Las diputadas republicanas Catalina del Real y Macarena Santelices anunciaron un proyecto de ley para prohibir los dispensarios comunitarios de cannabis y establecer mayores controles sobre los cultivos destinados a fines medicinales.

La iniciativa surge tras el operativo policial “Imperio de Ámsterdam”, que contempló 42 allanamientos y dejó 38 detenidos en el marco de una investigación por presunto tráfico de marihuana. El procedimiento, desarrollado por Carabineros y la Fiscalía en distintas regiones, incluyó diligencias en dependencias de Dispensario Nacional Medcorp, en Providencia.

Las parlamentarias, integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, plantearon que la cantidad de cannabis cultivada deberá mantener una relación estricta y vinculante con las dosis indicadas en las respectivas recetas médicas.

Según las legisladoras, el objetivo es impedir que las autorizaciones para cultivos medicinales y las prescripciones sean utilizadas para justificar plantaciones de mayor volumen cuyos excedentes puedan terminar en el mercado ilegal.

Del Real sostuvo que organizaciones dedicadas al narcotráfico estarían aprovechando vacíos legales vinculados al uso medicinal del cannabis para desarrollar actividades ilícitas. A su juicio, un eventual sistema de acceso con fines terapéuticos debería funcionar exclusivamente mediante un modelo clínico, con farmacias establecidas y recetas retenidas.

La diputada también se manifestó contraria a flexibilizar las normas para permitir dispensarios o clubes comunitarios y planteó la necesidad de aumentar las herramientas disponibles para las policías y fortalecer las sanciones contra quienes utilicen el sistema medicinal para encubrir actividades de narcotráfico.

Santelices, en tanto, afirmó que las organizaciones criminales pueden aprovechar las normas sobre consumo medicinal para generar ganancias y lavar activos. La parlamentaria llamó a aplicar con rigor la Ley 20.000, endurecer las sanciones relacionadas con asociaciones ilícitas y fortalecer la persecución del patrimonio de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

El proyecto establece que cualquier diferencia entre el volumen autorizado mediante una prescripción médica y la cantidad efectivamente cultivada podría implicar la pérdida de la protección legal asociada al uso medicinal.

En esos casos, según la propuesta, podrían iniciarse investigaciones penales para determinar la existencia de un eventual delito de tráfico de drogas.

Las parlamentarias sostienen que, si se mantiene el uso medicinal del cannabis, este debe operar bajo un sistema clínico controlado que permita fiscalizar las prescripciones, las cantidades cultivadas y el destino de la producción.

GAZMURI: PROHIBIR USO LÍCITO LLEVA A CONSUMIDORES A MANOS DEL NARCO

La diputada Ana María Gazmuri (AH) calificó como una “anécdota” su aparición en antecedentes filtrados de una investigación relacionada con una presunta red de tráfico de drogas, en la que también fueron mencionados otros parlamentarios.

La legisladora sostuvo que las diligencias corresponden a la investigación de un caso específico y descartó que exista una persecución general contra los dispensarios de cannabis.

Gazmuri cuestionó además a la administración anterior por la falta de un reglamento que estableciera mayores precisiones respecto del consumo lícito. En ese contexto, aseguró que durante los últimos meses ha observado cambios en la actuación de las policías y un mayor conocimiento de la legislación vigente.

La parlamentaria valoró los avances registrados en esta materia y advirtió sobre las consecuencias que, a su juicio, puede generar la persecución de personas que utilizan cannabis dentro de los márgenes permitidos por la normativa.

Gazmuri sostuvo que restringir el acceso de pacientes a mecanismos lícitos de consumo puede terminar favoreciendo al narcotráfico, al obligarlos a recurrir al mercado ilegal para obtener cannabis. (NP-ChatGPT-Bio Bio-Cooperativa)