Editorial NP: Bancos “coñetes”

Editorial NP: Bancos “coñetes”

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El presidente Gabriel Boric señaló recientemente que «en Chile una de las industrias que más ha costado reactivar es la construcción, y quiero hacer un llamado a los bancos que han estado, como se dice, muy coñetes, en particular con las empresas de la construcción, para poder sacar adelante nuevos proyectos”.

La afirmación formulada en una relajada entrevista para una radio de provincias tuvo un nada irrelevante eco, provocando respuestas de políticos, economistas y analistas, varias de las cuales apuntaron tanto a lo poco delicada de la muy hispánica palabrota, como también a la aparente ignorancia que se deduce de la afirmación del mandatario en cuestiones económicas, aunque, como era de esperar, nada de lo dicho hasta ahora, tanto por el presidente, como por sus contradictores o epígonos, ha tenido efecto en lo real, es decir, ni la banca ha juzgado necesario responder al llamado de la autoridad reduciendo las tasas de interés del dinero para apoyar la reactivación de la malograda industria de la construcción, ni el mandatario ha insinuado tampoco que enviará algún proyecto de ley destinado a forzar o inducir tal reducción del costo del dinero. Flatus vocis

Y esto es así, porque, por sobre la voluntad discursiva que la política expresa en el orden social democrático liberal, donde, de alguna forma se entienden sus decisiones institucionales como voluntad colectiva legítima, lo cierto es que la postura de los bancos respecto del bien que aquellos comercian, el dinero, no es una simple cuestión de voluntad de los administradores de esos recursos, sino una compleja ecuación en la que convergen de modo grueso la demanda por el bien requerido y la oferta existente del mismo, así como el necesario marco de competencia referencial que pone los respectivos límites a los eventuales instintos naturales de los agentes de subir el valor del bien comerciado hasta niveles que lo hacen intransable.

En efecto, probablemente si el Presidente tuviera sus ahorros en un banco determinado A y supiera que dicha institución se dispone a reducir la tasa de interés que le está pagando periódicamente, revisará el monto de sus depósitos, así como los precios que otros bancos B y C están ofreciendo por ese dinero no gastado. A mayor abundamiento, si supiera que el banco A está negociando otorgar créditos artificialmente baratos -es decir que no responden a la ecuación oferta-demanda-legislación- a personajes non sanctos de un sector en quiebra, muy seguramente se apresuraría a rescatar sus ahorros ante la inminencia de que esta relajada práctica del banco respecto de clientes insolventes termine por hacer fungir los ahorros presidenciales y los de miles de otros ahorrantes que pusieron su confianza en la institución.

Por cierto, los bancos son entidades que con un capital inicial y cumpliendo una serie de exigencias legales, la sociedad organizada los autoriza para operar en un mercado más o menos amplio ,captando y prestando dinero, el que, en su enorme mayoría, pertenece a los ahorrantes a quienes el banco le ha ofrecido pagar un interés determinado por todo el tiempo que la persona o empresa lo deje en la entidad. Es decir, lo que presta es plata ajena y su ganancia, el diferencial entre el valor a que concede el crédito y el precio al que paga el dinero ajeno.

La quiebra masiva de la banca chilena en los 80 se produjo precisamente por la inexistencia de normas duras y “coñetes” que limitaran la entrega de créditos otorgados livianamente a cada cliente que lo demandaba y, más aún, entregados a empresas de papel y personas vinculadas a la propia estructura accionaria del banco. La crisis del 2008-2009, en cambio, no tuvo grandes consecuencias gracias a que, tras la experiencia de los ‘80 -que generó deudas que las entidades que sobrevivieron siguieron pagando hasta entrado el siglo XXI- la banca aprendió a ser “coñete” y altamente exigente en la calidad y solvencia del potencial deudor, única forma de proteger el dinero que otras personas y empresas le confiaron en administración. Y mientras en EE.UU. los deudores subprime suscitaban caos en la banca internacional, en Chile se logró mantener una estabilidad financiera reconocida en el mundo.

Es decir, no se trata, como se ve, para resolver la caída de actividad de la construcción de que los bancos no sean “coñetes” con las constructoras, un sector reconocido como un motor de actividad en otros planos gracias a sus requerimientos de insumos que van desde el acero, cemento y maderas, hasta clavos, cables eléctricos y ventanales. Se trata, empero, de que los bancos accedan a un dinero que otros han ahorrado y por el que las personas buscan recibir recompensa por postergar su consumo, especialmente cuando, además, ese ahorro es escaso, como ocurrió en Chile después de la pandemia, lapso en el cual las personas no solo retiraron más de US$ 50 mil millones de ahorro previsional de sus AFP’s, sino que el Estado desahorró otros US$ 70 mil millones en subsidios y aportes a los hogares y empresas para superar el momento de paralización de la actividad.

