Un grupo de diputados del Frente Amplio (FA) presentó este miércoles una propuesta legislativa destinada a flexibilizar los mecanismos de cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE), en medio de críticas al proceso de recuperación de deudas impulsado por el Gobierno.

La iniciativa, calificada por sus autores como una medida “paliativa” y no definitiva, fue entregada al Ministerio de Educación y plantea modificar la Ley 20.027. En específico, propone incorporar criterios que la Tesorería General de la República (TGR) deberá considerar al momento de ofrecer convenios de pago, incluyendo la capacidad económica de los deudores.

En una carta dirigida a la ministra de Educación, María Paz Arzola, los parlamentarios señalaron que el avance del proyecto dependerá del respaldo del Ejecutivo, con miras a lograr un acuerdo transversal frente a una problemática que afecta a miles de familias.

Desde el FA, la diputada Emilia Schneider cuestionó la estrategia del Gobierno, acusando que se responsabiliza a los deudores por la morosidad, cuando —a su juicio— el problema radica en una política pública fallida. En esa línea, insistió en la necesidad de avanzar hacia una solución estructural que implique el fin del CAE y su reemplazo por un nuevo sistema de financiamiento.

Por su parte, la diputada Gael Yeomans advirtió sobre casos de embargo a personas que no cuentan con ingresos suficientes para enfrentar la deuda. En ese contexto, planteó que quienes perciban menos de $1,5 millones mensuales queden excluidos de estas medidas, mientras que para tramos superiores se evalúe tanto el ingreso como los gastos para determinar su capacidad real de pago.

Asimismo, la diputada Constanza Schonhaut subrayó que la mayoría de los deudores percibe ingresos bajos, señalando que más del 70% gana menos de $750 mil mensuales, mientras que solo un pequeño porcentaje supera los $5 millones. A su juicio, aplicar criterios uniformes de cobro afecta desproporcionadamente a familias que ya enfrentan dificultades económicas.

El proyecto surge semanas después de que el Ejecutivo anunciara la reactivación del cobro del CAE, enfocándose en deudores con ingresos superiores a $1,5 millones. En paralelo, la TGR inició procesos de embargo y retención de bienes a quienes registran ingresos por sobre los $5 millones mensuales. (NP-ChatGPT-Emol)