Las constituciones liberal democráticas llevan la defensa de la libertad hasta un punto tal que posibilitan, incluso, el suicidio de aquellas libertades que protegen al ofrecer al soberano y/o sus representantes -sin importar el estado de ánimo coyuntural- la posibilidad de redactar un contrato social en el que, mezcladas la ignorancia del derecho y el juego de poder implícito en los momentos de cambios, las mayorías y minorías circunstanciales representadas en los imprevisibles grupos redactores pudieran favorecer valores y principios bien distintos a esa libertad.
Es cierto que la ontología liberal supone que el buen juicio ciudadano, su racionalidad o logos, debería impedir un evento en el que, enfrentado a la posibilidad del ajuste normativo, se expresaran principios y valores que pongan en peligro las libertades que hacen la esencia de la democracia liberal occidental, tal como, por lo demás, ocurrió en Chile en 2022 con la propuesta refundacional redactada por una mayoría circunstancial de izquierda maximalista, pero que fue ampliamente rechazada.
Sin embargo, nada impide que, en algún momento, suceda en Chile lo que le ocurrió al pueblo venezolano tras aprobada la constitución de 1999 del coronel Chávez, con más del 71%, hastiados los ciudadanos de la inoperancia de la clase política, pero que echó las bases y está en el origen de la trágica diáspora de más de siete millones de ciudadanos de esa nación sudamericana, así como de la difícil resistencia de otros tantos millones de opositores al socialismo del siglo XXI que deben sobrevivir prácticamente sin derechos políticos. O el caso de Nicaragua, en donde un dictador y exguerrillero izquierdista mantiene ya por 17 años, protegido por leyes ad hoc, un férreo control del poder político, social y económico de ese atribulado país centroamericano.
De allí que no pasara inadvertido en el proceso de discusión del articulado del nuevo proyecto constitucional, el hecho que la izquierda en su conjunto votara en contra o se abstuviera frente a propuestas que la mayoría de derecha había adecuado y parafraseado para convenir una redacción que abriera puertas a la materialización de leyes que posibilitaran una gobernanza ajustada a demandas de dicho sector y consistentes con la definición de un Estado democrático social de derecho, aunque aquellas permitían, al mismo tiempo, el ejercicio de derechos pasibles de ser provistos por los particulares o el Estado, es decir, entendiendo la libertad de elección como un principio que habilita el conjunto de otras libertades.
Ingratamente, la izquierda más radical volvió a influir en los sectores moderados mediante el uso ladino del discurso político al calificar estos esfuerzos en la búsqueda de convergencias como intentos de “constitucionalización” de las Isapres y las AFP, dos modelos de provisión de derechos sociales de carácter privado, pero que el país ha venido desarrollando desde hace medio siglo y llevando cada vez más hacia uno de carácter mixto, aunque la izquierda los entienda ideológicamente como parte de las estructuras económicas que conforman el “corazón del neoliberalismo” que el actual Gobierno ha declarado ha venido a sepultar.
En efecto, el modelo de AFP no es otra cosa que un sistema de capitalización individual que busca hacer justicia distributiva entre lo que el trabajador ahorra en su vida laboral y lo que termina recibiendo como jubilación, ajustado mediante un Pilar Solidario estatal que acude en subsidio de aquellas jubilaciones menores producto de lagunas de desocupación o de bajos sueldos y que hoy, en la forma de Pensión Garantizada Universal (PGU), se ubica en un mínimo de casi en $194 mil. El sistema de salud, en tanto, opera mutualmente a través de entidades aseguradoras privadas, las Isapre (en las que cotizan unos 2.5 millones de personas) o Fonasa (otros 16 millones) mediante un aporte mensual del 7% del sueldo bruto, que permite generar planes de salud con diversos niveles de eficiencia y eficacia, pero que incluyen las consabidas eternas listas de espera de operaciones, que no obstante se esperan superar a través de un servicio de salud universal instaurado por la nueva carta.
Como se ve, en ambos casos se trata modelos en los que millones de trabajadores aportan mensualmente miles de millones de pesos, tanto para su jubilación (pozo en el que las AFP tienen reunido más de US$ 200 mil millones); como para eventuales necesidades en salud (en donde las Isapres y FONASA juntan mensualmente el 7% del aporte del sueldo bruto de 9,2 millones de trabajadores, además de US$ 3 mil millones del presupuesto anual en salud). Tamaña cantidad de recursos son, por cierto, en manos del Estado, cajas pagadoras de infinito atractivo, tanto por razones políticas legítimas -querer usar los fondos para resolver problemas de los votantes, aunque firmada la solución como favor del propio político-; o ilegitimas -profundizar la corrupción ya debidamente descubierta, denunciadas y en proceso en tribunales-
La denodada lucha política en este ámbito no tiene, pues, nada de idealista, en tanto búsqueda de igualdad o encaramiento de la discriminación, sino que, en lo más denso de la realidad, se trata de una brega por un botín de miles de millones de dólares, cuya definición está bien graficada por la propia propaganda de izquierda, que con su reconocido ingenio lingüístico discursivo, ha conseguido motejar esos fondos como la “caja de crédito barato de las grandes empresas”, que es lo que ha sido, aunque, por cierto, en buena hora, en la medida que los ahorros previsionales a 40 años prestados a la industria, han crecido en proporción con el crecimiento de la economía, permitiendo que de cada 100 pesos ahorrados, 70 correspondan a la gestión financiera realizada por las AFP.
