo civilizado de resolver las controversias sin llegar a la última ratio.
Quizás el futuro de las democracias liberales dependa precisamente de reconstruir un equilibrio que durante las décadas de abundancia -talvez las más abundantes de la historia humana- pareció innecesario: suficiente libertad para evitar el despotismo, suficiente autoridad para impedir la fragmentación que surge de la ambición del poder personal o tribal y suficiente cohesión social para que las personas no perciban la convivencia democrática como simple caos administrado. La gran amenaza contemporánea no parece, pues, ser únicamente un retorno a dictaduras clásicas, sino algo más profundo: que millones de ciudadanos comiencen a concluir que la incertidumbre propia de la libertad ya no vale el costo emocional que ésta exige soportar cuando ya demasiados otros han decidido trasgredir el acuerdo social, leyes y normas que han regido la convivencia; y ver a la justicia paralizada ante la relativización generalizada de esa ruptura cultural. (NP)