Los diputados Juan Santana (PS) y Luis Cuello (PC) presentaron este viernes un requerimiento ante la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre un eventual conflicto de interés que involucraría al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en el marco de la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional.

La acción se suma a una presentación anterior realizada por parlamentarios de oposición, quienes habían solicitado revisar los vínculos patrimoniales y profesionales de integrantes del gabinete relacionados con el proyecto impulsado por el Ejecutivo.

En esta oportunidad, los legisladores apuntan a la participación de Víctor Quiroz Castro, hermano del titular de Hacienda, en una empresa vinculada al desarrollo de proyectos inmobiliarios, sector que podría verse beneficiado por algunas de las medidas contempladas en la iniciativa legal.

Según los antecedentes expuestos por los parlamentarios, el familiar del ministro integra una firma de arquitectura que mantiene relaciones comerciales con constructoras e inmobiliarias, situación que, a juicio de los requirentes, amerita una revisión por parte del organismo contralor.

El diputado Juan Santana sostuvo que corresponde esclarecer si la relación familiar puede generar incompatibilidades durante la discusión legislativa del proyecto. Asimismo, llamó al secretario de Estado a transparentar los antecedentes relacionados con el caso.

Por su parte, Luis Cuello afirmó que será la Contraloría la encargada de determinar si existe una eventual infracción a las normas sobre probidad y conflictos de interés, planteando además que el ministro debiera abstenerse de liderar la tramitación de la iniciativa mientras se resuelve la controversia.

Desde el Gobierno, en tanto, rechazaron los cuestionamientos. El ministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, defendió la actuación del titular de Hacienda y señaló que los parlamentarios tienen pleno derecho a recurrir a los organismos fiscalizadores cuando lo estimen pertinente.

Alvarado sostuvo que la normativa obliga a informar los vínculos familiares directos en las declaraciones de patrimonio e intereses y manifestó su convicción de que dichos antecedentes se encuentran debidamente consignados. Asimismo, cuestionó los intentos de vincular actividades profesionales de familiares con eventuales conflictos de interés de las autoridades.

El secretario de Estado agregó que corresponde a la Contraloría pronunciarse sobre la materia y determinar si existen fundamentos para las dudas planteadas por los parlamentarios.

La controversia surge en medio del debate político que rodea la Ley de Reconstrucción Nacional, una de las principales iniciativas económicas impulsadas por el Gobierno y que continúa generando diferencias entre oficialismo y oposición. (NP-ChatGPT-Emol)