Los conceptos de izquierda y derecha nacieron en su acepción política moderna durante la Revolución Francesa de 1789. En la Asamblea Nacional, los partidarios del rey Luis XVI se ubicaban a la derecha del presidente de la sala, mientras que los revolucionarios ocupaban los escaños de la izquierda. Desde entonces, ambos términos pasaron a representar visiones contrapuestas sobre el orden político, económico y social.

Algo similar ocurrió con el concepto de “ultra”. Su origen también se encuentra en Francia, donde comenzó a utilizarse como abreviación de ultrarrealista para identificar a quienes, durante la Restauración monárquica de 1815, defendían posiciones más radicales que las del propio rey Carlos X. Posteriormente, la expresión volvió a emplearse para designar a los sectores que se opusieron con intransigencia a la independencia de Argelia y, desde una perspectiva completamente distinta, Vladimir I. Ulianov, Lenin, la utilizó para criticar las posiciones extremistas dentro del propio movimiento comunista ruso, calificándolas como la “enfermedad infantil del comunismo”.

La ciencia política ha intentado, desde entonces, dotar de mayor precisión conceptual a estos términos. Sin embargo, el lenguaje político cotidiano rara vez responde a criterios académicos. En la disputa partidista, las palabras suelen convertirse en instrumentos de propaganda antes que en categorías analíticas. El objetivo deja de ser describir la realidad para transformarse en la descalificación del adversario, atribuyéndole etiquetas cuyo efecto principal es provocar rechazo entre un electorado que, por lo general, desconoce el significado técnico de esos conceptos.

El problema es que las categorías tradicionales parecen describir cada vez menos la realidad política contemporánea. Partidos históricamente identificados con la izquierda hoy defienden principios —como determinadas libertades económicas o el respeto a ciertos derechos individuales— que décadas atrás habrían sido asociados a la derecha liberal. Al mismo tiempo, sectores de derecha promueven políticas intervencionistas, proteccionistas o estatizantes que, en otro contexto histórico, habrían sido reivindicadas por la izquierda surgida del marxismo-leninismo. La antigua frontera ideológica aparece hoy considerablemente difusa.

Pese a ello, el calificativo de “ultraderecha” se ha instalado con sorprendente facilidad tanto en el periodismo como en parte de la academia. Con frecuencia se aplica a gobiernos y movimientos políticos que, más allá de sus posiciones conservadoras, operan dentro de las reglas propias de una democracia liberal: respetan la alternancia en el poder, la independencia de los tribunales, el Estado de Derecho y los procesos electorales.

Es cierto que no existe una definición universalmente aceptada sobre qué constituye la ultraderecha. Sin embargo, los estudios comparados suelen identificar algunos rasgos recurrentes: un fuerte conservadurismo cultural; oposición al aborto, a determinadas agendas de género y a políticas de diversidad sexual; una prioridad casi absoluta otorgada al orden público y la seguridad; un nacionalismo que mira con desconfianza la inmigración y el multilateralismo; y, quizás el elemento más importante, una relación conflictiva con las instituciones y principios de la democracia liberal.

Es precisamente este último criterio el que merece mayor atención. Si el concepto pretende conservar algún rigor analítico, no basta con identificar posiciones conservadoras o nacionalistas. La verdadera diferencia radica en la actitud frente a las reglas democráticas. Cuando un movimiento político desconoce la separación de poderes, restringe las libertades civiles, persigue sistemáticamente a la oposición o pretende concentrar el poder en torno a un liderazgo personalista —el conocido Führerprinzip, o principio del caudillo—, entonces resulta razonable hablar de tendencias autoritarias o extremistas.

Desde esa perspectiva, resulta difícil comprender por qué gobiernos que respetan plenamente las instituciones democráticas son catalogados habitualmente como “ultraderechistas”, mientras que regímenes como los de Nicaragua, Cuba o Corea del Norte siguen siendo descritos por algunos dirigentes políticos como simples “democracias con problemas”, evitando calificarlos como dictaduras, pese a la abundante evidencia internacional sobre la ausencia de libertades políticas, elecciones competitivas y separación de poderes.

La utilización selectiva de las categorías políticas termina debilitando el propio lenguaje democrático, así como la necesaria unidad nacional en tiempos de crisis. Cuando una etiqueta se aplica únicamente por conveniencia ideológica y no por criterios objetivos, pierde capacidad descriptiva y se transforma en un simple recurso propagandístico. Tal vez, de ese modo, su excesivo uso actual no sea más que, al calificar de ultraderechista a un sector, permite a los acusadores extender el manoseado eje izquierda-derecha y distanciarse de modos de hacer las cosas que hoy aparecen peligrosamente cerca.

Y si así fuera, en vez de seguir dividiendo, partidos, dirigentes y líderes de opinión política y social que abusan del término bien podrían promover la acción de consuno en decenas de objetivos ciudadanos compartidos tales como la modernización del Estado y su descentralización efectiva, simplificando trámites, digitalizando, evaluando políticas públicas y mejorando la eficiencia y autonomía regionales y locales; avanzando hacia la simplificación regulatoria y de la permisología; el combate a la corrupción y fortalecimiento de la probidad junto a una mejor seguridad pública y fortalecimiento institucional, previniendo el delito, persecución penal y capacidades policiales que respeten el Estado de derecho; reduciendo las listas de espera en salud; mejorar la calidad de la educación escolar, formando mejores docentes y revisando los criterios de evaluación; invertir más en primera infancia y en infraestructura estratégica como carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles y conectividad ,aprovechando la reconstrucción tras los temporales; avanzar en la transformación digital del país mejorando conectividad, digitalizando más servicios públicos y alfabetizando en materia digital e inteligencia artificial con una política nacional; avanzando en la gestión sostenible del agua construyendo más y mejores represas y reservas de agua a lo largo del país; la adaptación al cambio climático y preparación ante desastres naturales como sequías, incendios, terremotos, inundaciones y otros riesgos; invirtiendo más en la investigación científica, innovación y transferencia tecnológica; mejorando la productividad nacional en el Estado y empresas privadas, promoviendo el ahorro y la educación financiera; diversificando la matriz productiva desarrollando nuevas industrias y agregando valor a las exportaciones; fortaleciendo la justicia con procesos más rápidos, accesibles y confiables y alcanzando ahora acuerdos político partidistas estratégicos que trasciendan los ciclos electorales.

Quizás haya llegado el momento de abandonar la comodidad de los viejos esquemas heredados de la Revolución Francesa y comenzar a clasificar a los gobiernos menos por la ubicación que ocupan en un supuesto eje izquierda-derecha en obvia retirada y más por la forma en que aquellos ejercen el poder. Después de todo, como recuerda el Evangelio, “por sus frutos los conoceréis”. Son los hechos —el respeto a la libertad, a la democracia, al Estado de Derecho y a los derechos fundamentales— los que finalmente permiten distinguir a un gobierno democrático de uno autoritario, con independencia de la etiqueta ideológica que pretenda exhibir o atribuirle a su competencia. (NP)