La diputada de Revolución Democrática (RD) Catalina Pérez pidió al Gobierno dar prioridad al envío de un proyecto de ley sobre polimetales que rija para todo el país, debido a los múltiples episodios de contaminación que han afectado distintas zonas de norte a sur.
La parlamentaria explicó que hace unos meses fue ingresado en la Cámara de Diputados un proyecto de resolución que solicita al Presidente de la República la presentación de la iniciativa legal, moción que se encuentra en tabla para ser discutida y votada durante la próxima semana.
“Creemos que la proliferación de crisis medioambientales son expresión de la necesidad de legislar estableciendo medidas reparatorias para todas las personas que residan en comunas que presenten altos índices de contaminación como consecuencia de la actividad minera, es decir, con presencia de metales pesados”, enfatizó la diputada Pérez.
Si bien actualmente hay un modelo de esta ley en Arica, para la legisladora de RD es urgente que esta solicitud sea acogida por el Gobierno con alcance nacional.
“Si hoy la agenda ambiental se ha tomado el centro del debate en lo institucional y en la ciudadanía, ha sido porque el programa económico del Gobierno de Sebastián Piñera tiene aquí su flanco más débil, pues lamentablemente está disponible a poner en concesión la salud de las personas y de los territorios como moneda de cambio de un mal entendido desarrollo”, criticó la parlamentaria.
“Eso lo vivimos en comunas como Quintero y Puchuncaví, pero también a lo largo de todo el país, en comunas como Mejillones, Tocopilla y Calama en la Región de Antofagasta, que vienen sufriendo hace muchísimos años las consecuencias de ser una zona de sacrificio disponible para ser cedida a cambio del ingreso de determinados proyectos de inversión que no tienen una mirada a largo plazo del desarrollo que hoy buscamos para nuestras regiones y para nuestro país”, sostuvo la diputada.
“Solicitamos al Presidente que ingrese una ley de polimetales para que podamos generar procesos de mitigación en aquellas zonas que ya se encuentran contaminadas y donde el Estado no supo o quiso llegar a tiempo. Lo mínimo que podemos exigir es este piso de reparación ante la negligencia”, recalcó Pérez. (La Nación)
