Las cifras avalan lo anterior: actualmente, existen 53 universidades vigentes (con admisión de primer año), de las cuales 26 son privadas, creadas a partir del DFL 2 de 1980. Estas instituciones albergan a casi 400.000 estudiantes (de pregrado y posgrado), representando el 51% de la matrícula del subsistema universitario. La ley, además, no distingue entre universidades públicas o privadas en cuanto a su misión y contribución: todas están obligadas por igual a servir al bien público desde el quehacer universitario.
En este sentido, las universidades privadas deben aportar a la docencia de calidad, generación de conocimiento y vinculación con el medio, y deben someterse a la acreditación institucional y a todas las regulaciones correspondientes. Esto, sin embargo, parece no significar demasiado para las actuales autoridades del Ministerio de Educación, a la luz de sus últimas actuaciones.
En efecto, debe señalarse, en primer lugar, que en estos días se tramita el proyecto de ley de Financiamiento a la Educación Superior, más conocido como FES. Tal como se encuentra diseñado, este proyecto implicaría la prohibición del copago para la gran mayoría de los estudiantes que accedan a este beneficio, lo que supondría, según estimaciones, un menor financiamiento para las universidades privadas de entre $200.000 y $300.000 millones anuales, con el consecuente efecto negativo en calidad.
A pesar de las intenciones de “dialogar con todos los actores”, en su tramitación en la Cámara el Ejecutivo no ha dado muestra alguna de querer reformular seriamente el proyecto.
En segundo lugar, hace algunos días, la Subsecretaría de Educación Superior publicó los nuevos aranceles regulados, que rigen las transferencias que el Estado realiza a las instituciones de educación por cada alumno que estudia con gratuidad. Pues bien, dichos aranceles implican, en términos aproximados, menores ingresos para las universidades privadas estimados en $26.000 millones anuales.
Pero eso no es todo: según la información puesta a disposición por la propia Subsecretaría, los nuevos aranceles benefician a cierto tipo de universidades y perjudican a otras. Las cifras son decidoras: en el caso de las universidades “tradicionales”, los nuevos aranceles representarán, en promedio, un 107% del costo de impartir sus carreras, es decir, las transferencias del Estado permitirán más que cubrir los costos declarados por esas mismas instituciones. Lo anterior es sin perjuicio de los aportes basales que reciben solo esas universidades, que este año ascenderán a casi $500.000 millones. Sin embargo, en el caso de las universidades privadas, el porcentaje anterior alcanza apenas a un 92,9%.
Conviene detenerse en este punto, pues un esquema de financiamiento que fomenta la inequidad entre universidades tradicionales y privadas significa, en última instancia, una discriminación a los estudiantes que acceden a este tipo de universidades. Son finalmente ellos, los estudiantes, quienes resultan más afectados con una política discriminatoria como la señalada.
Considerando, entonces, todo lo anterior, cabe preguntarse si la autoridad realmente persigue la mejora del Sistema de Educación Superior, como debiera ser su rol, o si más bien busca afectar a las universidades privadas, generando una discriminación arbitraria hacia ellas y sus estudiantes. De paso, menosprecia el enorme aporte que estas realizan a nuestro sistema de educación superior, particularmente a través de la formación que han entregado a miles de jóvenes, muchos de ellos vulnerables, lo que les ha permitido cambiar sus vidas para bien, aportando a la movilidad social y al desarrollo de nuestro país. (El Mercurio)
Juan Eduardo Vargas
Rector Universidad Finis Terrae
