El Presidente de la República ha vuelto a cometer otro serio error en el ámbito de las relaciones internacionales que de nuevo compromete el mejor prestigio de Chile y de su pueblo tras un publicitado desaire al recién nominado embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli. Pero, además, su Gobierno lo ha agravado al explicar la indebida y sorprendente actitud como supuesto producto de una “sensibilidad política que generó la muerte de un adolescente palestino de 17 años en el norte de Cisjordania, durante una operación del Ejército de Israel, ocurrida el mismo día de esa presentación”.
Desde luego, el error original en sus ya varios “gafes” en la materia ha sido suponer que la política internacional del país puede ser llevada a cabo con arreglo a respingos éticos o políticos momentáneos o improvisados, según las especiales predilecciones ideológicas, políticas, culturales o económicas de quien, de acuerdo a la constitución vigente, tiene la responsabilidad exclusiva de conducir, no obstante el desapego del mandatario con aquella.
Las relaciones internacionales son, talvez, el ámbito de expresión política en el que la concepción de “Estado” se expresa con su mayor densidad y evidencia y en el que la sumatoria de los intereses nacionales, en su sentido más amplio, van dibujando lenta, pragmática, pero inexorablemente, el modelo de vínculos de cooperación y/o competencia, de amistad o enemistad con los demás países, dependiendo de las coyunturas geopolíticas, exigencias político-económicas y tecnológicas del propio país y la evolución de la correlación de fuerza de los poderes internacionales en su lucha por el dominio de la conducción estratégica del orbe.
De allí que Chile, en la región, haya sido históricamente uno de los principales impulsores de la estrategia que rechaza la injerencia en asuntos políticos internos de otras naciones, lo que contrario sensu importa el debido respeto por su propio desarrollo sin intrusiones; así como un persistente promotor del multilateralismo y permanente organizador de las mejores relaciones diplomáticas, políticas, económicas y culturales con las grandes potencias y sus respectivos aliados, rechazando la eventual concentración en un solo polo de poder de la conducción de los asuntos internacionales, estrategia que se desprende de su capacidad como país pequeño que busca digna independencia y libertad en sus relaciones y autonomía en sus negociaciones con el resto de la comunidad internacional y que entiende que no cuenta sino con un limitado poder para hacer frente a una eventual enemistad activa con potencias mundiales en guerras frías o calientes.
Por eso, en la historia del país, siempre ha sido noticia que un Presidente de la República se declare enemigo o adversario expreso y/o abierto de algunas de las distintas potencias que han dirigido los destinos del mundo, tal como lo fueron aquellas anomalías del siglo XX contra el “imperialismo” norteamericano o el emplazamiento a “los señores rusos”, aunque evidenciando que, en ninguno de los dos casos, se encarara, en paralelo, a Beijing, acusación que recientemente ha puesto en aprietos a una expresidente chilena, aun bajo el paraguas de ONU, cuando debió emitir, a horas de su salida del cargo, un polémico informe de atropellos a los derechos humanos en contra de la minoria religioso racial uigur.
Es decir, a estas alturas de los acontecimientos, ni las grandes potencias, ni las más chicas, requieren de pequeños profetas admonitorios para hacer conciencia de sus problemas de gobernanza cada vez más exigentes, pues, cada uno, reconoce a la perfección los espacios y bordes de sus intereses como Estados y, como es y ha sido evidente en el último siglo, no han trepidado en hacer uso de los instrumentos de poder que se requieren para hacer frente a amenazas a su estabilidad o progreso.
De allí que suene rara una reacción como la observada por el mandatario, pues eventos como el mencionado como motivo de repudio expreso podrían multiplicar por mil las manifestaciones en el orbe para enervar vínculos nacionales. De hecho, el propio mandatario ha sido objeto de maltrato en sus decisiones de relaciones internacionales, en especial con la nominación de su embajador en Brasil, cuyo pláceme, como se sabe, ha estado a la espera por meses en esa cancillería. No es, pues, de tal ejemplo de comportamiento internacional que el presidente chileno debiera nutrirse.
Y sin necesidad de retrotraernos a las guerras del siglo XX, baste referir alegatos gubernamentales respecto de injusticias propias de inmigraciones desbocadas desde África hacia Europa a inicios del XXI y en las que las propias naciones del viejo continente han debido encarar sus conflictos morales internos a raíz de cierres de fronteras, ahogamientos masivos en el Mediterráneo y/o expulsiones no negociadas, que solo han redireccionado su foco merced a la invasión rusa a Ucrania, otra muestra de como se desenvuelve el poder cuando se refiere a intereses de los Estados, además de la crisis energética que la misma está suscitando y que refleja el crudo pragmatismo de esos vínculos que tantas veces el presidente chileno idealiza.
En este poco ejemplar y amoral orden mundial de las cosas, quien sigue las noticias sabe que diariamente algún adolescente de 17 años es asesinado por las balas de fuerzas armadas de algún Estado, por la lucha reivindicativa social o libertaria; revolucionaria nacionalista o clasista, de policías, de crimen organizado o de supervivientes y, por cierto, el Estado chileno no se ha sentido obligado éticamente a alterar relaciones con aquellos países en los que esos crímenes se cometen -Chile, por lo demás, rompió relaciones con Alemania nazi cuatro años después de iniciada la II Guerra- y en cantidades que espantan el sentido moral, como es el caso del crimen organizado en México y de cómo éste amenaza con avanzar en Chile, donde diariamente ya aparecen personas muertas, baleadas al interior de autos, zanjones, playas o calles, a raíz de una acción delictual impune que no encuentra responsables, pero cuyas almas claman por la protección de Estado ante grupos armados que operan impúdicamente en diferentes provincias del país para proteger sus acciones ilegales en crecimiento.
