Tras la aprobación del texto constituyente por parte del pleno del Consejo respectivo hoy, los chilenos están convocados a leer, estudiar, entender y decidir cómo votarán la nueva propuesta de carta fundamental redactada esta vez por 51 consejeros electos por la ciudadanía, con una mayoría de derecha y centro derecha, y 24 comisionados expertos, así como por una posterior Comisión Mixta formada por 12 integrantes de ambos órganos, quienes trabajaron sus ideas sobre la base de 12 principios previamente consensuados por dirigentes de diversos partidos con representación en el Congreso.
El texto ya se encuentra en circulación y, respecto del mismo, centenares de ciudadanos reconocidos y autoridades políticas han comenzado a expresar públicamente su opinión, entregando sus respectivas razones por las cuales votarán “A Favor” de la propuesta, mientras otros han decantado por el “En Contra”.
Se trata de un proyecto de 17 capítulos, estructurados de modo similar a la carta vigente, y sus respectivas disposiciones transitorias, distribuidas en un total de 204 páginas que se caracterizan por una redefinición del papel del Estado como “social y democrático de derecho”, aunque fundado en el concepto de persona humana, cuya dignidad “es inviolable y la base del derecho y la justicia”; y la familia, a la que se considera “núcleo fundamental de la sociedad”, obligando al Estado y a la sociedad a darles protección y propender a su fortalecimiento.
Se trata, pues, de una carta que consagra un Estado al servicio de la persona, la familia y el “bien común”, así como respetuoso de las organizaciones intermedias que libremente surjan “para cumplir sus fines específicos que no sean contrarios a la Constitución”.
Asimismo, merced al proyecto “Chile adopta para su gobierno la república democrática, con separación de poderes y régimen presidencial”, al tiempo que hace residir la soberanía “en el pueblo de Chile, Nación única e indivisible”, la que se “ejerce a través de elecciones periódicas, plebiscitos y mecanismos de participación” en el marco de un Estado unitario, descentralizado, con gobiernos regionales y comunales autónomos en la gestión de sus asuntos, que reconoce a los pueblos indígenas como parte de la Nación chilena y valora el diálogo intercultural favorable a la diversidad étnica del país, “en condiciones de igualdad y respeto recíprocos”.
Tras dichos fundamentos, el proyecto despliega en su capítulo II los derechos y libertades fundamentales, así como garantías y deberes constitucionales, destacando en primer lugar el derecho a la vida de toda persona y de quien está por nacer, prohibiendo la pena de muerte; el derecho a la integridad física y psíquica; el derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación; derecho a la libertad personal y seguridad individual; a igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, así como al debido proceso; al respeto y protección de la honra y la de la familia, a la vida privada, de los datos personales y seguridad informática y digital.
También a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, destacando el derecho de los padres y tutores a educar a sus hijos o pupilos y a elegir su educación religiosa, espiritual y moral de acuerdo con sus propias convicciones; derecho a la libertad de expresión, información y opinión, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio; a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas; a asociarse sin permiso previo, prohibiéndose solo las asociaciones contrarias al orden público y a la seguridad del Estado; el derecho al trabajo decente y asegurando la libertad sindical, sin que nadie pueda ser obligado a afiliarse o desafiliarse de aquellos.
Asimismo, consagra el derecho de petición ante la autoridad, a vivir en un entorno seguro, en un medio ambiente sano y libre de contaminación; a la protección de la salud integral, estableciendo un plan de salud universal, sin discriminación por edad, sexo o preexistencia médica, el cual será ofrecido por instituciones estatales y privadas. Y el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la salud pública, al orden público, o la seguridad de la Nación. Al mismo tiempo obliga a tener una ley de quorum calificado que autorice al Estado y sus organismos para desarrollar actividades empresariales o participar en ellas, siendo deber del mismo promover y defender la libre competencia, entre otros, así como el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, incluida la propiedad intelectual y derechos de autor.
Propone, asimismo, un derecho a la cultura y a la educación en el que la básica y media son obligatorias, debiendo el Estado financiar y coordinar un sistema gratuito con tal objeto, así como el derecho a la seguridad social, sea que se otorgue a través de instituciones públicas o privadas, resguardando a las personas de las contingencias de la vejez, discapacidad, muerte, enfermedad, embarazo, maternidad, paternidad, cesantía, accidentes y enfermedades laborales, sin perjuicio del establecimiento de otras circunstancias fijadas en la ley.
También establece el derecho al agua y a la vivienda adecuada, en el que el inmueble destinado a la vivienda principal del propietario sea que la habite solo o con su familia, estará exento de toda contribución e impuesto territorial.
Es decir, el anteproyecto recoge un sin número de aspiraciones ciudadanas manifestadas en estos años constituyentes, rehabilitando el principio de mayoría en el trámite legislativo, así como el acceso igualitario a los mandatos electorales, la importancia de los cuidados, la igualdad salarial e incluso una paridad de salida transitoria y flexible para los próximos dos períodos parlamentarios.
Quienes han expuesto su postura apoyando la nueva carta han llamado a los ciudadanos a leerla, en especial en sus dos primeros capítulos antes reseñados y que, como se ve, presentan una extensa panoplia de derechos, libertades y deberes fundamentales que son fieles a la tradición democrático liberal occidental, además de derechos y libertades expandidas respecto de la carta vigente, en especial respecto de las mujeres De hecho, en sus capítulos posteriores, del III en adelante, corrige el problema de fragmentación política, originado en la reforma constitucional de 2017, que aparentemente es el que atrae polarización y parálisis política.
