La polémica en torno a la operación de urgencia de la madre de la ministra de Justicia —presuntamente realizada fuera de la lista de espera— ha desatado una reacción pública tan intensa como reveladora. Más allá de la veracidad administrativa del caso, que deberá ser aclarada por las instancias correspondientes, el episodio expone una discusión más profunda y menos abordada: nuestra relación social con el privilegio, la igualdad, el reconocimiento y el mérito, temas profundamente afectados por años de hermenéutica, promoción y gestión igualitaristas, pero cuyos supuestos beneficios colectivos siguen invisibles para una gran mayoría de chilenos, según se pudo constatar en las recientes elecciones presidenciales.
Y es que en los últimos quinquenios parece haberse instalado un afán casi obsesivo —cuando no abiertamente hostil— de una noción de igualdad entendida no como piso mínimo común de dignidad y derechos ante la ley, sino como la más cruda negación de cualquier diferencia, excepción o reconocimiento social o económico. Todo privilegio emerge sospechoso; toda ventaja, ilegítima; toda distinción, una ofensa.
Esta lógica no solo empobrece el debate público, sino que ha seguido socavando pilares clave para la democracia liberal y la vida en comunidad haciendo mella hasta en el propio relato liberal, muchos de quienes integran a la categoría de derechos una serie de bienes y servicios que hasta el siglo de los padres fundadores del liberalismo se entendían como imperativos morales impulsados por la religión y muy ajenos a las imposiciones tributarias fiscales que ponen hoy tan difíciles desafíos al financiamiento de los Estados
Conviene, pues, recordar que el privilegio no es, por definición, corrupción. Históricamente, las sociedades han reconocido de diversas formas el cargo, rol, papel o la responsabilidad o aporte de ciertas elites y ciudadanos al bienestar colectivo. No como un premio arbitrario, sino como señal de que el esfuerzo realizado, la carga asumida en una estructura desprestigiada por la discrecionalidad y/o la contribución efectiva del cargo público asumido por la persona designada o electa, tienen real importancia para el bien común.
Cuando ese reconocimiento desaparece o se vuelve socialmente inconfesable, el incentivo para asumir responsabilidades públicas, fiscales o institucionales también se debilita, como, por lo demás, ya ha sucedido en Chile. Paradójicamente, una cultura que proclama estar “en contra de los privilegios” y lleva la consigna a hipérbole, termina produciendo el efecto contrario: aleja a quienes estarían dispuestos a contribuir de manera honesta y transparente y atrae a quienes optan por hacerlo —o beneficiarse— a escondidas. Cuando todo trato diferencial es demonizado, la distinción no desaparece; simplemente se vuelve opaca.
Experimentos de laboratorio en mamíferos primates muestran que el rechazo al privilegio y las diferencias tiene sustento biológico -supervivencia diría un neodarwiniano- y se afinca en esa emoción tan bien descrita en el Genésis sobre el primer crimen de la historia producto de la envidia de Caín respecto de Abel. En el desarrollo ontológico, filosófico, sicológico y sociológico posterior de los principios que han definido los fundamentos valóricos de la democracia, el igualitarismo ha reescrito la igualdad fáctica, imposible de conseguir sin violencia, dado que es la libertad la que actúa como carburante del progreso que, más temprano que tarde, genera las diferencias de éxito de las personas en las sociedades capitalistas modernas, que son las que han posibilitado el lapso de mayor abundancia de la historia humana.
Estos privilegios incitan en los no privilegiados emociones que actúan como el motor irracional del deseo de «quitar los patines» a quienes han logrado ventajas en la carrera por la felicidad que cada quien debe correr a lo largo de su existencia «nivelando hacia abajo», y tal vez la razón de fondo por la cual Chile ha tenido cuatro años de completa tranquilidad callejera.
Tal como la rabia contra la desigualdad y el privilegio estimula discordias, las diferencias de riqueza material tienen hoy para igualitaristas de diversa extracción una magnitud tal que para muchos justificaría «quemarlo todo», no obstante que se trate de riqueza patrimonial sin vínculo con el odiado consumo de elites y fundamento material de la infraestructura que genera empleos para el propio igualitarista enfadado.
Es de esperar que el no haber operado de urgencia a la madre de la ministra en la salud privada -para lo cual su familia tiene los recursos- no haya sido el motivo por el cual el caso terminó constituyéndose en una paradoja para una administración que hizo del estatismo e igualitarismo en salud, educación y pensiones, su norte.
Nada de esto implica, sin embargo, justificar abusos ni relativizar la necesidad de reglas claras y justas, especialmente en sistemas tan sensibles como la salud pública, educación o justicia. Pero reducir el debate a una condena moral automática, sin atender al contexto ni a la reflexión de fondo, empobrece la conversación democrática. Más aún cuando aquel diferendo se transforma en amenaza de una acusación constitucional que sacaría a la ministra del mundo público -de donde proviene con alto nivel de excelencia- por cinco años.
La igualdad ante la ley no exige la negación de la diferenciación coyuntural que responde al mérito contingente, ni pide la uniformidad absoluta de remuneraciones, ni resultados de los esfuerzos de cada quien, sino la garantía que el Estado cuide que las reglas tengan sentido y legitimidad social, incluyendo un aceptado reconocimiento al trabajo que realiza cada uno, aun encarando una injusta batalla que se comenzó a perder en 2011, en el momento mismo en el que la sociedad compró la idea de que salud y educación son derechos exigibles al 100% y que el «lucro» en salud y educación sería ilegítimo.
Quizás el verdadero problema que este caso pone sobre la mesa no sea, pues, solo administrativo, sino especialmente cultural: un porfiado igualitarismo y una empecinada dificultad de los chilenos y sus elites para aceptar que una sociedad justa no es aquella que aplana las diferencias, sino la que sabe distinguir entre privilegio arbitrario y reconocimiento social y económico legítimo. Confundir ambos conceptos no nos hace más iguales; nos vuelve más desconfiados, más cínicos y, finalmente, menos dispuestos a sostener en común aquellos valores democráticos que decimos defender. (NP)
