Una intensa controversia política se desató tras la decisión de la Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda de catalogar las dietas, gastos de oficina y personal de los expresidentes de la República como «ley permanente». Esta medida, que blinda los beneficios a largo plazo y los sustrae del debate presupuestario anual, fue calificada por la oposición como un «blindaje» diseñado para asegurar los recursos del presidente Gabriel Boric una vez que concluya su mandato.
SEGURIDAD FINANCIERA PARA BORIC
El punto central del conflicto es la glosa incluida en el proyecto de la Ley de Presupuesto 2026, que consigna un saldo total de $830 millones para los exmandatarios, lo que representa un aumento de $151 millones respecto al fondo asignado en 2025.
Específicamente en el apartado del Senado, se precisa que estos $830 millones están destinados a las asignaciones de los tres expresidentes actuales (Piñera, Bachelet y Lagos), e «incluye recursos para el financiamiento por 9 meses del presidente Boric, una vez concluido su periodo presidencial». La figura de «ley permanente» implica que el monto que cada exjefe de Estado recibirá, incluyendo a Boric, quedaría congelado y no podría ser rechazado sin una impugnación legislativa.
BLOQUEO TOTAL DEL PRESUPUESTO
La decisión ha generado un amplio rechazo en todo el espectro opositor, que ha elevado la advertencia a un ultimátum. El diputado Andrés Longton (RN), en representación de Chile Vamos (ChV), anunció que el bloque está dispuesto a rechazar el Presupuesto 2026 en su totalidad si el Gobierno mantiene esta glosa.
Longton calificó el hecho como un «debate moral» y no contable, criticando duramente que un expresidente de 40 años «en perfectas condiciones de trabajar, reciba $151 millones adicionales financiados por todos los chilenos». El parlamentario advirtió que la oposición no validará este privilegio: «O se corrige esta glosa, o el Ejecutivo se queda sin presupuesto», enfatizó.
Desde Republicanos, la diputada Sofía Cid se sumó al cuestionamiento, calificando de «inaceptable» que se destinen $151 millones para blindar los beneficios de Boric, sobre todo en un escenario donde 28 programas sociales quedan con presupuesto cero por bajo desempeño. Por su parte, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) lamentó que exista disponibilidad de recursos para «presidentes, para sus amigos, para sus fundaciones», pero que «siempre falta la plata» para resolver los problemas reales de la gente, como la seguridad, salud y pensiones.
UDI: GOBIERNO ADMITE ERROR
El diputado Jorge Alessandri (UDI) sostuvo que la decisión de la Dipres demuestra que la bancada tenía razón al exigir la eliminación de las asignaciones de los expresidentes, argumentando que «no había una ley que los respaldara». Al incluirlo ahora en la Ley de Presupuesto 2026, el Gobierno estaría «admitiendo un error» en la forma en que se pagaban estos beneficios anteriormente.
Alessandri indicó que su bancada volverá a impulsar la indicación para que el pago de la dieta de expresidente sea efectivo a partir de los 65 años, y no al dejar el cargo, señalando que esta es la oportunidad para «corregir, eliminar las asignaciones y subir la edad a 65 años para recibirla». La discusión de la Ley de Presupuesto se anticipa como un campo de batalla clave para la oposición, que busca revertir la decisión de la Dipres. (NP-Gemini-Bio Bio)
