La realización de una ceremonia mapuche al interior del Hospital Base de Valdivia para Carlos Cancino Tapia, alias “El Rana”, imputado por los homicidios de los carabineros Eugenio Naín y Marcos Cosme, generó una serie de críticas desde distintos sectores políticos. Tras conocerse los hechos, Gendarmería anunció la apertura de un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades y establecer si se cumplieron los protocolos de seguridad.
Según los antecedentes, el imputado, quien permanecía hospitalizado por motivos de salud, habría recibido el 17 de julio la visita de cuatro personas que participaron en un nguillatún, situación que abrió un debate sobre los controles aplicados a internos considerados de alta peligrosidad.
Desde el oficialismo y el Socialismo Democrático, parlamentarios coincidieron en que corresponde esclarecer lo ocurrido y sancionar cualquier incumplimiento de las normas internas. El diputado José Montalva (PPD) sostuvo que el caso evidencia posibles fallas en los protocolos y planteó la necesidad de establecer un régimen especial para personas imputadas o condenadas por delitos de alta peligrosidad.
En la misma línea, el diputado Marcos Ilabaca (PS) afirmó que no correspondía autorizar una actividad de esas características para un imputado por homicidio, mientras que otros legisladores recalcaron que Gendarmería debe entregar explicaciones y asumir las responsabilidades que determine la investigación administrativa.
Desde la oposición también surgieron cuestionamientos. La diputada Javiera Rodríguez (Partido Republicano) calificó la situación como una señal equivocada frente a delitos de extrema gravedad y pidió que el sumario concluya con rapidez. En tanto, la diputada Flor Contreras (PDG) sostuvo que, si bien deben respetarse los derechos de las personas en prisión preventiva, estos no pueden traducirse en flexibilizar las medidas de seguridad establecidas para imputados de alta peligrosidad.
A las críticas se sumaron los diputados Marlene Pérez (IND-UDI), Tomás Kast (Evópoli), Germán Verdugo (PNL) y Roberto Arroyo (IND), quienes coincidieron en la necesidad de revisar los protocolos aplicados por Gendarmería, determinar eventuales responsabilidades y reforzar las medidas de control para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.