Parlamentarias del Partido de la Gente (PDG), Partido Republicano y Partido Cristiano de Chile (PCC) cuestionaron a la exministra Antonia Orellana a raíz de la controversia generada por una auditoría del Gobierno que detectó irregularidades en la construcción y habilitación de las nuevas oficinas del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

Las diputadas Flor Contreras, Tamara Ramírez y Lilian Betancourt, del PDG; Catalina Del Real y Macarena Santelices, del Partido Republicano, y Francesca Muñoz, del PCC, coincidieron en que el caso debe ser esclarecido mediante la revisión de los antecedentes financieros, auditorías y documentos técnicos, con el propósito de establecer si existió un eventual perjuicio fiscal.

La controversia surgió luego de conocerse los resultados de una auditoría sobre las obras iniciadas durante la administración anterior. Orellana cuestionó las conclusiones del informe y sostuvo que el eventual sobrecosto de los trabajos no habría superado el 5%.

La diputada Flor Contreras afirmó que, ante la gravedad de los cuestionamientos, la discusión no puede limitarse a un intercambio de declaraciones entre las partes. A su juicio, corresponde establecer lo ocurrido mediante cifras, antecedentes técnicos y documentación que permita determinar con precisión el uso de los recursos públicos.

Contreras agregó que el escenario fiscal del país obliga a extremar los resguardos sobre el gasto estatal y sostuvo que cada recurso público adquiere especial relevancia en un contexto de déficit fiscal.

Su compañera de bancada Tamara Ramírez llamó a transparentar todos los antecedentes relacionados con las obras y solicitó disponer de las auditorías necesarias para contrastar las distintas cifras que han sido entregadas sobre el caso.

Ramírez señaló que la ciudadanía requiere claridad respecto del uso de los recursos del Estado y planteó que ambas partes deben entregar los documentos y respaldos correspondientes para realizar una comparación objetiva. Añadió que cualquier eventual sobrecosto debe ser investigado hasta determinar completamente lo ocurrido.

La diputada Lilian Betancourt manifestó que la bancada del PDG mantendrá una posición sustentada en antecedentes técnicos y financieros. Según indicó, la diferencia respecto de los porcentajes involucrados debe resolverse mediante la exhibición de los documentos y respaldos económicos correspondientes.

Betancourt también vinculó la controversia con la situación fiscal del país y sostuvo que los recursos públicos deben ser especialmente resguardados, debido a que pertenecen al conjunto de los ciudadanos.

Desde el Partido Republicano, Catalina Del Real y Macarena Santelices enfatizaron la necesidad de proteger los fondos fiscales y establecer eventuales responsabilidades en caso de comprobarse irregularidades.

Del Real cuestionó que un posible sobrecosto pueda ser relativizado y afirmó que los recursos estatales deben administrarse rigurosamente, especialmente considerando las dificultades económicas que enfrentan numerosas familias.

Santelices, por su parte, sostuvo que la Cámara de Diputadas y Diputados debe utilizar sus facultades fiscalizadoras para esclarecer los antecedentes. La parlamentaria afirmó que, independientemente del porcentaje que represente un eventual sobrecosto, los recursos de los contribuyentes no deben ser destinados a gastos injustificados ni a obras que posteriormente sean objeto de cuestionamientos.

La diputada republicana agregó que, si las investigaciones establecen la existencia de negligencias o faltas a la probidad, deberán determinarse las responsabilidades correspondientes.

Francesca Muñoz, del Partido Cristiano de Chile, recordó que las obras cuestionadas fueron ejecutadas durante la administración anterior y valoró que los antecedentes hayan sido remitidos a los organismos encargados de investigar y fiscalizar este tipo de situaciones.

Muñoz sostuvo que los fondos públicos deben utilizarse de manera eficiente, particularmente considerando las necesidades de mujeres que requieren apoyo estatal. Asimismo, destacó que el Ministerio de la Mujer haya enviado los antecedentes a la Contraloría General de la República, al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.

La parlamentaria señaló que las exautoridades tienen derecho a entregar su versión sobre lo ocurrido, pero recalcó que corresponderá a los organismos competentes determinar, sobre la base de los antecedentes disponibles, si existen responsabilidades administrativas, civiles o penales. (NP-ChatGPT-Emol)