La discusión sobre la megarreforma tributaria ha comenzado a revelar un aspecto que trasciende con mucho el contenido específico del proyecto. Lo que está realmente en juego no es solo la estructura del sistema tributario chileno, sino la forma en que el país pretende construir políticas públicas duraderas en un escenario político crecientemente fragmentado.

Una reforma económico-social de gran envergadura puede ser aprobada por la mayoría mínima que exige la ley. La democracia representativa así lo permite. Sin embargo, la historia demuestra que la legitimidad política y la estabilidad institucional no siempre coinciden con la mera suficiencia aritmética. Cuando las transformaciones descansan únicamente sobre una ajustada mayoría circunstancial, éstas quedan inevitablemente expuestas a ser revertidas por otra mayoría igualmente circunstancial. El resultado es un ciclo permanente de reformas y contrarreformas que termina generando incertidumbre para ciudadanos, inversionistas e instituciones.

La estabilidad regulatoria constituye uno de los activos más importantes de cualquier economía moderna. Las decisiones de inversión, la planificación empresarial y la generación de empleo requieren de horizontes previsibles. Cuando las reglas del juego cambian al ritmo de las alternancias políticas, el costo no lo paga únicamente quien gobierna, sino el conjunto del país.

Precisamente por ello resulta significativo que el Gobierno haya comenzado a sondear la búsqueda de acuerdos más amplios para la aprobación de su principal reforma económica. Más allá de las legítimas diferencias sobre el contenido del proyecto, parece existir conciencia de que una legislación respaldada transversalmente posee mayores posibilidades de proyectarse en el tiempo, entregando así las certezas que demanda el desarrollo económico y los agentes inversores.

Chile ya conoció un período en que esa lógica produjo resultados ampliamente reconocidos en el país y el exterior. Durante los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, particularmente entre las administraciones de Patricio Aylwin y el primer gobierno de Michelle Bachelet, predominó una cultura política basada en acuerdos, la moderación y el gradualismo. Aquella etapa permitió combinar estabilidad institucional, crecimiento económico sostenido, reducción de la pobreza y avances relevantes en materia social.

La llamada política de “lo posible”, tantas veces caricaturizada, terminó demostrando que el pragmatismo no era sinónimo de inmovilismo, sino una forma eficaz de producir transformaciones profundas sin poner en riesgo la estabilidad democrática. Fue también el período en que el Socialismo Democrático consolidó una identidad reformista propia, diferenciada tanto del inmovilismo conservador como de las propuestas refundacionales de la izquierda radical que posteriormente llevaron al gobierno al FA-PC y que contó con el apoyo de parte de aquellas fuerzas centristas.

Bajo esa nueva política de alianzas, en las que la hegemonía sectorial pasó desde la centroizquierda a la izquierda dura, un sector importante de las colectividades socialdemócratas optó por distanciarse de su propia historia, probablemente ahuyentadas por escándalos de corrupción que emergieron y que derivaron en los sucesos de octubre de 2019. El cuestionamiento al legado concertacionista, la creciente influencia de sectores más radicales y la búsqueda de nuevas identidades llevaron a respaldar procesos que privilegiaron la confrontación por sobre los acuerdos. La actitud de amplios sectores de la centroizquierda frente a la violencia de 2019 y su adhesión al proyecto constitucional rechazado en 2022 constituyeron expresiones de ese cambio de rumbo.

No parece casual que diversas voces provenientes precisamente de esa tradición comiencen a reivindicar nuevamente el valor de los consensos. Las recientes reflexiones del economista y exministro de Hacienda, Andrés Velasco, apuntan en esa dirección al advertir sobre la necesidad de reconstruir una centroizquierda reformista, capaz de recuperar autonomía política y volver a representar a los sectores medios y populares que durante décadas constituyeron su principal base electoral y que, producto de su radicalización, perdieron aquella mayoría cultural que había tenido históricamente la alianza de centro-izquierda, mutando así en una convergencia cultural de centro derecha que si bien también fracasó en su intento de profundizar la restauración constitucional, llevó a La Moneda al segundo presidente de derecha de los últimos 50 años.

La inmediata respuesta de quienes sostienen que esa autonomía debe subordinarse a la conveniencia electoral pone de manifiesto una tensión que la centroizquierda aún no resuelve: si su prioridad consiste en reconstruir un proyecto político propio o simplemente preservar alianzas que maximicen sus opciones electorales. Ambas estrategias difícilmente pueden desarrollarse al mismo tiempo.

Pero esta reflexión no concierne únicamente a la oposición. También interpela al actual Gobierno y a las derechas, en especial a aquellas que durante las dos administraciones de centro derecha encabezadas por el exPresidente Sebastián Piñera llegaron a calificarla como “derechita cobarde”, un resultado producto de las concesiones que, en política -o cualquier negociación- se requieren para conseguir convergencias que hagan posible -al menos en parte- los objetivos de los diferentes actores de la divergencia.

En dicho marco, ahora enfrentado a la dura realidad de gobernar, el Presidente José Antonio Kast ha mostrado en sus primeros meses de administración un estilo bastante más moderado que el que derivaba de sus declaraciones partidistas previas y que, a mayor abundamiento, eran hiperbolizadas por detractores durante la campaña presidencial. Así y todo, persisten en su administración señales de desconfianza hacia la política tradicional y respecto del valor de la negociación parlamentaria, probablemente asociadas a una gestión integrada en buena parte por figuras provenientes del mundo técnico más que de la experiencia legislativa y porque ideológica y culturalmente, también, como en la izquierda, hay obvias diferencias entre las diversas derechas que coexisten en el país y que otorgan su apoyo, con mayor o menor entusiasmo, al Gobierno de Kast.

Si hay una lección que ofrece la historia política chilena de las últimas décadas es que gobernar no consiste únicamente en tener razón o en reunir los votos suficientes para imponerse. Gobernar también exige construir estabilidad y legitimidad para que las decisiones sobrevivan a quienes las impulsan y el escenario social no sea uno que transite periódicamente entre revueltas y reconstrucciones.

La política de los acuerdos -una cultura que es consustancial a la democracia liberal y al Estado de Derecho- no representa una renuncia a las convicciones. Constituye, por el contrario, el reconocimiento de que en sociedades democráticas y plurales las transformaciones más sólidas son aquellas que consiguen incorporar sensibilidades distintas y generan consensos que superan las fronteras partidistas e ideológicas, adoptando caminos pragmáticos que permiten entregar a la ciudadanía el marco jurídico y material que posibilite la realización de sus demandas, así como las metas de cada quien libremente embarcado en sus propios proyectos de vida en una sociedad libre.

En tiempos de creciente polarización interna y global, recuperar esa cultura política no es signo ni de cobardía, ni de corrupción, ni de entreguismo, con mayor razón cuando, además, en lo interno, se está conduciendo un país desde un gobierno con mayoría electoral y cultural. Recuperar esa cultura política es probablemente una de las tareas más importantes para las perspectivas de desarrollo del sistema democrático chileno en momentos en que navega en procelosas aguas de una política mundial polarizada y en los que el propio modelo democrático liberal que rigió mayoritariamente en las últimas tres décadas, se encuentra amenazado desde sus diversos flancos económicos, de seguridad, sociales, políticos y culturales. Si de imposición se trata, las leyes pueden aprobarse por un voto de diferencia. Es cierto. La democracia liberal lo permite. Pero la estabilidad de un país, su certidumbre, en cambio, difícilmente se construye sobre márgenes tan estrechos. (NP)