Como parte de la agenda legislativa en materia de seguridad, diputados de Renovación Nacional, junto a parlamentarios de otras bancadas, presentaron un proyecto de ley que propone crear un sistema de recompensas económicas para quienes entreguen información relevante que permita investigar, perseguir y desarticular organizaciones criminales.
La iniciativa faculta al Presidente de la República para establecer, mediante decreto supremo fundado, recompensas destinadas a personas que aporten antecedentes voluntarios, verificables y útiles para capturar prófugos, identificar integrantes de bandas delictuales, desarticular sus redes de financiamiento o incautar armas, bienes y otros elementos utilizados en la comisión de delitos.
Los impulsores del proyecto sostienen que la propuesta responde al avance del crimen organizado y a las dificultades que enfrentan las policías y el Ministerio Público para acceder a información sobre estructuras criminales que operan con amplios recursos económicos, capacidad de intimidación y redes de alcance nacional e internacional. En ese contexto, plantean que el objetivo es incentivar la colaboración ciudadana mediante un mecanismo excepcional que complemente la labor de persecución penal.
El proyecto establece que las recompensas solo podrán otorgarse cuando la información sea entregada de forma voluntaria y cumpla requisitos específicos, entre ellos que sea sustancial, veraz, precisa, comprobable, desconocida previamente por las autoridades y que contribuya de manera efectiva al desarrollo de una investigación.
La propuesta incorpora además una serie de resguardos para evitar abusos. Entre ellos contempla la protección de la identidad del informante y, cuando corresponda, de su grupo familiar; sanciones penales para quienes entreguen antecedentes falsos con el fin de obtener una recompensa; y excluye del beneficio a funcionarios públicos que conozcan la información por razón de su cargo, personas obligadas legalmente a denunciar, víctimas, querellantes, imputados y quienes hayan participado en los hechos investigados.
Los autores del proyecto señalan que la iniciativa recoge experiencias implementadas en países como Estados Unidos, México, Colombia, Reino Unido, Australia y Países Bajos, donde los sistemas de recompensas han sido utilizados para facilitar la captura de delincuentes de alta peligrosidad, localizar prófugos y obtener información clave para combatir organizaciones criminales.
El jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Schalper, afirmó que la propuesta forma parte de la estrategia impulsada por su colectividad para fortalecer las herramientas del Estado frente al crimen organizado y mejorar la capacidad para capturar prófugos y desarticular bandas delictuales.
En la misma línea, el diputado e integrante de la Comisión de Seguridad, Mauro González, sostuvo que el proyecto no reemplaza el trabajo del Ministerio Público ni de las policías, sino que incorpora un instrumento adicional para apoyar investigaciones complejas mediante la entrega de información verificable y protegida. Por su parte, el diputado Francisco Orrego destacó que la colaboración ciudadana, bajo adecuadas garantías de seguridad, puede transformarse en un elemento relevante para enfrentar la delincuencia y el narcotráfico. (NP-ChatGPT-Emol)