Además, avanza en administración del Estado y funcionamiento del Poder Judicial, área en la que, empero, a algunos críticos preocupa el efecto del nuevo derecho a la seguridad que se podrá reclamar judicialmente, pero que pudiera tener impactos paradojales si los jueces pueden redistribuir dotaciones de carabineros respondiendo a reclamos particulares -como lo hacen hoy en juicios contra el Estado respecto del pago de medicamentos del alto valor- por lo que es posible que la escasez de personal se haga más evidente y la delincuencia aumente. Efecto similar observan en una policía de fronteras ajena de la cultura institucional de Carabineros para el control migratorio y el tráfico de estupefacientes. También los críticos temen cierta corporativización del Poder Judicial, a partir de las reglas propuesta sobre su calificación y nombramientos.
Respecto de las funciones de Contraloría, no obstante su modernización, en tanto, ven riesgos para el combate a la corrupción, en cuanto que al tradicional órgano se le sobrepone un segundo que tendrá la función de “coordinarlo”. Otros destacan su aspecto anticorrupción, en la medida que el artículo 8 señala que “La corrupción, en cualquiera de sus formas, es contraria al bien común y su erradicación es una obligación de los órganos del Estado”, perdiéndose la calidad de ciudadano por condenas por delitos que la ley califique como conducta terrorista y los relativos al tráfico de estupefacientes, trata de personas, o los cometidos por autoridades o funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, y que hubieren merecido, además, pena aflictiva.
Asimismo, en su perfeccionamiento del Tribunal Constitucional, se destaca una significativa atenuación de los mecanismos supramayoritarios, desapareciendo las leyes orgánicas constitucionales y consolidándose un quórum de reforma de 3/5.
Quienes apoyan el proyecto democrático liberal afirman que su rechazo mantendría la incertidumbre institucional -justo cuando la economía necesita recuperarse- y se conservaría el fallido sistema político parlamentario, cuya urgente superación quedaría postergada por largo tiempo.
Quienes se han manifestado “En Contra” dicen que su texto -o más bien la interpretación de aquel- “consagra abusos empresariales, la discriminación de las diversidades, la subalternización de las regiones, el control patriarcal de las mujeres, las prácticas antisindicales, la militarización de las policías y la policialización del Estado”, aunque no presentan articulado alguno que plantee tales posibilidades. Más bien han preferido “tragarse del sapo” de afirmar que “nunca me habría imaginado apoyando la Constitución de Pinochet” para invitar a rechazar, al tiempo que sectores ultraconservadores que también apoyan el voto “En Contra” encaran expresiones de la propia presidente del Consejo que ha advertido que la actual carta (de Pinochet) habilita la persecución de las reformas refundacionales del PC y el maximalismo, pues tiene quórums tan bajos que basta la mayoría que aquellos tenían hace pocos años para rediseñarla a su antojo.
Sin embargo, es sabido que los textos constitucionales no son necesariamente estables -menos en lapsos históricos de cambios tectónicos- en la medida que la propia estructura liberal-representativa, como la que ofrece el proyecto en discusión y el que nos rige, se modifican mediante reformas directas o cambios a su interpretación, que dependen, como se ha visto históricamente, del Tribunal respectivo o la propia clase política, hechos que limitan el efecto del impacto en la vida comunitaria del presente proceso, y que, entre otras cosas, ha mostrado pedagógicamente en sus alrededor de cinco años, que no son las constituciones las que resuelven los problemas diarios de la población, sino la actividad económica, inversión y empleo, y que no existe una carta fundamental tan petrificada que no sea posible de cambiar por la fuerza del pueblo al que aquella organiza. Una constatación que, desde la izquierda, ha hecho afirmar a líderes del PC que no hay gobierno que pueda poner término al proceso constituyente, el que seguirá adelante con una asamblea constitucional.
Votar “A favor” es, pues, quedarse con una nueva Constitución de estructura liberal-representativa, que, cuando los tiempos políticos lo exijan, podrá ser reinterpretada o modificada total o parcialmente, como lo ha sido la actual, dando lugar a disposiciones que son tan lábiles como el lenguaje con el que se ha construido y que, por lo demás, no solo posibilitó los más de dos centenares de cambios de la Constitución de Pinochet-Lagos, sino la llegada al poder ejecutivo del PC y el FA.
En materia socioeconómica, en tanto, con su actual redacción, el proyecto abre posibilidades para implementar una amplia variedad de modelos de gestión y programas político-partidistas, aunque, desde luego, la actual propuesta impida, como parece obvio y dada la mayoría en el Consejo, que en Chile se instale el chavismo y/o totalitarismos a la cubana o nicaragüense.
De allí que el argumento de cerrar el proceso constituyente para justificar el voto “A Favor” sea un juicio que solo responde al “hartazgo constitucional” que vive el país, pero no a las demandas ciudadanas atrasadas, pues, cualquiera sea el resultado del 17 de diciembre, la izquierda maximalista mantendrá el tema constituyente abierto, tal como, por lo demás, lo hizo majaderamente durante más de 18 años de los 30 a los que luctuosamente quiso poner fin con el 18-O pero que termina en el más frustrante de los fracasos para esa izquierda que puso fichas a una aventura que los ubica hoy frente al aciago dilema de apoyar una constitución “republicana” o la Constitución de Pinochet. Menuda derrota.
Y si ganara el “En contra”, no obstante el crecimiento de las opiniones “A Favor” de las últimas semanas, talvez sería de interés que los líderes responsables de la política nacional tuvieran acercamientos horizontales para aprobar el mismo 18 de diciembre una reforma constitucional que prohíba los pactos electorales y/o que adopte la regla del 5%, además de la norma de que parlamentario que renuncia a su partido pierde el escaño, volviendo, además, a subir el quorum de reformas de 4/7 a 3/5 para dar señales de mayor credibilidad al acuerdo de estabilidad de la Constitución que seguirá rigiendo. (NP)