La ineficacia del Estado chileno ante el ascenso de fuerzas violentistas de corte “nacionalista”, “políticas”, criminales o mixtas, producto de la triple incapacidad normativo institucional, operativo preventiva y jurídico represiva de su clase política, de intereses subsumidos que ya ocupan centros de poder y una ineficaz contención auto restringida por un intencional desarme de la gestión policial como supuesto modo de proteger derechos humanos que, sin embargo, son violados por las otras fuerzas militares emergentes e incontroladas, son insurgencias perfectamente comparables a los problemas de pacificación de los espíritus que tienen otras naciones del orbe, entre ellos el propio Israel, pero que no autorizan a ningún mandatario electo a intentar “sancionar” éticamente a un embajador por sí y ante sí, habida consideración de eventos que están tan lejos de sus posibilidades de encauzar, como tan lejos ha estado el propio Presidente chileno de impulsar acciones efectivas para superar los hechos de violencia, incendios, mutilaciones y muertes que ocurren en la Araucanía, en la zona norte o las grandes ciudades del país.
A no ser que, la incomprensible reacción -aceptable en un impresionable dirigente estudiantil, pero no en un Presidente- no sea sino otro remedo de la política al estilo “House of Card” o “del espectáculo” a la que varias autoridades han ido acostumbrando al país, en la que para “tapar” un suceso conmocional que verdaderamente importa a la autoridad, otro es lanzado al ruedo de las noticias, dando así tiempo al tiempo para manejar sus consecuencias y adoptar medidas que morigeren el impacto que se prevé respecto del evento original y que verdaderamente importa al gobierno.
Y aunque la información al respecto ha sido tanto limitada como desmentida (aquella que difundiera el medio digital “Interferencia”) el caso de la renuncia de la jefa del Segundo Piso de La Moneda, Lucía Dammert y sus colaterales en materia de su especialidad en seguridad pública, unida a su comparecencia voluntaria a declarar ante una fiscalía federal en Brooklyn, EE.UU., por nexos con el narcotráfico de uno de sus antiguos empleadores mexicanos, pudiera tener réplicas más graves que el incidente con un embajador que, por lo demás, tras las reiteradas explicaciones de Cancillería ya ha declarado que “como judío, mi pueblo ha pasado por peores cosas en los últimos cuatro mil años y vamos a superar este incidente para el bien de Chile y el bien de Israel”.
Relevante para el Gobierno porque la ida a declarar a las oficinas de Fiscalía en Nueva York pudo haberse pactado justamente para las fechas en que el Presidente Boric estará en esa ciudad, para asistir a la Asamblea de Naciones Unidas, en un entorno que no solo se complica por el reciente maltrato a un embajador judío en una urbe y entorno en el que descendientes de ese pueblo tienen enorme influencia en áreas de inversiones y comercio que Chile busca atraer, sino que, además, de haber participado Dammert como integrante oficial de su comitiva, en momentos en los que colabora en una investigación sobre narcotráfico, si tal hecho hubiera trascendido a la prensa neoyorkina, habría sido un golpe en la línea de flotación del éxito de la misión que el mandatario iniciará esta semana.
En esa tarea, en la que Boric representa a todos los chilenos y en la que todos le desean éxito por el impacto económico que ella tiene, ya no le será aceptable, ni divertido, desconocer la presencia de representantes de EE.UU. o Israel en los actos; o atribuir atrasos protocolares a un rey, o adjudicar violencia a unos y victimización a otros; y en el que su manifiesta voluntad expresada en la carta de excusas a Israel de “contribuir a la construcción de un mundo en paz, entendido esto ultimo no solo como uno sin conflictos, sino como aquel en que reine la equidad, la justicia y el respeto a los derechos humanos y que permita relaciones de convivencia constructivas y de cooperación entre los pueblos”, estará además bruscamente atravesado por los poco ejemplares recientes asesinatos de tres chilenos por tropas irregulares en la macrozona sur.
Es de esperar que tanto el caso Artzyeli, como el de Dammert terminen por superarse; en el primero, dando el propio Boric a fines de mes las debidas y caballerosas explicaciones que corresponden al embajador, al país al que aquel representa y a la comunidad judía y chilena que, con justa razón, se ha sentido agraviada con la inexplicable actitud del mandatario, la que, empero, solo confirma declaraciones anteriores en similar sentido ideológico, pero que la gran mayoría de los chilenos repudia; y la segunda, eliminando toda sospecha que pueda recaer sobre ella respecto de su eventual conocimiento de acciones ilegales cometidas por su ex empleador en México y por las que aquel es perseguido, sin que su forzado alejamiento del Gobierno afecte el buen resultado de la gira del Presidente a la Asamblea de Naciones Unidas y que Dammert estaba coordinando. (NP)
