Una disputa entre los principales herederos del Grupo Pullman Bus llegó a la justicia penal luego de que Rocío Farías Quevedo presentara una querella por presunta administración desleal reiterada contra su hermano, Luis Pedro Farías Quevedo, a quien atribuye un perjuicio patrimonial de al menos $173 mil millones.

La acción se encuentra radicada en la Fiscalía Centro Norte y apunta a la administración del grupo empresarial después de la muerte de su fundador, Pedro Farías Soto, ocurrida en agosto de 2021. De acuerdo con la querella, Luis Pedro Farías habría asumido de facto el control de las sociedades y adoptado decisiones estratégicas sin contrapesos, mientras su hermana habría sido marginada de la gestión pese a poseer el 50% de la propiedad heredada.

Entre los hechos denunciados figura la presunta paralización de juntas de accionistas y sesiones de directorio, situación que, según la presentación judicial, habría impedido a Rocío Farías acceder regularmente a información contable, financiera y tributaria de las empresas.

La querella sostiene además que las dificultades para obtener esos antecedentes se habrían mantenido pese a requerimientos formales y órdenes judiciales destinadas a conseguir la exhibición de documentación.

Otro de los principales capítulos de la acción judicial apunta a un supuesto traspaso o “vaciamiento” de activos y negocios hacia sociedades competidoras. La presentación menciona particularmente a Sociedad de Transportes Arzola Group Limitada, constituida en agosto de 2025 por una persona identificada como gerente de operaciones del holding y cercana al querellado.

Según la parte denunciante, esa sociedad desarrollaría actividades similares a las de la empresa familiar y habría sido utilizada para desviar contratos, rutas, clientes e información estratégica. Estas afirmaciones forman parte de las imputaciones contenidas en la querella y deberán ser corroboradas durante la investigación del Ministerio Público.

La abogada de Rocío Farías, Rebeca Zamora, señaló que la acción busca establecer la eventual responsabilidad penal de Luis Pedro Farías y de cualquier otra persona que pudiera haber intervenido en los hechos denunciados.

La presentación abre así una nueva dimensión en el conflicto por la administración y patrimonio de uno de los grupos históricos del transporte interurbano chileno. La cifra de $173 mil millones corresponde al perjuicio estimado por la parte querellante y no constituye, por ahora, un monto establecido judicialmente.

Será la investigación de la Fiscalía Centro Norte la encargada de determinar si los hechos denunciados configuran delitos y establecer las eventuales responsabilidades individuales. El querellado mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria. (NP-ChatGPT-ADN)