La decisión del Tribunal Supremo (TS) de la Democracia Cristiana (DC) de suspender la militancia del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle como medida cautelar —tras su reunión con el candidato opositor José Antonio Kast— ha provocado una fuerte controversia interna, con la disidencia a la directiva nacional acusando una aplicación «inconstitucional» de la sanción.
ACUSACIÓN DE INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO
Rodrigo Albornoz, presidente de la DC en la Región Metropolitana y representante de la disidencia, sostiene que la medida aplicada por el TS de forma directa y en primera instancia es inconstitucional.
Juez Natural: Albornoz argumenta que, conforme a la Ley de Partidos Políticos, los tribunales competentes para conocer en primera instancia cualquier denuncia disciplinaria son los tribunales regionales, que actúan como «juez natural».
Segunda Instancia: La ley establece que los tribunales supremos son de apelación o segunda instancia, no para conocer la denuncia directamente.
Precedente Jurídico: El abogado citó como antecedente el caso del expresidente nacional Fuad Chahin en 2022, donde la Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección, declarando inconstitucional la suspensión impuesta por el TS por haber sido juzgado por un tribunal incompetente.
El consejero nacional Nicolás Preuss complementó que la mesa de la DC actuó con una «imprudencia política» y con excesiva celeridad al suspender a Frei, existiendo jurisprudencia que indica que las resoluciones en primera instancia deben ser tomadas por los tribunales regionales.
DEFENSA DE LA SANCIÓN
En respuesta a la disidencia, otros militantes argumentan que, al no estar constituida la mayoría de los tribunales regionales, la competencia para resolver denuncias «sube» al Tribunal Supremo. Además, citan el artículo 69 del estatuto del partido, el cual establece que el TS es el encargado de «conocer y resolver las denuncias que se formulen contra aliados al partido… por actos de indisciplina o violatorios…».
Sin embargo, Albornoz insiste en que el fallo de la Corte de Apelaciones de 2023 sentó jurisprudencia que podría favorecer a Frei, al establecer que la sanción a un militante por un tribunal distinto al regional infringe las normas de procedimiento y el principio de juez natural.
REACCIONES EXTERNAS
Tanto la candidata oficialista como el abanderado opositor se refirieron a la sanción:
Jeannette Jara (PC): Mantuvo su postura de que el expresidente «está en su derecho» de reunirse con Kast y que la DC sigue trabajando unida.
José Antonio Kast (Republicano): Cuestionó la decisión de la DC de sancionar «una simple reunión», e incluso preguntó si el PS sancionaría a Michelle Bachelet si él solicitara una reunión con ella, destacando que Frei «no emitió un pronunciamiento respecto de cómo iba a votar». (NP-Gemini-La Tercera)
