La Dirección de Presupuestos salió al paso de la polémica por la decisión del Poder Judicial de renovar los autos que usan los ministros de la Corte Suprema.
La opción que vieron son unos Lexus, avaluados en más de $50 millones cada uno. Ante esto, la Dipres informó que «la Ley de Presupuestos 2024 aprobada por el Congreso no incluye recursos asignados para la adquisición ni renovación de vehículos para el Poder Judicial. Si bien se solicitaron recursos para aquello, estos no fueron incluidos en la propuesta enviada al Congreso por parte del Ejecutivo».
Agrega que «asimismo, el Ministerio de Hacienda no ha realizado ninguna modificación presupuestaria al respecto«.
Además, la Dipres apunta que «sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer presente que en el sector público la compra de vehículos está sujeta a montos máximos, los cuales quedan establecidos en el instructivo dictado por Dipres y el Ministerio de Hacienda para la ejecución de la Ley de Presupuestos 2024 (oficio circular N°1 del 1 de febrero de 2024: Instrucciones específicas para la ejecución de la Ley de Presupuestos)».
El comunicado cierra con que «el Poder Judicial es autónomo en la ejecución de su presupuesto, por lo tanto, no requiere la autorización en los casos en que tenga recursos asignados según la Ley de Presupuestos vigente».
Horas antes ya se había referido a esta polémica el ministro de Hacienda, Mario Marcel. «Lo que ha sido conocido en estos días es una decisión autónoma del Poder Judicial y de la corporación administrativa. Yo en mi caso tengo un vehículo del 2015 con 260 mil kilómetros recorridos y todavía funciona bien», sostuvo el secretario de Estado.
Y desde la misma Suprema señalaron este martes que «es oportuno aclarar que el acuerdo sobre el particular fue adoptado luego de un procedimiento de evaluación iniciado con anterioridad por la Corporación Administrativa del Poder Judicial».
«Este proceso no ha culminado, por lo que aún no se han ejecutado los recursos fiscales que el Ministerio de Hacienda ha dispuesto para este preciso fin», sentenciaron.
EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el presidente de la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales (OTJ), Marcelo Acevedo, calificó como “fuera de lugar” esta compra de parte de la Corte Suprema, dado que la propia judicatura “siempre ha tenido un rol austero y siempre ha tenido un norte de cuidar y preservar los recursos públicos”.
Asimismo, entregó detalles sobre las múltiples necesidades que enfrentan los trabajadores del Poder Judicial. “Hay tribunales que son muy chiquitos, que no tienen ni siquiera funcionarios de reemplazo si alguno cae enfermo y la Corporación -que es el ente que que administra los recursos- no establece los reemplazos necesarios porque no hay recursos, no porque no quiera”, especificó.
“Tenemos también once casos en Valparaíso afectados por los incendios, que se le quemaron sus casas. Tenemos también juzgados civiles que hace una o dos semanas la Corte de Apelaciones tuvo que enviar los funcionarios con teletrabajo, porque la climatización del edificio no dio abasto y con las altas temperaturas era un horno adentro”, añadió.
A juicio del dirigente “es un poco contradictorio el momento del país y el nivel de problemas que tiene el Poder Judicial con esta compra para solo 22 personas ser beneficiadas”.
Con todo, dijo desconocer si la Corporación “tiene un convenio con Toyota o tiene un compromiso de compra con ellos, porque si no están los autos yo creo que lo más lógico es que se llame a licitación de las marcas de vehículos que hay en Chile y efectivamente se proporcione un vehículo con los estándares necesarios de comodidad y transporte, pero no con uno casi de lujo”.
Por lo mismo, Acevedo confirmó que como organización harán una petición formal a la Corte Suprema para desistir en la adquisición de estos autos “y se compren unos vehículos como dice la declaración pública que cumpla los estándares, pero que no sea de alta gama”. (Emol-U. de Chile)
