Cada cierto tiempo, la discusión pública chilena vuelve a una pregunta que parece simple, pero que encierra una de las claves del progreso de cualquier país: ¿es posible hacer más con menos recursos? La respuesta, aunque incomode a quienes preferirían el mágico gasto sin límites, es un rotundo sí.

La interrogante resurgió recientemente cuando se consultó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre cómo el Ministerio de Salud podría mantener sus prestaciones pese a una reducción presupuestaria. La pregunta se formuló en un contexto cargado de suspicacia, como si todo ajuste fiscal implicara inevitablemente un deterioro de los servicios públicos. Sin embargo, la ministra de Salud, Ximena Chomalí, ya había anticipado que su cartera podrá operar con 2,5% menos de recursos, sin afectar la atención de los pacientes.

El hecho refleja una verdad elemental pero contraintuitiva para muchos: administrar bien no consiste en gastar más, sino en utilizar de mejor manera los siempre escasos recursos disponibles. Esa lógica es la base de la productividad, concepto central de la economía y factor decisivo para que las naciones eleven su nivel de bienestar social y cultural y su competitividad los ubique en las mejores posiciones en el escenario internacional.

Tras el impacto de la revuelta, la posterior pandemia y años de experimentación político social, Chile enfrenta hoy una realidad fiscal exigente. El endeudamiento heredado de la administraciones anteriores elevó los compromisos del Estado a niveles cercanos al 41,5% del PIB, lo que, sumado al débito del sector privado, aumenta la deuda total a aproximadamente US$277.421 millones (75% del PIB), obligando al Fisco a destinar unos US$ 5.000 millones anuales solo al pago de intereses y a los privados otros entre US$9.000 a US$11.000 millones. Son recursos que podrían financiar hospitales, escuelas, carreteras o políticas sociales, pero que terminan absorbidos por el costo de una deuda cada vez más excesiva.

En ese contexto, la decisión del Gobierno de ajustar el gasto público en torno al 3% para el Presupuesto 2026 no debiera interpretarse como señal de retroceso, sino como muestra de un esfuerzo responsable para recuperar el equilibrio fiscal y evitar que la deuda siga creciendo, llevándose buena parte de las utilidades del trabajo productivo nacional.

En un entorno de necesidades, mercados y ofertas creciente para las cada vez más amplias clases medias, anunciar ahorros ha sido objeto de críticas. Y a mayor abundamiento, en la lucha por los votos, desde sectores de oposición se ha advertido que los recortes pondrían en riesgo programas sociales claves favoreciendo a los “super ricos”. Pero la nueva estrategia oficialista apunta a lo contrario, es decir, que teniendo las empresas menos impuestos -y por tanto más ingresos- ellas destinarán más recursos a la reinversión -dado que pagan impuestos por el capital retirado y no por el invertido- y aumentarán su actividad y crecimiento, generando más puestos de trabajo e incrementando el consumo de los trabajadores. Entonces, si bien expresada sin contexto la objeción sobre supuesto apoyo a los ricos podría ser políticamente eficaz, es económicamente débil, pues no existe política social sostenible si el Estado gasta persistentemente por sobre sus posibilidades.

La regla es tan válida para una familia como para un país: no se puede gastar indefinidamente más de lo que se ingresa. Y cuando ese equilibrio se rompe, alguien debe asumir el costo político de corregirlo so pena de caer en falencia internacional y pasar a formar parte de los Estados fallidos económicamente, primer paso para serlo después social y políticamente.

El problema es que la política chilena suele premiar el corto plazo. Quienes gobiernan, habitualmente deben enfrentar la responsabilidad de ordenar las cuentas de la administración anterior, mientras que la nueva oposición opta por maximizar el desgaste del Ejecutivo que asume, antes que colaborar con decisiones que sirvan al interés nacional. Esa lógica obstruccionista tiene un alto costo para el país y la ciudadanía: oficialismo y oposición se enfrentan y entorpecen el camino de recuperación de cada cual durante los diversos ciclos, retrasando decisiones relevantes con la excusa de que se están perdiendo avances sociales o que se dilapidan los recursos de todos los chilenos. Resultado: se perpetúa el estancamiento en el que cada administración hereda desequilibrios que se denuncian y se corrigen por la siguiente, empujando los acontecimientos en direcciones opuestas.

Pero la responsabilidad fiscal no es una consigna ideológica. Es una obligación ética con las futuras generaciones, con nuestros hijos y nietos. Cada peso que se ahorra hoy y evita nuevo endeudamiento es un peso que mañana podrá destinarse a inversión, empleo y bienestar de quienes nos siguen en el flujo de la vida. Chile, y en especial parte de su clase política, necesita recuperar una convicción básica: el crecimiento económico y la estabilidad fiscal no son objetivos contrapuestos a la justicia social. Por el contrario, son su condición indispensable y disponer los recursos en una cierta dimensión que nos acerque a esas metas no lesiona intereses de los más vulnerables, sino por el contrario, consolida y asegura con una mejor posición económica y social en un entorno de transición política nacional y mundial difícil y desafiante. (NP)