La proximidad de la Cuenta Pública presidencial trajo de vuelta la discusión sobre la condonación del CAE, generando reacciones fuertes en la opinión pública y una notablemente descoordinada y errática respuesta del Gobierno. Los analistas políticos han observado que esto mostraría las contradicciones entre las llamadas “dos almas” del oficialismo (que parece obedecer a una división generacional más que de partidos). Para su discurso, así como para la próxima agenda legislativa, el Presidente Boric deberá decidir cuál de las dos visiones predomina en la agenda de educación superior.
Una de las dos almas parece ver en el financiamiento de la educación superior un problema ampliamente resuelto por la política de gratuidad del segundo Gobierno de la Presidenta Bachelet. Además, la condonación del CAE como tal le es incómoda, pues implica volver al discurso crítico de los “30 años”, y validar el lenguaje ácido, excéntrico y excesivo que caracteriza a sus socios. Tiene un gran argumento: hoy se invierte un volumen muy significativo de recursos en la política de gratuidad (casi dos mil millones de millones de pesos), y ante otras necesidades, no es razonable seguir gastando en educación superior.
Dicha visión también tiene importantes puntos ciegos: la gratuidad es una política deficitaria, que limita la autonomía de las instituciones y las somete al arbitrio de la Subsecretaría de Educación Superior. Esta última ha fijado los aranceles y las vacantes de las instituciones de gratuidad, ajustando a la baja ambos parámetros. Las universidades gratuitas del Cruch sobreviven sólo gracias a que el Congreso les ha permitido usar, de forma espuria y a espaldas de la ciudadanía, los excedentes del Fondo Solidario de Crédito Universitario para cubrir sus déficits.
Muy distinto es el caso del alma que empuja la condonación del CAE. Para ellos, este es un tema de enorme significado electoral, pues va al bolsillo de quienes marcharon el 2011, votaron por el Presidente y están insertos en el mercado laboral, pero no ocupan cargos gubernamentales. ¿Son parte del 30% fiel del Gobierno? No lo sé, pero es razonable hipotetizar que varios que han morigerado su lealtad y apoyo al Gobierno, pero volverían ante la condonación de sus deudas. Sin perjuicio de ello, el punto más importante es identitario: la condonación universal del CAE, la crítica afiebrada a Ricardo Lagos y a la tecnocracia, y la caza de brujas contra cualquier cosa que parezca mercado es lo que define la esencia a esta alma del Gobierno (hoy trata de maquillarse con la idea de “vivir bien”, pero eso nadie lo entiende). Sin cumplir la promesa que exorcizaría a ese enemigo común de los 30 años, estas fuerzas tienen el riesgo de dispersarse.
Al igual que sus socios, también tiene un punto relevante. El CAE fue creado en un contexto económico en el cual el Estado no contaba con la liquidez necesaria para financiar créditos directamente a los estudiantes, y por eso requirió de los bancos para otorgarlos. La fórmula permitió la expansión de la educación superior, pero hoy el Fisco paga mucho por una liquidez que no necesita. Esto es un consenso que atravesó los segundos gobiernos de Bachelet y Piñera (y a los cuales el FA se opuso tajantemente a las sendas soluciones que esos gobiernos propusieron para las deudas del CAE, pero eso es materia de otra historia): la intermediación de la banca no es conveniente hoy. Por otra parte, también es cierto que existe un grupo de deudores que desertaron de sus estudios y nunca estuvieron en condiciones de pagar el préstamo que se otorgó con el primer diseño del CAE (de tasa y cuota libre) y no pudieron adscribirse a los beneficios de las reformas que hiciera Piñera en su primera administración. Es evidente que se requiere analizar caso a caso y reprogramar esas deudas, no vale la pena engañarse.
Lamentablemente, sin importar qué alma triunfe, el pronóstico de la educación superior sigue siendo negativo. El debate del CAE finalmente distrae no sólo de las prioridades más urgentes en educación (calidad de la educación escolar y parvularia) sino de repensar la perniciosa y mal diseñada gratuidad. En su diseño actual, provocará el estancamiento en el desarrollo de las instituciones adscritas y el aumento en el control estatal mediante la fijación de precios y vacantes. No hay una fuerza política que esté dispuesta a enfrentar esta difícil realidad, que promueva no sólo la autonomía de las instituciones, sino una competencia justa entre ellas para la mejora de la calidad. Habrá que esperar a que aparezca otra “alma”. (El Líbero)
Daniel Rodríguez
Director Ejecutivo de Acción Educar