Y en el caso de las Isapres, con la generación de una infraestructura de salud privada y pública que, en casos de emergencia, como la pandemia, ha mostrado su fortaleza trabajando de consuno, aunque con fuertes alzas de la deuda fiscal, atrasos en pagos de servicios, listas de espera interminables y decenas de miles de fallecidos que no consiguieron atención del sistema. Mantener la libertad de elección en estas materias no solo evita profundizar dichos problemas, sino que impide descargar sobre el Fisco un peso adicional insoportable, posibilitando mantener el avance tecnológico y en inversión que se observa en el área privada, lo que, siguiendo el nuevo proyecto constitucional, permite una colaboración público-particular más virtuosa en el área.
No es, pues, un afán de “constitucionalizar” las AFP y/o las Isapres, sino la expresión pragmática de un sector ciudadano que, más allá de posturas partidistas, busca mantener los beneficios de fórmulas probadas en los últimos 50 años y que si bien pueden seguir siendo perfeccionadas legalmente -aunque no a punta de hacerlas quebrar a través de sentencias de la Corte Suprema- es obvio que han acumulado una experiencia y capacidad técnica y profesional que ha colocado al país, junto a Cuba, en el listado de los mejores en medicina de América latina. No son malos resultados si se comparan con los de un país que es modelo para la izquierda gobernante que, a todas luces, ha buscado, desde su asunción, destruir las AFP e isapres, es decir, ese indispensable aporte privado al sistema mixto previsional y de salud que el país ha ido conformando, traspasando al sector público el total de la responsabilidad, aunque, desde luego, también la cartera con los miles de millones de dólares mensuales que esas áreas generan, gracias al aporte de los trabajadores.
Por cierto, en estas materias era y es muy difícil lograr “consensos” utópicos como los que hubiera querido mandatario, es decir, que la derecha mayoritaria en el Consejo redactara una constitución parecida a la de la Convención, que, por lo demás, el presidente defendió y aplaudió públicamente, lo que es un absurdo. Lo que los partidos políticos, representantes democráticos mayoritarios de la ciudadanía y expertos en el Consejo hicieron es, simplemente, volver las aguas al cauce de la tradición democrático liberal social del país, evitando insistir en ponerse la pistola en la sien, si es que, debido al hartazgo ciudadano con la clase política, una mayoría circunstancial termine votando el 17-D por el “En Contra” y a favor de la carta de Pinochet o de los “cuatro generales”, la que ahora, paradojalmente, cuenta con el apoyo del Partido Comunista, del Frente Amplio y parte de la izquierda socialdemócrata y socialcristiana que luchó por más de tres décadas por una nueva carta redactada en democracia.
Entonces, lo que no dijeron los partidarios de la estrategia de la Asamblea Constituyente es que la nueva constitución tenía que ser redactada por ellos y con contenidos que permitieran la instalación en Chile de algo así como el “socialismo del siglo XXI” o “socialismo indigenista”, lo que no ocurrió, pues esa propuesta fue rechazada por más del 60% de la ciudadanía.
De allí que, en lo sucesivo, no habría que esperar de esos sectores sino la insistencia en un cambio constituyente durante los próximos años, cualquiera sea el resultado en diciembre. El argumento de “nuevos estallidos” si el proyecto liberal se aprueba, es, pues, inútil por redundante, pues ninguna razón o juicio fundado hará que la izquierda maximalista abandone su lucha por la toma del poder total.
En este marco político, siendo el presidente defensor de los DD.HH. sin importar el color político del país que los trasgreda; alabando el libre comercio y la iniciativa privada, rechazando las faltas de libertades y derechos como los casos venezolano o nicaragüense; o el bloqueo económico a Cuba y la violencia política, como lo reconoció respecto de Hamas, en su reunión con Biden, Boric marca un perfil liberal o libertario bien visible, razón por la que pareciera que, o cree posible en Chile un tipo de “socialismo liberal nacional” dirigido por él, lejano al estilo autoritario de Maduro; o definitivamente ha terminado por asumir que la estrategia de los cambios paulatinos y moderados llevada a cabo por la exConcertación desde 1990, era la línea correcta. Si es así, debiera declararlo. Terminaría con la incertidumbre económica, institucional y política, el PC y maximalistas del FA abandonarían su gobierno y varios millones se lo agradecerían. (NP)