Es decir, para reactivar la economía es menester inducir a más ahorro -para lo cual la condición clave es tener confianza en que ese ahorro crecerá- abaratando así el costo del dinero al que los bancos pueden acceder, tanto desde las personas que buscan recibir una recompensa por postergar el consumo para cuando necesite esos recursos, como desde el conjunto de instituciones internacionales que administran fondos de retiro, personas de altos ingresos y empresas que, a su turno, buscan rentabilizar esos recursos sin uso inmediato, realizando diversas operaciones financieras de ahorro como compra de títulos del Tesoro, cambios de monedas, o compraventa de acciones.

Así, cuando el sector financiero normalizado compra y vende papeles de empresas en los mercados, el valor de las compañías se mueve, suscitando buena parte de las veces una presión favorable de capitalización que coadyuva a más reinversión y crecimiento en esas firmas. Nada de lo que sucede en el proceso de generación de mayor valor patrimonial, de bienes y servicios, resulta, pues, ser consecuencia de la mera voluntad de los agentes involucrados, por más que aquellos quisieran (si no, no se explicarían las colusiones) sino del intercambio y libres decisiones de millones de partícipes en esos mercados que convergen en precios determinados, dependiendo de las expectativas de mejor o peor desenvolvimiento del patrimonio, bien o servicio valorizado. Unas perspectivas que, por lo demás, tienden a ser pesimistas cuando las autoridades democráticas del Ejecutivo, Legislativo o Judicial, actúan de modo amenazante contra los legítimos intereses de quienes arriesgan sus recursos y patrimonios en la creación de empresas o emprendimientos de diversa naturaleza.

Los bancos podrían decidir por sí y ante sí, reducir las tasas de interés para abaratar los costos de un crédito habitacional y así impulsar la demanda por ese bien y revitalizar a esa industria seriamente afectada por la baja actividad producto, precisamente, de las altas tasas de interés, y, en consecuencia, por una demanda reducida. Pero junto con bajar la tasa de colocación, los bancos deberían reducir las de captación, lo que desestimularía el ahorro por parte de personas y empresas, prefiriendo usar esos recursos en consumo, reduciendo el ahorro a nivel agregado, por lo que, más temprano que tarde, el precio del dinero volvería a subir.

Presidente, mejor que pedir a los bancos que dejen de ser “coñetes”, más eficaz y real -es decir que las palabras sean transmisoras de hechos y cambios y no flatus vocis– sería reiterar sin asomo de dudas a las empresas nacionales y del mundo aquella certeza jurídica e institucional que duró 30 años de que en Chile se respeta constitucionalmente la propiedad privada como derecho humano que es; que nadie será sujeto de expropiación arbitraria alguna y que, en tal caso, el Estado pagará el valor de mercado por aquel patrimonio; que el Estado de Chile es siempre -con izquierda o derecha en el poder- un colaborador, no un obstructor de la inversión y el emprendimiento de todo volumen; y que la legislación del denominado fast truck económico será despachada con urgencia este año para facilitar esas nuevas inversiones y la creación de más empleo para salir del marasmo actual e insuficiente crecimiento de 2%.

De esa forma, como todo en la economía, cuando la oferta de empleo comience nuevamente a ser abundante, escasearán quienes ofrecen su trabajo, haciendo subir el valor por sus labores y no por acto legislativo como el de los $500 o $600 mil, lo que, con cierta seguridad, hará crecer el número de desocupados.

Incentivando la inversión, facilitando su correcta instalación legal y dando certeza jurídica de respeto a la propiedad, mientras aquella respete las leyes nacionales, empresas y personas volverán a crecer, podrán ahorrar y generar más recursos para un desarrollo más rápido. Entonces verá Ud. Presidente, que la banca prestará en mayor cantidad y más barato a constructores y empresarios cuyos proyectos sean viables y con expectativas de mayor valor porque hay más demanda y baja inflación, cerrando así el círculo virtuoso que ha hecho de los mercados -que no la política- el mejor y más eficaz instrumento de asignación de los recursos. (NP)