La diputada republicana Javiera Rodríguez criticó públicamente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile luego de que la institución emitiera una declaración sobre los incidentes registrados durante una actividad en la que participó el viernes pasado. La parlamentaria acusó que el pronunciamiento universitario relativizó los hechos de violencia que denunció tras el encuentro.
A través de redes sociales, Rodríguez sostuvo que durante la jornada fue objeto de gritos, insultos, pifias y otras manifestaciones hostiles tanto durante como después de su exposición. Además, cuestionó las medidas de seguridad dispuestas para la actividad y pidió una condena categórica a cualquier forma de violencia política.
La reacción de la legisladora se produjo luego de que el director de la Escuela de Derecho, Miguel González, aclarara que la actividad se desarrolló con normalidad durante aproximadamente una hora y media, señalando que las manifestaciones ocurrieron una vez finalizado el encuentro. Según la versión entregada por la facultad, funcionarios del plantel acompañaron a la diputada durante toda su permanencia en el recinto para resguardar su seguridad.
En el mismo comunicado, la casa de estudios rechazó el uso de la violencia como herramienta de acción política y aseguró que cualquier conducta inapropiada registrada durante la manifestación será investigada. No obstante, también manifestó su desacuerdo con eventuales acciones de provocación y con interpretaciones que, a su juicio, puedan distorsionar lo ocurrido.
Rodríguez ha sostenido que fue víctima de agresiones que incluyeron empujones, lanzamiento de agua, insultos y otros actos intimidatorios. La parlamentaria reiteró que continuará participando en actividades públicas y defendiendo sus posiciones políticas, afirmando que no será amedrentada por este tipo de situaciones.
El episodio generó reacciones en distintos sectores políticos. Tanto el Partido Republicano como el Presidente José Antonio Kast y la ministra Judith Marín manifestaron su rechazo a los hechos denunciados y expresaron respaldo a la legisladora.
La controversia reabrió el debate sobre la convivencia política en espacios universitarios, la libertad de expresión y los mecanismos para garantizar el desarrollo seguro de actividades académicas y de discusión pública. (NP-ChatGPT-Emol)