El informe “Por un Chile sin Economía Ilícita”, impulsado por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), advirtió que las actividades ilegales generan un movimiento económico superior a los US$5.700 millones anuales en el país y provocan pérdidas tributarias que superan los US$1.500 millones. Entre los sectores identificados figura el mercado de casinos y apuestas online ilegales, cuyos ingresos brutos fueron estimados en US$625 millones durante 2025.
El documento suscrito sostiene que el crecimiento de este mercado demuestra que las apuestas ilegales dejaron de ser una actividad marginal para transformarse en una industria de gran escala, con capacidad para captar usuarios, desplazar a operadores regulados y funcionar al margen de los controles estatales.
REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
En una reciente columna, Cecilia Valdés, presidenta ejecutiva de la Asociación Chilena de Casinos y Juegos, plantea que el debate ya no debe centrarse únicamente en la necesidad de regular las apuestas online, sino en la urgencia de establecer un marco legal que permita controlar una actividad que continúa expandiéndose sin una regulación específica.
Como parte de los antecedentes, se mencionan investigaciones recientes como las operaciones Tokio y Muralla Oriental II, que expusieron vínculos entre actividades ilícitas, lavado de activos, uso de plataformas financieras, criptomonedas y redes de juego clandestino.
El informe advierte que este tipo de operaciones puede relacionarse con otros delitos, como contrabando, evasión tributaria, crimen organizado, explotación de personas e ingreso de menores de edad a plataformas de apuestas.
CRÍTICAS AL MARCO ACTUAL
El documento también cuestiona la Resolución Exenta N.º 69 del Servicio de Impuestos Internos (SII), que permite a plataformas extranjeras de apuestas registrarse para pagar Impuesto al Valor Agregado (IVA) en Chile.
Según el análisis, el cumplimiento de obligaciones tributarias no implica la legalización automática de estas actividades ni las incorpora al sistema de prevención del lavado de activos, ya que los sujetos obligados en esa materia están definidos por ley y no mediante resoluciones administrativas.
Asimismo, se plantea que el proyecto actualmente en tramitación en el Congreso debiera establecer un marco regulatorio integral que abarque a operadores, procesadores de pago, instituciones financieras, medios de comunicación, plataformas publicitarias, empresas de telecomunicaciones y mecanismos de bloqueo para operaciones ilegales.
El informe concluye que el país enfrenta la necesidad de definir una política pública que priorice la legalidad, la regulación y la fiscalización antes de ampliar la recaudación tributaria proveniente de este tipo de actividades. (NP-ChatGPT-Ex Ante)